María es una madre cabeza de familia que trabaja como mensajera en una empresa, hace algunas semanas fue capturada por la Fiscalía sindicada de varios delitos entre ellos concierto para delinquir. Su falta fue haber servido de correo para llevar documentos falsos que eran utilizados en la embajada de los Estados Unidos para solicitar visas.
María nunca supo que transportaba documentos falsos y mucho menos que integraba una empresa criminal, sin embargo, la Fiscalía la privó de la libertad imputándole semejante delito en desarrollo de una estrategia mediante la cual buscaba lograr que se convirtiera en testigo de la Fiscalía, es decir, para que declara en contra de la persona para la cual trabajaba.
María era inocente, pero para la habilidosa Fiscal, era un instrumento para lograr una sentencia condenatoria. María solamente tenía que repetir la lección que en su oportunidad le dictó el Policía judicial que la entrevistó en varias ocasiones sin la presencia de su abogado: “diga que lo hizo por necesidad y que su jefe era el jefe de la banda”. La mujer prefirió someterse a los designios de la justicia antes cometer falso testimonio.
Con la implementación del sistema penal acusatorio los Fiscales y Policías Judiciales fueron convencidos que a partir de ahora iban a ser calificados por los casos que ganaran. Recuerdo que en una de las capacitaciones a las que asistí, siendo fiscal, un gringo repetía hasta la fatiga “mí tiene un problema sino ganar el caso pueden sacarme de fiscalía, mí tiene un problema, mí tiene que ganar los casos”. Muchos fiscales entendieron perfectamente: en adelante había que competir para ganar los casos y en el mismo sentido, otros más, quedaron convencidos que tenían que ganar como fuera.
A partir de entonces lo importante no es la justicia, ni el establecimiento de la verdad procesal; surgió como supremo valor: ganar. En ese propósito todo vale: el abuso, la violación de los términos y las garantías procesales, inflar las imputaciones para evitar que las personas obtengan la libertad, mentir sobre la existencia de pruebas e informes, amenazar e intimidar a los testigos de la defensa, esconder evidencias, amedrentar a los jueces con eventuales investigaciones si no aceptan la postura de la fiscalía, valerse de falsos testigos, dilatar los procesos, etc.
La búsqueda de justicia que animaba a la Fiscalía en sus primeros años quedó relegada por ánimo revanchista de los Fiscales y la utilización de la acción penal con fines políticos e ideológicos. La Fiscalía perdió el rumbo y ahora es una institución desbocada que atropella por igual a justos y pecadores, a buenos y malos, a ricos y pobres, a culpables e inocentes. El fiscal Montealegre lo reconoció al inicio de su gestión, pero en lugar de domeñar al potro lo puso a su servicio.
En la medida en que crece la Fiscalía crecen el abuso y las injusticias. Nadie, absolutamente nadie, en este país puede sentirse seguro. Todos estamos en peligro de perder la libertad. Basta que un criminal de poca monta o un asesino serial con remoquete de paramilitar o guerrillero lance su dedo acusador para que un inocente termine en la cárcel.
Si para colmo de males de trata de una figura pública o un político, la Fiscalía se encarga de destruir su prestigio antes que el asunto llegue a conocimiento de los jueces, cada vez más asustados y menos independientes.
Si la Fiscalía lo declara objetivo judicial más vale que busque asilo en otro planeta. De nada sirve que ejerza una defensa audaz y desvirtúe las imputaciones. El derecho que imperaba en la Fiscalía se fue de paseo y no ha regresado. Ocupan su lugar las vías de hecho, la ausencia de rigor jurídico y los montajes.
Para la Fiscalía todo es cuestión de estrategia y las personas judicializadas meros instrumentos de oscuros propósitos. Me temo que se han abierto las puertas de la peor dictadura: la dictadura de los fiscales.
