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La comisión de la verdad

Se acerca la hora de la verdad para el proceso de paz. En poco tiempo sabremos los colombianos si valió la pena tanto esfuerzo. El punto de quiebre para avanzar hacia la firma de la paz será la entrega de armas, porque damos por descontado que las partes ya encontraron la fórmula jurídica que impedirá […]

La comisión de la verdad

Se acerca la hora de la verdad para el proceso de paz. En poco tiempo sabremos los colombianos si valió la pena tanto esfuerzo. El punto de quiebre para avanzar hacia la firma de la paz será la entrega de armas, porque damos por descontado que las partes ya encontraron la fórmula jurídica que impedirá […]

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Se acerca la hora de la verdad para el proceso de paz. En poco tiempo sabremos los colombianos si valió la pena tanto esfuerzo. El punto de quiebre para avanzar hacia la firma de la paz será la entrega de armas, porque damos por descontado que las partes ya encontraron la fórmula jurídica que impedirá que los miembros de las FARC paguen con cárcel los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron durante el conflicto armado.

Las FARC han dicho que no entregaran las armas sino que harán dejación de las mismas, es decir, que las tendrán en su poder como prenda de garantía de que el gobierno cumplirá con lo pactado. Por más argumentos que ofrezca la guerrilla para demostrar que en otras ocasiones los guerrilleros fueron objeto de persecución y exterminio después de la firma de acuerdos de paz con el gobierno, tal y como ocurrió con los dirigentes de las guerrillas liberales y más recientemente con algunos líderes del M19, EPL y el QUINTIN LAME, y que existen sectores de extrema derecha ávidos de venganza, el país no aceptará bajo ninguna circunstancia una paz armada.

Es probable que el asunto se resuelva permitiendo que la guerrilla entregue las armas al grupo de países garantes, para evitar la humillación que  implicaría a los curtidos combatientes de la insurgencia hacer dicha entrega al ejército nacional. Como sea el problema de las armas tendrá que resolverse con absoluta claridad o no habrá paz.

En cuanto a la justicia, un sector de la sociedad clama que se imponga algún tipo de sanción efectiva a los guerrilleros, especialmente a los máximos responsables. La guerrilla habilidosamente ha dicho que sí de mandar a la cárcel a los máximos responsables se trata, irían encantados, junto con los máximos responsables de las atrocidades cometidas a nombre del Estado.

La tesis de todos en la cama o todos en el suelo ha puesto a pensar incluso a los más radicales, porque no cabe duda que en esta guerra se han cometido excesos de parte y parte y así diga el Procurador que los guerrilleros no se pueden equiparar a las personas de bien, es absurdo calificar como buenos ciudadanos, buenos empresarios, buenos militares o buenos gobernantes a quienes patrocinaron masacres, desapariciones y torturas de supuestos colaboradores de la guerrilla. Ni que hablar de los cerebros de los falsos positivos.

La guerrilla tiene razón cuando exige igual tratamiento para todos los sujetos involucrados en el conflicto armado y así lo entiende el gobierno. Por ese motivo en lugar de guerrilleros presos tendremos una comisión de la verdad.

La comisión de la verdad será un verdadero sucedáneo de la justicia retributiva siempre y cuando tenga previsto un horizonte claro respecto al tipo de verdad que se exigirá a los desmovilizados y los mecanismos que habrá de crearse para recaudar la información. Bajo ningún motivo podrán repetirse los errores cometidos en la jurisdicción de Justicia y Paz, creada para la desmovilización de los grupos paramilitares. En ese escenario los paramilitares aún siguen rindiendo versiones libres, solo que ahora en lugar de colaborar con la justicia y honrar su compromiso con la verdad están dedicados a señalar a personas inocentes que se negaron a pagar extorsiones. Los fiscales de Justicia y Paz terminaron bajo el control de los paramilitares, los hechos así lo demuestran.

La comisión de la verdad deberá funcionar como un órgano independiente del gobierno y las Farc. Contrario a lo que sucedió en Justicia y Paz las víctimas no pueden ser convidadas de piedra, meros testigos de las verdad que los ofensores quisieron exponer, ni destinatarios de las limosnas que ofrecen a manera de reparación. La comisión tendrá que escuchar primero, de viva voz,  a las víctimas y a partir de sus reclamos iniciar el proceso de esclarecimiento de la verdad con los desmovilizados. Si queremos empezar a sanar las heridas causadas por el conflicto debemos exigir que las víctimas sean el centro de atención y no los ofensores. Estos tendrán que limitarse a  dar las respuestas, pedir perdón y reparar el daño a las víctimas.  De lo contrario la comisión correría el riesgo de convertirse en una mera tribuna de los desmovilizados para justificar sus acciones.

La principal tarea que tendrá la comisión de la verdad es lograr que los colombianos entendamos que fue necesaria la impunidad para alcanzar la paz.

 

 

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Cali-Jamundí: mala planificación vial en la ciudad

El concejal de Cali, Roberto Ortiz denunció la mala planificación durante la construcción de la vía Cali- Jamundí.

El concejal de Cali, Roberto Ortiz denunció la mala planificación durante la construcción de la vía Cali- Jamundí.

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"Vía ampliada y arreglada presenta ondulaciones notorias en el pavimento y el adefesio que piensan dejar", dice el concejal Roberto Ortiz en su columna de opinión de hoy e 90 Minutos sobre las obras de la vía Cali-Jamundí.

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Asegura que en las obras de ampliación de la vía Cali-Jamundí, se contempló inicialmente un túnel peatonal, "lo quitaron, se les ocurrió semáforos y no resultó. Hacer un puente incluyente es la solución", mira el video y comenta si compartes o no la opinión de nuestro columnista del día. (VER VIDEO)

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Los desafíos para Colombia en el 2022

Los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político en el año 2022.

Los desafíos para Colombia en el 2022
Especial para 90minutos.co

Los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político en el año 2022.

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Con la pandemia sin superar y los problemas económicos y sociales que ha profundizado, el 2022 se plantea para los colombianos como un año de grandes retos. Basta con decir que, en el mundo, el Covid 19 viene cobrando la vida de más de 50.000 personas por semana y que en lo corrido del 2021 más de 3,3 millones de personas perdieron la vida a causa del virus, más muertes que por el VIH, la malaria y la tuberculosis juntas en 2020.

Si bien desde el Gobierno se ha hecho un buen manejo de la crisis sanitaria y se avanza en el proceso de vacunación, un factor clave para superar la pandemia, los colombianos nos enfrentamos a múltiples desafíos de orden económico, social y político.

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Uno de ellos es la necesidad de hacer una reforma estructural a la salud en donde se priorice la salud pública y la atención primaria, para que haya una atención integral continua y sin barreras donde el centro del sistema sea el paciente. En ese sentido, es necesario eliminar la posición dominante de las EPS respecto a los otros actores del sistema, para que por medio de redes integrales de servicios se logre una atención con oportunidad y calidad.

De otra parte, aunque el país registró en el año que termina un buen comportamiento en la reactivación económica, es necesario desarrollar programas de empleo público, el fortalecimiento del tejido empresarial, el apoyo a las microempresas y la promoción de actividades con mayor valor agregado como las manufacturas, agroindustria o el turismo.

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También es fundamental apoyar el sector agrícola y el desarrollo rural. Se debe priorizar al campesino y al campo brindándoles reconocimiento y protección a través de la optimización de sus condiciones de mercado, la distribución de sus productos y el fortalecimiento de sus mecanismos asociativos. Además, se debe mejorar la infraestructura y el entorno empresarial del campo y fortalecer el comercio nacional e internacional. Esto permitirá atacar los principales problemas que impiden la generación de sueños y bienestar de la ciudadanía: el desempleo y la informalidad.

Pero no solamente debemos enfocarnos en el crecimiento económico, sino también en la distribución de la riqueza para disminuir las brechas sociales y las desigualdades que existen entre las regiones, como también entre hombres y mujeres o con los jóvenes, en aspectos como el acceso a la educación y al empleo.

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Hemos hablado de reactivación económica y desarrollo, pero este debe ser sostenible, priorizando acciones que permitan la disminución en el uso de combustibles fósiles y la conservación y uso racional de los recursos naturales.

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No menos importante resulta privilegiar la sociedad del conocimiento, invirtiendo más recursos para la ciencia, la investigación, la innovación y las tecnologías, que nos pongan a la altura de los desafíos de un mundo globalizado.

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Pero este año los colombianos tenemos además una cita crucial con la democracia: las elecciones para el Congreso, en marzo y para elegir el nuevo presidente de la República, en mayo. Frente a estos dos acontecimientos los colombianos necesitamos superar el clima político de polarización, el discurso de odio y de los extremos que no contribuyen a combatir las grandes brechas de desigualdad e injusticia social, que nos aquejan. Por el contrario, hace falta el diálogo franco y la determinación para trabajar unidos por una misma causa, por el bienestar de la gente, sobre todo, por la que está en las regiones más apartadas y olvidadas.

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Por eso, desde el partido de la Unión por la Gente, vamos a aspirar al Congreso, basados en tres principios democráticos: la transformación social, la seguridad y la paz. Somos un partido de centro que, en el marco de una política dinámica, escucha y construye soluciones, en el que la comunidad, la gente y su bienestar sean la prioridad.

A su vez, conformamos el Equipo por Colombia, una coalición de centro, que buscará alcanzar la presidencia del país. Vamos a presentar propuestas que surjan del diálogo ciudadano y lograr así las transformaciones sociales, económicas y ambientales que necesita nuestro país. Esto nos va a permitir, en este nuevo año, comenzar a derrotar la pobreza y desigualdad existentes, generando más y mejores empleos, que nos permita tener esa Colombia justa y equitativa que todos soñamos. Sin duda, son grandes desafíos que valen la pena asumir.

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La inseguridad en Cali, una prioridad nacional

Cali queda en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad.

La inseguridad en Cali, una prioridad nacional

Cali queda en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad.

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El año 2022 llegó con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, que advierte de  los riesgos que corren los habitantes de 21 de las 22 comunas y de los 15 corregimientos de Cali y que pone de manifiesto la incidencia de estructuras armadas y de grupos criminales organizados que han elegido a la ciudad como un centro de operaciones, con las implicaciones que eso conlleva. Aumento de los homicidios en 2021, extorsiones y una reorganización de las fuerzas de los grupos ilegales, en particular en estos dos años que lleva la pandemia, nublan el panorama y hacen vulnerables a los habitantes de Cali.

Nuestra ciudad está en medio de un corredor estratégico del narcotráfico, que se extiende desde la zona montañosa de Nariño, Cauca y sur del Valle hasta el Pacífico, desde donde salen las drogas hacia mercados internacionales. Adicionalmente, es un corredor por donde circulan armas y se desarrollan otras economías ilegales, quedando así Cali en medio de una dinámica de ilegalidad impulsada por el crimen trasnacional que se aprovecha de las condiciones que ofrece la ciudad. No en vano es la urbe más grande de toda la región y ofrece más condiciones para servir de centro de operaciones y de residencia de integrantes de estos grupos y estructuras criminales.

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En 2021, como uno de los efectos colaterales del Paro, en Cali vivimos un aumento de los homicidios y se rompieron algunos récords que no se veían desde hace una década, incluso. El semestre de enero a junio del año pasado fue el más violento desde 2017 y los meses de mayo, junio, julio, agosto y octubre fueron los más violentos desde 2014. Hacía cinco años no se llegaba a más de 1200 homicidios en un año y eso habla del reto en seguridad que enfrenta Cali.

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Con el ataque a la Policía a principios de enero, además de los sucesos ocurridos en zona rural de Jamundí y en otras zonas del departamento, queda claro que la amenaza a la seguridad es un asunto nacional, que tiene especial presión sobre Cali. El deterioro del ambiente de seguridad, como bien lo registra la alerta temprana, exige una respuesta de las autoridades en todos los niveles del Estado, desde el nacional hasta el local y en nuestra ciudad, que sufre con mayor fuerza los efectos de este fenómeno, necesitamos mayor y mejor liderazgo. La inseguridad en Cali y la región debe ser una prioridad nacional, es un asunto que trasciende a lo local.

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Darle prioridad a la seguridad, articularse armónicamente con el Gobierno Nacional y con el gobierno departamental, asignar los recursos necesarios y mantener una relación fluida con las agencias de seguridad son elementos fundamentales para enfrentar la amenaza. La ausencia deliberada del alcalde el fin de semana del ataque terrorista a la Policía y en el consejo de seguridad que se llevó a cabo luego de este hecho, nos deja preocupaciones sobre el interés de esta Administración alrededor de la seguridad de los caleños. La amenaza es seria y esperamos que en el gobierno del 'Pacto por la Vida', la defensa de los derechos humanos y de la integridad de los caleños hagan parte de sus principales prioridades.

En Cali queremos vivir seguros y tranquilos. No hay que escatimar esfuerzos para lograrlo.

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