La foto del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, exhibiendo el cartel que el INPEC utiliza para reseñar el ingreso de los presos a las cárceles, prueba que el estado Social de Derecho ha desaparecido bajo los escombros de la administración de justicia, derruida por la corrupción.
Nunca antes en la historia del país, magistrados de las altas cortes y de los tribunales superiores habían sido vinculados a procesos penales por delitos cometidos con ocasión del cargo, ni tantos los jueces y fiscales privados de la libertad por la misma razón.
Cada día que pasa surge un nuevo escándalo que compromete a altos funcionarios de la Rama Judicial, en la conformación de bandas criminales encargadas de garantizar impunidad a otros delincuentes y, en muchos casos, dedicadas a construir procesos penales, con pruebas falsas, en contra de personas inocentes.
Los ciudadanos pasamos del asombro al asco y del asco al miedo. Miedo al caos y la anarquía que suele sobrevenir bajo estas circunstancias, pero también al abuso y la arbitrariedad de un sistema puesto al servicio de sórdidos intereses.
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Pero el edificio de la justicia no cayó de improviso. Desde hace algún tiempo se viene denunciando la existencia de oficinas de “abogados” encargadas de comprar a los operadores judiciales, en todos los niveles. El paquete incluye testigos, investigadores, peritos, fiscales, jueces y magistrados. La prueba de la eficacia de estos delincuentes con tarjeta profesional está en la impunidad que cobija a personajes de toda laya y a los beneficios ilegales que suelen otorgárseles, para que evadan el cumplimiento de las sanciones penales.
La decadencia de la justicia se viene advirtiendo igualmente en la vinculación de servidores públicos de poca monta, que ejercen la función en forma arbitraria y abusiva como una manera de compensar sus precariedades humanas.
Una y otra vez, se ha señalado que la fiscalía, otrora baluarte de la lucha contra el delito, terminó convertida en una hidra tonta y voraz que da bandazos, destruyendo lo que encuentra a su paso sujetada a la correa del amo desorientado de turno.
Los funcionarios honestos se sienten menos porque el poder corruptor es invencible y amedrentador. Un solo magistrado, señalado de pertenecer a una Bacrim judicial, desafió al pleno de la Corte Suprema de Justicia y les enrostró su incapacidad para contenerlo y expulsarlo del seno de la corporación.
No estamos frente a una simple escandalera provocada por un ex fiscal anticorrupción degenerado y altivo, ni al bochornoso episodio de un ex presidente de la Corte Suprema de Justicia puesto tras las rejas, ni a la espeluznante posibilidad de que otros magistrados de la Sala Penal de Corte corran la misma suerte, lo que tenemos ante nuestros ojos es la ruina total, el desprestigio absoluto de la justicia, la pérdida de credibilidad en las decisiones judiciales, el desprecio por una función en cuya defensa, hace apenas unos lustros, cayeron inmolados magistrados, jueces, fiscales y empleados. Tantas vidas perdidas en vano.
El colapso de la justicia penal colombiana arrasó con todo el poder judicial. Nadie se escapa a la sospecha, ni el Consejo de Estado, ni la Corte Constitucional, donde se dice anida a salvo un magistrado que actuaba en contubernio con magistrados del Tribunal de Villavicencio, actualmente imputados por delitos de corrupción.
No es una crisis, es la debacle institucional, la hora más nefanda de la historia reciente, una tragedia que afecta a todos los colombianos.
En medio de esta catástrofe, al igual que los rescatistas mexicanos, debemos levantar el puño en alto exigiendo silencio para poder reflexionar y responder la inevitable pregunta: ¿qué debemos hacer?
No se trata de una pregunta retórica, tampoco está dirigida a quienes desde las instituciones, por acción o por omisión, han contribuido al desastre. Interpela a los ciudadanos, que individual y colectivamente tienen la responsabilidad de hacerse al timón cuando el capitán pierde el rumbo. El gobierno nacional no tiene la solución. La prueba está en que solo se atrevió a balbucir que la salida es un referendo para reformar la administración de justicia, orientado a crear el tribunal para el juzgamiento de aforados y quitarle las funciones de nominación y elección a los tribunales y las Cortes, como si el problema se redujera únicamente a estos asuntos. El propósito del ejecutivo, con esta propuesta, es ganar tiempo y distraer la atención de la opinión pública en momentos en que surgen nuevas evidencias sobre la relación de la campaña “Santos-presidente” con la mafiosa Odebrecht. Santos, como buen ilusionista de masas, lanza un distractor para que apartemos los ojos de la podredumbre que le llega al cuello.
De otra parte, el congreso está inhabilitado moral e intelectualmente para llevar a cabo una reforma constitucional que permita reconstruir el templo ruinoso de la justicia. Y, aun cuando pudiera sacarla adelante, tendría que pasar por el control de la Corte Constitucional, que la hundiría sin reparos como lo hizo con las normas sustanciales del frustrado equilibrio de poderes.
Puestas las cosas de esta manera, el único camino que nos queda es la realización de una Asamblea Nacional Constituyente por la Reforma de la Justicia, convocada por la ciudadanía, las organizaciones sociales, la academia y lo que queda en pie de la Rama Judicial.
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Quienes se oponen a esta iniciativa argumentan que es un salto al vacío, mientras otros sostienen que sería aprovechada por el uribismo para reformar la Constitución Política con el fin de permitir una segunda reelección del líder supremo del Centro Democrático. A estos optimistas temerosos, que creen que las cosas están bien, pero le tienen miedo a Uribe, hay que decirles que esta no es una pelea entre buenos y malos, sino la lucha por el poder por parte de individuos que, desde diferentes vertientes ideológicas y políticas, coinciden en que tienen derecho de apoderarse del Estado para utilizarlo en su propio beneficio e instalar un Estado de Hampones, que reemplace el Estado Social de Derecho, para lo cual necesitan una administración de justicia que les garantice impunidad y pueda ser instrumentalizada para perseguir a quienes se opongan a este nuevo orden.
Faltan epítetos para calificar a los bandidos que metieron las manos en la justicia, prostituyéndola, y sobran ganas de sacar a empujones de sus despachos a los servidores públicos que se venden por un plato de lentejas.
La foto de Ricaurte luciendo su calidad de reo no es suficiente, nada alivia ni resuelve, tampoco nos devuelve la esperanza en las instituciones. Dejemos a un lado la palabrería y la ensoñación, comencemos, usted y yo, la tarea de proponer que sea el constituyente primario quien tome la palabra y decida.
ADENDA: ¿Alguien sabe qué pasó con el proceso penal abierto contra ese otro protomagistrado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub? ¿También está durmiendo el sueño de los justos, según la expresión preferida de Moreno?
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— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) September 19, 2017
