Lo de los Wayúu no es una crisis humanitaria, es un genocidio y por él deberían pagar los responsables. Más que condenados al hambre y a la sed, han sido presa de dos fieras, una insaciable, la corrupción; y otra cavernícola, el abandono estatal. Y digo deberían, porque no va a pasar nada. Esa andanada de campañas solidarias que unas veces son registradas y otras lideradas por los medios de comunicación, poco a poco logran esconder el fondo del asunto. Hordas de colombianos -acaso de buena fe- que donan una libra de algún alimento no perecedero para los indígenas. Alguna marca de arroz o de agua embotellada o de fríjol importado, hace presencia solidaria para atenuar la hambruna y de paso, ganarse unos buenos réditos publicitarios. Y los responsables, tranquilos. Y el Estado, con estrategias asistencialistas que fortalecen esa idea mendicante que se confunde con la solidaridad. Colombia es un país donde se enseña a mendigar, a pedir favores y no a exigir responsabilidades.
La mejor forma de ayudar a esos que ahora los medios llaman nuestros hermanos, pero de los que desconocemos casi todo, no es liderar campañas para mitigar el problema temporalmente, sino denunciar para que esta situación no se repita en la Guajira, ni en ninguno otro de los 32 departamentos de Colombia, donde todos los días se mueren niños de hambre. 15.000 niños mueren al año por enfermedades asociadas a la falta de alimento en nuestro país. El dato, más escalofriante que cualquier escándalo sexual superfluo, es resultado de un estudio de la Universidad Nacional realizado en 2009. Pero todos sabemos que los estudios que hacen las universidades no les interesan a los noticieros. Bueno, a veces no le interesan ni al colegaje. Otro de la Universidad de Los Andes, asegura que alrededor del 13% de la población infantil sufre desnutrición crónica. La situación es crítica en Guajira, pero también en Chocó, Boyacá, Cauca, Cesar y Amazonas. Y muy delicada en otros doce departamentos.
La pobreza y la desnutrición son hermanas siamesas. Inseparables, consecuentes. Veinte millones de pobres y ocho millones de indigentes, seres humanos que sobreviven con tres mil pesos o menos al día, no se soluciona en Colombia con donaciones, ni campañas mediáticas o llamados a la solidaridad social. Es la solidaridad pero estatal la que debe, no reducir si no erradicar, semejante vergüenza en un país que tiene la riqueza y los recursos para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Wayúu significa persona y el país pareciera sigue sin considerar como tal a cientos de miles de nacionales que conforman la etnia originaria más grande de Colombia. Han logrado mantener una lengua viva y unas tradiciones que no son entendidas por la mirada centralista de la nación.
Ahora que la culpa de todas las desgracias nacionales son endilgadas a ‘El fenómeno del Niño’, vale recordar que el rio Ranchería -su fuente ancestral-, fue desviado de su cauce para suplir las necesidades del consorcio multinacional de Cerrejón -la segunda mina a cielo abierto más grande del mundo-, donde el agua es utilizada en procesos industriales, consumo de por lo menos 2.200 habitantes de su ciudadela industrial y para evitar pérdidas y contaminación por viento, manteniendo superficies humedecidas todo el día. Tanta pobreza en medio de tanta exuberancia, solo puede ser producto de la desidia, la exclusión, la marginalidad, la inequidad y la iniquidad, de una clase dirigente a la que los indígenas les interesan menos que nada.
Esta zona ha sido fortín politiquero -no político o la situación de los Wayúu sería diferente- del partido Cambio Radical, responsable de los avales, las campañas, la propaganda, la implementación de políticas, el manejo de los fondos del Estado y de las regalías.Regalías con las cuales cualquier habitante de un pueblo de la Guajira, como Manaure o Uribia, podría tener la calidad de vida de una persona que resida en cualquier ciudad suiza. Primero se murieron los animales y luego comenzaron a morirse los niños. De eso hace una década. A mediados de 2015 Canal Capital denunció la situación, pero como todo lo bueno que llevara el sello Gustavo Petro en Bogotá se invisibilizaba, los medios nacionales desatendieron el chivatazo que no solo se ganó el premio CPB, si no que sirvió para destapar una de las mayores cajas de recursos de la politiquería y la corruptela nacional: el ICBF, que no tiene control sobre los contratistas que ejecutan sus programas.
Las cifras de la corrupción en la Guajira que ha despilfarrado millones, resultan infames ante la situación de los niños Wayúu y sus familias. El robo sistemático de las regalías y el erario, es de una magnitud asombrosa, supera la malversación y alcanza unos niveles de ratería asquerosos. Municipios como Albania -demos por caso- recibió entre 2007 y 2011, 232 mil millones por regalías; y Uribia, 220 mil millones en el mismo periodo. La Guajira pudo haber recibido en diez años lo que Bogotá pagará en 100 años por la primera línea del metro. Riohacha no tiene acueducto y lo han inaugurado tres veces. El poder corruptor neutraliza las investigaciones el Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.
Y dicha situación tiene nombres propios: Oneida Pinto, actual gobernadora y exalcaldesa de Albania; Cielo Redondo, exalcaldesa de Uribia, prófuga de la justicia, su hijo es hoy el alcalde de Uribia; Alfredo De Luque, presidente de la Cámara de Representantes más investigado que la sábila; Kiko Gómez, exgobernador que tiene procesos judiciales por 131 homicidios y tras las rejas sigue aterrorizando; o la familia Ballesteros, o Yaneris Cote Cote, o Jorge Pérez Bernier. Y no pasa nada. La denuncia también está hecha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que se le solicitó medidas cautelares en favor de los niños indígenas de la Guajira. Razón tiene el periodista Gonzalo Guillén cuando dice que a los niños de la Guajira no los está matando ‘El fenómeno del Niño’, sino ‘El fenómeno del Ñoño’, esa práctica politiquera corrupta de individuos rapaces y asesinos, cada vez más ricos y cada vez más sinvergüenzas. Y los noticieros de televisión nacional haciendo campañas de pornomiseria para alimentar hambrientos y, claro, sus ingresos. No hay derecho a tanta desidia.
