Cuentan los cronistas franceses de comienzos del siglo XIX que los representantes del orden y la riqueza acudían enloquecidos al lado del pueblo y la chusma para ver pasar a los prisioneros encadenados, a quienes consideraban la “raza distinta que tiene el privilegio de poblar los presidios y la cárceles”.
Hoy en día son pocos los países que mantienen el espectáculo público de las hordas de supliciados, sin embargo, en todas partes los privados de la libertad, por cuenta de los órganos de justicia institucionalizados, siguen siendo vistos como esos otros, esa especie rara a la que nunca habremos de pertenecer.
Bajo esa premisa muchas naciones cayeron en la trampa considerar que las limitaciones de los derechos, especialmente la libertad, consagradas en los estatutos penales y las normas de policía solo podían afectar a los malos ciudadanos, es decir, a los miembros de “la raza de infractores”.
Debido a ese error pudieron entronizarse las peores dictaduras en la historia reciente. Los colombianos no hemos sido ajenos a esta forma de pensar. Para no ir muy lejos a finales de la década de los 70s durante, el gobierno de Turban Ayala, se puso en vigencia el célebre ESTATUTO DE SEGURIDAD, dirigido a conjurar las continuas alteraciones de orden público provocadas por las protestas sociales y los grupos de izquierda.
Al poco tiempo comenzaron los abusos masivos por parte de la fuerza pública contra la población civil, especialmente los jóvenes. Las estaciones de policía y los cuarteles militares se convirtieron en escenario de las más oprobiosas y crueles violaciones de los derechos humanos. Contrario a lo que se buscaba, el ESTATUTO DE SEGURIDAD alentó a muchas personas a vincularse a las organizaciones subversivas, como expresión de rebeldía contra el abuso y el atropello.
Siendo una de las características de los colombianos el desprecio por la memoria histórica, sepultamos en el pasado los horrores padecidos durante el régimen de Turbay. Años después a un ministro de defensa, avalado por el presidente, se le ocurrió la brillante idea de proferir un decreto de estímulos para la fuerza pública basado en el número de bajas de subversivos que reportaran a sus superiores. Resultado: más de 4400 casos de falsos positivos, es decir, de civiles inocentes asesinados y presentados como guerrilleros o terroristas por miembros de los organismos de seguridad del Estado colombiano.
La justicia no había terminado aún de vincular a soldados, oficiales y generales de la república en las investigaciones por falsos positivos cuando el Congreso dio inició la aprobación de un nuevo Código Nacional de Policía, contentivo de normas que otorgan facultades discrecionales a la policía para realizar allanamientos a su antojo y privar de la libertad, transitoriamente, a los ciudadanos por motivos absurdos y ridículos e imponer multas por comportamientos que escasamente merecen un reproche moral.
Después de 44 años de vigencia de un código de policía inútil, el gobierno nacional radicó un proyecto de ley para poner en vigencia un nuevo estatuto del mismo orden, que en términos generales representa una herramienta necesaria para mejorar la convivencia ciudadana, a partir de una nueva forma de relación entre los individuos con las autoridades, el medio ambiente y los animales.
Pese a las buenas intenciones del gobierno, el proyecto prevé limitaciones a los derechos fundamentales a libertad de locomoción, a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, a la protesta y a la libre expresión entre otros, que deben ser consideradas como un asunto serio y de la mayor importancia.
De aprobarse el código, tal y como está, la policía quedaría facultada para realizar allanamientos y retenciones de la personas, sin orden judicial, con argumentos como evitar que alguien se cause daño o lo produzca a un tercero, encontrándose bajo el influjo de sustancias estupefacientes o el licor o cuando el morador ejecute “vías de hecho” desde su vivienda, como por ejemplo, elevar el volumen de su equipo de música o lanzar insultos contra los peatones. Igualmente la policía podría penetrar en el domicilio para verificar el estado de las mascotas o la presencia de animales amarrados o encerrados.
El código también le otorga facultades a la policía para privar transitoriamente de la libertad a quien deambule y de muestras de encontrarse en grave estado de alteración como consecuencia de consumo de licor o de sustancias alucinógenas. En estos casos se impondrá el criterio del policía, quien determinará si la persona representa un peligro para sí misma o para los demás. Semejante despropósito ha motivado respuestas de todo tipo. Hay quienes incluso, con envidiable buen humor han dicho que tendrán que tomar clases de glamur y modelaje para caminar de manera impecable y no llamar la atención de la policía.
En cuanto a la protesta social, las marchas, mítines y movilizaciones ciudadanas no pueden alterar la movilidad so pena ser inmediatamente disueltas por la policía. Eso supone, entonces, que adelante los inconformes tendrán que marchar por el andén, en fila india, respetando las cebras, los pares y los semáforos.
En código no exime ningún espacio de la vida pública o privada donde la policía pueda intervenir a su antojo. De hecho nadie puede consumir licor o estupefacientes en los espacios públicos. Bien por el control que se ejercerá con los establecimientos que usan los andenes como extensión de bares y cantinas, pero resulta exagerado que una persona sea multada o retenida por consumir una cerveza mientras toma la brisa en un parque o se fuma un porro en una calle solitaria. Que no decir de la prohibición de escuchar las conversaciones ajenas, incluyendo las de los familiares, castigada con multa. Harto trabajo tienen los inspectores de policía como para atosigarlos con quejas por “invasión auditiva a la intimidad”.
El proyecto de código esta maculado por excesivas facultades concedidas a la policía en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y bajo ninguna circunstancia podemos permitir que sea aprobado para que haga añicos el edificio del estado social de derecho que hace apenas unos lustros empezamos a construir.
Los legisladores deben recibir un mensaje claro y contundente por parte de la sociedad civil, en el sentido de que no estamos dispuestos a renunciar a nuestros derechos fundamentales en pos de una supuesta convivencia ciudadana, que en todo caso sería más parecida a un régimen de terror que a otra cosa.
Parafraseando un viejo aforismo podríamos terminar diciendo, por ahora, “Dime que código de policía tienes y te diré en qué clase de democracia vives.”
