Por Milton Fabián Castrillón Rodríguez - Asesor y Consultor en temas de Gestión Pública
La contaminación permanente en la cuenca del río Cali, por la explotación ilegal minera en las Minas del Socorro en el Alto del Buey, tiene gran responsabilidad en la antigestión del Departamento Administrativo para la Gestión del Medio Ambiente DAGMA, entidad responsable de preservar los recursos naturales en la zona urbana.
Y es que, el DAGMA, ejecuta los recursos que retorna la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, generados por el cobro de la sobretasa ambiental que pagan anualmente los caleños en el Impuesto Predial Unificado IPU.
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Se tratan de recursos que podrían superar los $60 mil millones por año, pero que no se ven reflejados en una gestión acertada del DAGMA, porque seguimos teniendo el mismo déficit arbóreo, la silvicultura existente tiene problemas fitosanitarios que generan caídas y gran parte de los siete ríos no cuentan con protección, más grave aún, no contamos con un Centro de Atención a la Fauna, CAF.
La antigestión del DAGMA queda en evidencia no solo en los señalamientos que hice en debates de control político en el año 2020 y parte de 2021, cuando solicité intervención de la Contraloría evidenciando posible detrimento patrimonial, por contrataciones pagadas sin concluir obras o por determinar tareas no inherentes a lo ambiental.
Lo grave, es que, según informes de la Contraloría General de Cali, el DAGMA en 2020, incurrió en hallazgos fiscales, debido a contratos que se pagaron, pero no tuvieron ejecución efectiva. Y en otros se obvio la ley de contratación.
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La Contraloría de Cali establecido hallazgo fiscal al DAGMA por el pago de un contrato de una obra que no se realizó, por valor de $1.990.299.061, referente a la construcción de un puesto de control y vigilancia en el predio El Arbolito, ubicado dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vereda Cabuyal, corregimiento de Los Andes. El acta final da por hecho una obra que sigue inconclusa.
En 2020, el DAGMA, suscribió un contrato para transportar a funcionarios contratistas, herramientas, insumos y especímenes para realizar labores operativas; que en mi concepto tenía sobrecostos. La Contraloría, concluye que si existió un de detrimento patrimonial por $33.000.000, tal como lo alerte.
En relación al cumplimiento de las normas de contratación, la Contraloría también evidencia que el DAGMA; al celebrar el contrato No. 4133.010.32.1.002-2020 cuyo objeto es: “la prestación del servicio de transporte de insumos a caballo y/o mula, tendientes a conservar y recuperar los ecosistemas en las minas del Socorro o Alto del Buey, Parque Nacional Natural Farallones”, se evidenció que la Entidad no dio cumplimiento a lo señalado en la Invitación Publica, al seleccionar como oferta ganadora al oferente que se encontraba en causal de rechazo al no cumplir requisitos que exige la plataforma SECOP II.
Y en el contrato No.4133.010.26.1.262-2020 cuyo objeto es la prestación de servicios como operador logístico para el desarrollo de actividades del DAGMA dentro de la urgencia manifiesta declarada para conjurar la pandemia del coronavirus”, se evidenció que los hechos que motivaron dicho contrato no hacen parte de las funciones misionales de la entidad ambiental, lo que conllevaría a un detrimento patrimonial por $54.265.190.
El DAGMA no puede fungir como Departamento de contratación, cuando lo que se requiere es que invierta en su misión fundamental que es la preservación de los recursos naturales. Es evidente que se necesita fortalecer al DAGMA teniendo en cuenta que Cali ya es Distrito Especial y que esa figura le da manejo directo sobre los recursos de la sobretasa ambiental. De ahí que corresponde al Alcalde adelantar los ajustes jurídicos para fortalecer al DAGMA como autoridad ambiental de Cali.
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