Soy un convencido de que cuando el periodismo se encuentra frente a una información donde es evidente el bien general sobre el particular, la obligación de los comunicadores, así no sea popular ni de buen recibo por parte de sus audiencias, debe ser respaldarla con su publicación. Allí no debería haber conflicto con la independencia, la equidistancia o el equilibrio.
Por definición el bien común es el que incluye los intereses de una mayoría sobre los particulares de unas minorías.
Pero este principio tiene tanto de largo como de ancho. Veámoslo con dos ejemplos locales y uno nacional. Miremos el MÍO. El bien general es que exista un sistema masivo de transporte que modernice la movilidad de los ciudadanos en su ciudad, en cantidad y calidad. Es el bien general, en teoría, es lo mejor para todos. Y deberían respaldarlo los periodistas. Pero debido a sus fallas no goza precisamente de simpatía entre los caleños. ¿Y apoyarlos es apoyar a la administración de turno? ¿Cómo reaccionan las audiencias cuando se muestran los logros del masivo? Allí está la cuestión. Puede existir la convicción de que es lo mejor para todos pero los medios quedan entre dos fuegos: los que los acusan de respaldar al gobierno de turno -que es a quien le toca hacerlo funcionar sea este, el anterior o el próximo alcalde- y el de los usuarios descontentos que le caen con toda su mala leche al informativo por mostrar algo positivo cuando ellos sufren sus fallas a diario.
Antes de pasar a otro ejemplo hay que hacer la salvedad de que hay mostrar como siempre lo bueno y lo malo pero en el fuero interno está la convicción de que es el bien común y por eso hay que respaldarlo. Pero en la práctica, cuando no se quiere algo, seguramente no se recordará que también se ha mostrado lo negativo: en su cabeza permanecerá el recuerdo de que hablaron bien de algo que se rechaza y en grandes proporciones. En conclusión: el bien común es el de todos los caleños. El bien particular es el de los intereses de 571 buses tradicionales (de acuerdo con cifras de la Secretaría de Tránsito sobre tarjetas de operación vigentes) de los que dependen igual número de familias (aproximadamente 2.200 personas ) en contraste con 2'.369.829 habitantes de la capital vallecaucana.
Otro caso local es el del jarillón en el oriente de Cali. Es poco popular recordar que debido a la incapacidad del Estado muchas personas viven en condiciones precarias y cuando no tienen opción, por medio de las vías de hecho, sin seguir la ley, toman decisiones desesperadas. Ese sería el caso de cientos de familias que se fueron a vivir desde hace mucho tiempo a un sitio que cumple una función diferente a la de un simple terreno desocupado esperando que en él se construyan viviendas. El jarillón es una barrera que protege a la ciudad de la furia del río Cauca. Pero cuando se acercan los periodistas a esas historias de sufrimientos y penurias, no es popular mostrar que el Estado debe desalojarlos para fortalecer el jarillón, de manera que este realmente cumpla su rol de protección de la vida de 2'.369.829 de caleños quienes resultarían afectados por un eventual desbordamiento del río Cauca. Son los intereses particulares de 27 mil personas (según cifras del Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis) que aún viven en este lugar en contraposición del interés general de todos los que habitan la ciudad.
Con el proceso de paz ocurre algo similar. No hay forma de sacarle de la cabeza a los opositores de que es irrelevante si es este gobierno el que está negociando la paz ni si los contrincantes sentados a la mesa son las Farc. Sin importar quiénes son los actores en ese proceso: es mejor vivir en paz. Los citadinos disfrutamos de una relativa paz no vinculada a acciones terroristas -aunque en cualquier momento se puede romper esa burbuja- pero solo quienes tienen que vivir en zonas de conflicto experimentan la zozobra de la guerra. Pero aquí ya se personalizó el tema y se ha vendido la idea de que era mejor transitar hace unos años por carreteras flanqueadas de soldados, con noticias diarias de combates en los que la mayoría de las veces las bajas eran de los subversivos y con el compromiso ineludible de explicar lo inexplicable a los que no son de aquí y le preguntan a uno: ¿Y por qué todavía hay guerrilla allá?
Vivir en paz, a secas, sin nombres de grupos subversivos de por medio y sin gobiernos con apellido específico, debe ser mejor para el bien común que vivir en guerra. Bueno, eso quedaría bien en el papel. Pero vaya asuma esa posición desde un medio de comunicación: caen detractores -hasta por escribir por este tema debo prepararme para recibir una andanada de ataques ¿quién sabe?- y se crean enemigos gratuitos. Imagínese aquí la comparación entre el bien general de 48 millones de colombianos frente a... ¿Cuántos opositores? ¿No basamos en los sondeos de opinión sobre aceptación de proceso paz? ¿O la cifra total de vinculados a los partidos de oposición? Entre estos últimos vaya averigüe bien porque algunos unas veces apoyan al gobierno. Y al revés: en los supuestos partidos de la Mesa de Unidad Nacional, que se supone que respaldan al gobierno, no se ponen de acuerdo y hasta hablan como si fueran opositores. Así es como complicado calcular cuántos son ¿No?
Deberíamos respaldar lo que significa el bien común, la paz, pero en la práctica no es popular. Asumir decididamente esa posición es que los informativos se arriesguen a perder sus audiencias y a que les lluevan insultos desde las redes sociales -el nuevo rating-.
Quienes se escudan detrás del bien particular sobre el general, resaltando el daño dramático a las minorías en realidad están manipulando hábilmente el orden de las cosas en una sociedad democrática que requiere de unos mínimos fundamentales para poderse sostener. Si en cada situación se vulnera el bien general en beneficio de unos intereses particulares ¿A dónde vamos a dar como sociedad? ¿Qué estabilidad podremos heredar de generación en generación?
Entonces allí está planteado el dilema: apoyar por convicción lo que se está seguro que es el bien común pero arriesgándose al rechazo de la audiencia porque no es popular. ¿A cuántos medios no nos toca "dorar la píldora" para contar hechos en los que hay que respaldar el bien general sobre el particular? Pero vaya dígalo en voz alta y sin diplomacia: desde las trincheras de las redes sociales ya están listos para el fusilamiento textual. Y realmente el único chaleco de protección para los medios debería ser que otros ciudadanos conscientes -la mayoría- respalden a los medios en estos casos pues la sombrilla del bien general es la que los cobija a ellos.
