Se acercan las campañas electorales locales y empiezan a emerger temas recurrentes. Suelen dominar la agenda la seguridad, la educación y la infraestructura; sin embargo, hay asuntos menos visibles pero no menos sensibles que están ahí, esperando tomar un espacio en el debate público. Uno de esos temas que aguardan atención es el correspondiente a los habitantes de calle. En el caso de Cali, hablamos de una población registrada que supera las cuatro mil personas, pero algunos estiman que podría haber un subregistro del 50%. Fácilmente en las calles de la capital del Valle hay entre ocho mil y 10.000 personas viviendo en sus calles, en un estado de miseria y sin mayores alternativas en el horizonte.
A nivel nacional, Cali tiene la segunda población de habitantes de calle, solamente superada por Bogotá. Sin embargo, este no fue un problema visible hasta cuando en 2017 empezaron las demoliciones de las construcciones ubicadas en los predios que corresponden a los planes parciales del proyecto ‘Ciudad Paraíso’. Esa zona históricamente, desde que empezó su deterioro hace ya varios años, se convirtió en un lugar donde empezaron a proliferar inquilinatos, puntos de acopio de reciclaje y expendios de sustancias psicoactivas que crearon las condiciones para la llegada de habitantes de calle. Esas demoliciones expulsaron a cientos de personas vulnerables que empezaron a llegar a otras zonas de la ciudad.
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El censo de habitantes de calle de 2019 reveló que el principal sustento de los habitantes de calle es el reciclaje, seguido de la limpieza de vidrios de vehículos y por la mendicidad. Ese resultado desafía la intuición, porque el primer impulso que uno tiene es pensar que la mayoría se dedican a mendigar misericordia y no a intercambiar trabajo por un pago, así sea de forma precaria. Eso nos debería dar insumos sobre cómo abordar este problema, porque la realidad nos sugiere que se trata de personas que, principalmente, quieren trabajar.
No hay soluciones mágicas para este problema, pero deberíamos enfocar muchos esfuerzos en rehabilitar a quienes por el motivo que sea hoy viven en la calle y no acceden a ningún servicio público. El reto se agrava cuando se encuentra que muchos habitantes de calle están sometidos por la adicción a los alucinógenos, lo que complica su adherencia a cualquier programa público. A nivel nacional existe una política pública que sirve de marco, pero parece una necesidad que Cali establezca su propio lineamiento para coordinar esfuerzos interinstitucionales para avanzar de forma efectiva en la atención del habitante de calle.
Salud, higiene, rehabilitación, alimentación y formación de habilidades para el trabajo son eslabones de una cadena que, en términos generales, debe comprender una estrategia de atención para los habitantes de calle, un drama humanitario que aún no resolvemos y ante el cual la oferta pública se queda corta. Quizás el primer paso que debamos dar es reconocer que ellos son ciudadanos invisibles y que todo lo que hagamos para atenderlos efectivamente es un reconocimiento a sus derechos humanos. Ojalá en la campaña por la Alcaldía de Cali surja este tema con rigor.
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