Martes, Marzo 31 2020

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El nuevo dueño de la Fiscalía General de la Nación

Es una verdadera calamidad que las instituciones sirvan para satisfacer intereses personales y no para afianzar la democracia.

El nuevo dueño de la Fiscalía General de la Nación
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

Tan pronto asumió el cargo de Fiscal General de la Nación, el abogado Francisco Barbosa se refirió a la captura de AÍDA MERLANO, en Venezuela, precisando que no enviaría ninguna comisión de fiscales al vecino país, “ni responderá a nada ya que lo que existe en Venzuela no es otra cosa que ausencia de Estado de Derecho”.

Como hicieron sus antecesores, el Fiscal asumió el cargo con el convencimiento de que es el dueño, el patrón el duro, el pluma blanca de la fiscalía y no un servidor público que tiene la obligación de respetar el Estado de Derecho. Con un desparpajo que causa más asombro que indignación, el emplumado funcionario lanzó por la ventana de su despacho la Constitución Política de Colombia y se irrogó la facultad de no investigar los hechos delictivos que lleguen a su conocimiento, con fundamento en consideraciones de orden político.

Para el fiscal BARBOSA no importa que la señora AÍDA MERLANO haya denunciado, con nombre propio, a las personas que hicieron parte de la tenebrosa red de corrupción en que estuvo inmiscuida, sino el hecho de que en Venezuela hay ausencia de Estado de Derecho.

No es preciso saber de derecho penal o constitucional para advertir que nada tienen que ver los hechos de corrupción denunciados por Merlano con la situación política que atraviesa Venezuela. Esta falta de congruencia demuestra que la fiscalía cayó nuevamente en manos equivocadas.

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¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que los órganos y entidades del Estado sean administrados como si fueran de propiedad de los funcionarios que transitoriamente las dirigen?

Es una verdadera calamidad que las instituciones sirvan para satisfacer intereses personales y no para afianzar la democracia. Cada fiscal llega con su propia agenda, que por regla general no coincide con su labor misional, dejando al cabo de su periodo una fiscalía maltrecha, desprestigiada e incapaz de enfrentar la criminalidad.

Martínez, por ejemplo, puso el ente acusador al servicio de su clientela, cometiendo toda clase de ilícitos, hasta que, debido a la presión de la opinión pública, tuvo que salir corriendo por la puerta trasera del bunker, temeroso de que la multitud, que frecuentemente exigía su renuncia, lo sacara de las mechas y lo colgara de un poste de la luz. Al cabo de su “gestión” la fiscalía quedó ocupando el primer puesto entre las entidades más corruptas del país y sus amigos disfrutando de los favores que les hizo engavetando y distorsionando las investigaciones.

BARBOSA, quien también proviene de la misma clase política, ha comenzado a seguir los mismos pasos. Lo primero que hizo fue dejar claro que es “amiguis” del presidente, cosa que nadie pone en duda puesto que hizo público su apoyo a Duque durante la campaña presidencial y en pago por el favor recibido lo incluyó en la terna de candidatos a la fiscalía, después se jaló un discurso político invitando al contralor y procurador que se abstuvieran del gustico por la presidencia, como si estuviera luchando contra sus propias pulsiones.

BARBOSA no es el dueño de la fiscalía, por lo tanto carece de la potestad de decidir si un hecho delictivo debe o no ser investigado. De acuerdo con el artículo 250 de la defenestrada Constitución, “la Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo”. La obligación de investigar no está, por lo tanto, supeditada a situaciones externas sino a la existencia de hechos que configuren delitos.

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La posición del fiscal constituye, por lo tanto, un incumplimiento flagrante de la obligación de investigar y tipifica una falta disciplinaria y el delito de prevaricato por omisión. Así de simple.

Es como si un juez de la república se abstuviera de dictar sentencia condenatoria en contra de un prófugo refugiado en Venezuela con los mismos disparatados argumentos. Estoy seguro que si esto llegara a pasar, el fiscal se encargaría de anunciar al país una investigación contra del juez, quien seguramente terminaría en la cárcel por prevaricador.

Cuando se produjo el nombramiento de BARBOSA, muchos colombianos pensamos que habría que darle tiempo para que organizara su trabajo en la fiscalía y conformara su equipo. Pero bastaron unas horas para que develara sus verdaderas intenciones y notificara al país que la fiscalía ahora tiene dueño, y, que en tal calidad, decidirá lo que se le antoje.

Está muy equivocado el internacionalista BARBOSA si cree que el país tolerará otro NESTOR HUMBERTO MARTINEZ. La fiscalía es una institución por la que debemos velar los colombianos. Si cae en manos equivocadas, todos y cada uno de nosotros estaremos en peligro, pues nuestras libertades, derechos y garantías quedarían sometidas al capricho de una dictadura judicial, que es la peor de todas las dictaduras.

El fiscal esgrimió recientemente el Código Penal a los gobernadores de todo el país y en tono enérgico les advirtió: “Mi pacto de transparencia será con el código penal, nosotros no vamos a tolerar un ápice. La criminalidad en los territorios será perseguida, el robo de los recursos públicos tanto en salud como en educación en contratación estatal, en abuso a la ciudadanía”. El fiscal cree que la justicia penal es una regla para los otros pero no para sí mismo, ni para sus aliados. No podemos permitir que el órgano de invstigación penal siga siendo un instrumento de persecución por razones ideológicas, políticas, religiosas, etc. Los falsos positivos judiciales y los procesos penales artificios, fundamentados en pareceres, sospechas e infundios, son hijos bastardos de una fiscalía desbocada por cuenta de fiscales con delirios de emperadores.

El Fiscal General de la Nación es la persona que tiene más poder real y efectivo en nuestro país, en consecuencia es quien mayores controles debe tener y el principal es la Constitución Política de Colombia, sino la acata queda convertido en un tirano, en un corrupto o en ambos.

La Corte Suprema de Justicia, nuevamente ha dado un ejemplo de transparencia al iniciar, de manera oficiosa, investigación contra el senador ARTURO CHAR, con base en las declaraciones rendidas por AÍDA MERLANO en Venezuela. El Fiscal tiene la misma obligación, por lo tanto debe iniciar cuanto antes investigación penal respecto a los servidores públicos y particulares señalados por MERLANO, negarse hacerlo lo hace incurso en una clara denegación de justicia, con consecuencias disciplinarias y penales.

La ley no es para los demás, también usted, señor fiscal, está sometido a ella.

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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