Son dos temas los que preocupan en este momento a a la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca. Por un lado están las constantes amenazas a sus miembros por parte de grupos ilegales. Además, han identificado un gran desconocimiento de las entidades oficiales sobre los enfoques diferenciales (étnicos, de género; niñas, niños y adolescentes, persona mayor, entro otros) para atender a la población víctima del conflicto.
Esta Mesa, que representa a una población cercana a 560.000 personas que sufrieron las consecuencias del conflicto armado en esta región, dio a conocer esta situación el 27 de septiembre durante el balance de la gestión realizada en el periodo 2015-2017.
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Este acto, tuvo lugar en el Hotel Torre de Cali, en la capital del Valle y estuvo acompañado por la Unidad para las Víctimas; la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de la Gobernación del Valle del Cauca y la Defensoría del Pueblo en su condición de Secretaría Técnica de la Mesa.
Sobre las intimidaciones, Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Valle del Cauca aseguró que: “Le apostamos a la paz y la vemos hoy con una gran esperanza. Sin embargo, en el Valle aún falta por construir mucha paz en la región, pues nos preocupa la presencia de bandas criminales en algunas zonas”.
Entre los logros más destacados del trabajo de este colectivo de 23 personas, elegidas democráticamente por la misma población víctima del conflicto, está la incidencia en distintas instancias institucionales para que se mejore la atención a las mujeres en áreas como la salud. También se destaca el fortalecimiento y la articulación con las organizaciones municipales de víctimas del departamento y con las víctimas no organizadas.
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Corrales, coordinador de la Mesa, también resaltó la “inclusión de iniciativas, programas y proyectos que benefician a la población víctima en los Planes de Desarrollo 2016 -2019, en diferentes municipios y en el Departamento”.
Los retos para la nueva mesa, precisó el vocero, incluyen hacer un seguimiento juicioso a la política pública de víctimas y exigir las rendiciones de cuentas que las instituciones deben hacer sobre este particular.
Jorge Vásquez Pino, director (e) de la Unidad para las Víctimas en el Valle, destacó que cada vez más alcaldías de este departamento están comprometidas con la política pública de atención a víctimas, “lo que se ha logrado en gran medida por la incidencia y la acción de las mesas de participación”.
Con información de la Unidad Nacional para las Víctimas
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