Colombia

Las delegaciones reafirman su posición de un acuerdo definitivo

En un comunicado de las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, se dio a conocer la disposición de las partes de escuchar la oposición, la cual ganó con un 50.27 por ciento de ventaja en el plebiscito del pasado domingo 2 de octubre, así como su posición de que el cese al fuego bilateral […]

Las delegaciones reafirman su posición de un acuerdo definitivo

En un comunicado de las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, se dio a conocer la disposición de las partes de escuchar la oposición, la cual ganó con un 50.27 por ciento de ventaja en el plebiscito del pasado domingo 2 de octubre, así como su posición de que el cese al fuego bilateral […]

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En un comunicado de las delegaciones del Gobierno Nacional y las Farc, se dio a conocer la disposición de las partes de escuchar la oposición, la cual ganó con un 50.27 por ciento de ventaja en el plebiscito del pasado domingo 2 de octubre, así como su posición de que el cese al fuego bilateral siga vigente.

Este es el comunicado conjunto número 2, dado a conocer este viernes desde la Habana:

“Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP, luego de reunirnos en La Habana con los países garantes y con el Jefe de la Misión Especial de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, queremos informar a la opinión pública que:

1. Luego de casi 4 años de intensas conversaciones, concluimos el pasado 24 de agosto el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el que estamos comprometidos. Consideramos que contiene las reformas y medidas necesarias para sentar las bases de la paz y garantizar el fin del conflicto armado.

 Reconocemos, sin embargo, que quienes participaron en el Plebiscito del pasado 2 de octubre se pronunciaron mayoritariamente a favor del NO, así fuera por estrecho margen. En el marco de las facultades presidenciales que otorga la Constitución Política es conveniente que sigamos escuchando, en un proceso rápido y eficaz, a los diferentes sectores de la sociedad, para entender sus preocupaciones y definir prontamente una salida por los caminos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional C-376 de 2016. Las propuestas de ajustes y precisiones que resulten de ese proceso, serán discutidos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para dar garantías a todos.

2. Reiteramos el compromiso asumido por el Presidente de la República y el Comandante de las FARC-EP de mantener el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo decretado el pasado 29 de agosto, y el monitoreo y la verificación por parte del mecanismo tripartito. Así como también, las garantías de seguridad y protección de las comunidades en sus territorios, según lo definido en el Protocolo por las partes.

Para afianzar este Cese al fuego hemos acordado un protocolo, dirigido a prevenir cualquier incidente, en zonas de pre-agrupamiento en los cuadrantes definidos y asegurar un clima de seguridad y tranquilidad con la plena aplicación de todas las reglas que rigen el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo.

El Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación con la participación del Gobierno y de las FARC-EP y la coordinación de la misión de las Naciones Unidas estará a cargo de monitorear y verificar el cumplimiento del protocolo, en particular del cumplimiento de las reglas que rigen el Cese al fuego.

3. Con ese propósito, solicitamos al Secretario General de las Naciones Unidas, y por su intermedio, al Consejo de Seguridad, que autorice a la Misión de Naciones Unidas en Colombia a ejercer las funciones de monitoreo, verificación, resolución de diferencias, recomendaciones, reportes y coordinación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación previstas en la Resolución 2226 (2016) en referencia al mencionado Protocolo.

Así mismo, invitamos a los países que contribuyen a la Misión con observadores desarmados a que continúen desplegando sus hombres y mujeres, que seguirán contando con todas las garantías de seguridad necesarias.

4. En forma paralela, continuaremos avanzando en la puesta en marcha de medidas de construcción de confianza de carácter humanitario, tales como, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, los planes pilotos de desminado humantario, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los compromisos respecto a la salida de menores de los campamentos y sobre la situación de personas privadas de la libertad.

 5. Las delegaciones agradecemos al Comité Internacional de la Cruz Roja por su permanente apoyo, a Chile y Venezuela por su acompañamiento y sobretodo a Cuba y Noruega por su intensa y abnegada labor de respaldo a la construcción de los acuerdos de paz para Colombia, su contribución constante a la búsqueda de soluciones en momentos de dificultad y su disposición a continuar apoyando el proceso de paz”.

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Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?
Nora Saldarriaga, directora de la fundación Forjando Futuro, participa en la presentación del informe de restitución de tierras este lunes en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

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En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque; durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos.

"Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la Reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables".

Consideró Nora Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10 %.

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Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual -con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del gobierno de Petro- "se tardaría 109 años en cumplir la meta".

Restitución de tierras por vía administrativa

Y por ello, hicieron un llamado para "que haya un cambio en la ley", en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.

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Es decir, que "si no hay terceros que se opongan" o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso "se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez".

Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos.

"Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT".

Apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.

Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.

Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra.

"No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político".

Consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Todo ello porque "hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo", según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución de tierras administrativa ante la judicial.

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Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Especial para 90minutos.co

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

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Este miércoles, 24 de abril, el juzgado 17 penal municipal con función de garantías de Medellín, ordenó cinco días de arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y al secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela.

Asimismo, se conoció que tanto Federico Gutiérrez, como el secretario de Educación fueron sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con lo informado, se acusa a los funcionarios de que no habrían cumplido con un fallo de tutela que los obligaba a pagar una licencia de maternidad a una funcionaria del sector educativo.

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Por otro lado, se informó que los días de arresto podrán ser pagados desde sus domicilios. Al parecer este caso fue denunciado desde noviembre de 2023.

Así como también deberán pagar, de manera inmediata, la sanción por desacatar la orden emitida por un juez, que equivale a 6.500.000 pesos.

Respuesta de Federico Gutiérrez

Tras conocer la orden de captura del alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez y secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela; el mandatario de la capital de Antioquia respondió vía X.

“Pagando los platos rotos que generaron los corruptos. (…) El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas por mucho tiempo”.

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Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU
Imagen de archivo de un campesino caminando por una milpa de maíz afectada por falta de lluvia, en el cerro La Mora en el Municipio de Santa Lucía, del departamento de Francisco Morazán, en Honduras. EFE/Gustavo Amador

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

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La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU; que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023.

El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos; con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".

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En total 1,3 millones de personas o el 3% de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda; sobre todo en las zonas rurales "debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos".

Mientras que el 62% de la población migrante o refugiada, 2,9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia; país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá.

En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26,5%, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022; cuando fue del 27,3%. Aunque el número de personas aumentó hasta los 19,7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.

Haití, el más afectado y la situación mejora en Centroamérica

Haití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno; y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4,9 millones de personas. Y es que, el 49 % de la población total, y experimentó un aumento de 166.000 personas con respecto a 2022.

Los motivos que la GNAFC esgrime para que continúe esta situación en el país caribeño son:

"La persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas".

Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son: Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una "disminución moderada" en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria; a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.

Los efectos de la crisis migratoria

El informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno.

Además, el documento señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.

En este sentido, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una "importante crisis de desplazamiento" y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar "por la fuerza" en la región.

En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones; con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.

De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador; y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.

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