La tensión escala en Estados Unidos tras el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional en Los Ángeles, una orden directa del Presidente Donald Trump sin el aval del gobernador de California, Gavin Newsom.
La medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos, encabezadas por Amnistía Internacional (AI), que califica la acción como una grave “militarización del control migratorio”.
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La decisión fue tomada tras el inicio de intensas protestas contra redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que ya han dejado decenas de arrestos y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Una orden sin precedentes en seis décadas
Desde 1965 no se veía un despliegue militar de este tipo sin la aprobación de autoridades estatales. La llegada de las tropas a la ciudad coincidió con la realización de operativos masivos de ICE en lugares públicos como centros comerciales, calles y fábricas.
“Esta administración está dispuesta a hacer lo que sea, incluso usar tropas contra su propia gente, para castigar a quienes defienden los derechos humanos”.
Advirtió Paul O’Brien, director de AI en EE.UU.
Para AI, la presencia militar no busca proteger comunidades sino “aplastar la disidencia e infundir miedo”. La organización advirtió que la intervención viola principios básicos de una democracia y empeora abusos ya documentados:
- Arrestos sin orden judicial.
- Deportaciones masivas.
- Rechazo al debido proceso.
- Separaciones familiares.
- Expulsiones a países peligrosos.
- Represión de la libertad de expresión.
El arresto del líder sindical David Huerta, presidente de SEIU-USWW, por agentes enmascarados del ICE sin orden legal, ha encendido aún más la indignación entre activistas y ciudadanos.
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Protestas, violencia y resistencia ciudadana
La ciudad de Los Ángeles vivió tres noches consecutivas de disturbios, con enfrentamientos entre manifestantes y militares que incluyeron el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y bloqueos viales en el centro y la autopista 101. Incluso se reportaron vehículos Waymo incendiados y saqueos.
Los activistas denuncian que el operativo militar busca frenar la protesta legítima frente a las redadas que, según AI, se fundamentan en el perfilamiento racial y la discriminación sistemática.
El gobernador Gavin Newsom acusó a Trump de violar la Constitución al ignorar su autoridad. En respaldo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió desmilitarizar la ciudad y permitir el derecho a la protesta pacífica.
“Los Ángeles no es una zona de guerra. Es una comunidad diversa que merece respeto y libertad”
Sentenció Bass.
Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a la administración federal para que retire las tropas, detenga las redadas discriminatorias y respete los derechos humanos.
Para la organización, el uso del ejército contra civiles representa una peligrosa señal del rumbo autoritario que ha tomado la política migratoria en EE.UU.
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