En Colombia, 10.682 personas han sido víctimas de minas antipersona desde 1990 hasta la actualidad, siendo el 39 por ciento civiles y 61 por ciento, miembros de la Fuerza Pública, según información de la Fuerza de Tarea Pegaso del Ejército Nacional.
“Se entiende por Contaminación por Armas al resultado de la presencia, uso y abandono de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, armas trampa así como de restos explosivos de guerra y el uso de armas pequeñas ligeras en un territorio en el marco del conflicto armado interno”, así se registra en un comunicado oficial de la Cruz Roja seccional Valle.
Este fenómeno tiene consecuencias humanitarias para la población civil como la muerte, heridas físicas y psicológicas, repercusiones socioeconómicas y en el tejido social a familias y comunidades que habitan zonas rurales y algunos contextos urbanos.
En el Valle del Cauca existen 66 expedientes abiertos de víctimas directas, las cuales presentan también 246 beneficiarios indirectos entre familiares o personas con las que vive. Estos afectados se registran en los municipios de Buenaventura, Jamundí, Pradera, Florida, Palmira, Buga y Tuluá.
Con el fin de reducir el impacto humanitario producido por la contaminación por armas, la Cruz Roja Colombiana hoy lanzó la campaña ‘Seguimos en Pie’, una iniciativa desarrollada por la entidad en convenio con la Cruz Roja Española y la Agencia Española de Cooperación Internacional y que consiste en la realización de talleres de formación, de los cuales se desprenden capacitaciones sobre contaminación por armas, comportamientos seguros, primeros auxilios psicológicos y comunitarios, y ruta de atención.
El programa inició en el 2011 y desde entonces ha beneficiado a 1.950 colombianos.
