La universidad busca un acuerdo para resolver acusaciones de antisemitismo y evitar la pérdida de fondos federales.
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La Universidad de Harvard está en conversaciones con el gobierno de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que le permitiría cerrar la investigación en su contra por supuestas prácticas antisemitas y violaciones a derechos civiles. De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, la institución estaría dispuesta a pagar hasta US$500 millones como parte del trato.
La disputa surgió tras múltiples señalamientos del presidente Donald Trump, quien ha criticado abiertamente a la universidad por permitir discursos y comportamientos que, según su administración, vulneran los derechos de estudiantes judíos. Como medida de presión, el gobierno federal ha congelado fondos públicos y exigido condiciones estrictas para negociar, incluyendo supervisión externa de cumplimiento.
Autonomía universitaria en juego
Harvard ha manifestado su rechazo a algunas de las condiciones impuestas, al considerar que comprometerían la libertad académica y autonomía institucional. No obstante, la universidad continúa en la mesa de negociación ante el riesgo de una grave afectación financiera.
Un memorando reciente del rectorado advierte que las políticas federales, como el aumento de impuestos sobre donaciones y la eliminación de subsidios, podrían reducir el presupuesto anual en cerca de US$1.000 millones.
“Nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre fiscal sin precedentes”.
Indicaron directivos de la institución.
El caso de Harvard no es el único. La Universidad de Columbia llegó la semana pasada a un acuerdo con el gobierno, que ha sido presentado por la administración Trump como modelo para otras instituciones. El presidente incluso sugirió que Harvard debería pagar más que Columbia debido a la magnitud del caso.
La Casa Blanca: “La solución es simple”
Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que las exigencias del gobierno buscan proteger a los estudiantes y restablecer el orden legal:
“Respetar la ley y erradicar el antisemitismo no deberían ser negociables”.
Sin embargo, en una audiencia reciente, la jueza Allison Burroughs puso en duda la legalidad de condicionar fondos públicos a denuncias no judicializadas. Mientras tanto, Harvard advierte que no aceptará imposiciones que afecten su misión educativa.
Además del prestigio institucional, Harvard enfrenta posibles recortes, pérdida de fondos federales para investigación y restricciones al ingreso de estudiantes extranjeros, quienes en el último año representaron el 27,2% de la matrícula.
Por ahora, las conversaciones continúan, con el futuro financiero y la autonomía académica de una de las universidades más prestigiosas del mundo colgando de un hilo.
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