Martes, Junio 19 2018

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Los abusos del hermano bolivariano

Las imágenes que presenta la televisión sobre el drama que atraviesan los colombianos expulsados de Venezuela son tan impactantes que resulta casi imposible escribir sobre este tema de manera tranquila, reposada y reflexiva. Me atrevo a decir que nunca hemos sufrido un trato tan humillante y alevoso por parte de ningún gobierno, ni siquiera cuando …

Los abusos del hermano bolivariano

Las imágenes que presenta la televisión sobre el drama que atraviesan los colombianos expulsados de Venezuela son tan impactantes que resulta casi imposible escribir sobre este tema de manera tranquila, reposada y reflexiva. Me atrevo a decir que nunca hemos sufrido un trato tan humillante y alevoso por parte de ningún gobierno, ni siquiera cuando en Latino América el tema de los derechos humanos era un mero asunto académico.

El método utilizado por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, para expulsar a los colombianos residentes en la frontera, se remonta al siglo XVII cuando en Europa eran exiliados los leprosos, quienes debían renunciar a sus pertenencias antes de partir. La diferencia estriba que en aquella época la iglesia practicaba una ceremonia de expulsión en la cual los lacerados eran escondidos en un sarcófago para evitarles la pena del repudio, mientras que ahora, el  “hermano bolivariano”, utilizó sus tropas para desalojar a la fuerza a los moradores quienes son montados en retroexcavadoras y lanzados a territorio colombiano  como si se tratara de escombros.

Además de expulsar a la fuerza a los colombianos, las tropas de asalto que lucieron sus tácticas militares con niños y mujeres indefensas, hicieron botín con sus pertenencias y luego procedieron a destruir las viviendas. Maduro ha querido justificar este atropello argumentando, con su estilo cantinflesco,  que se trata de una especie de profilaxis de paramilitares aposentados en la línea fronteriza, sin embargo, no ha exhibido una sola prueba que demuestre que los colombianos afectados por la medida tengan algún tipo de vinculación con organizaciones al margen de la ley.

Es evidente que Maduro y quienes aprobaron estas medidas consideran que los migrantes ilegales son parias sin ningún tipo de derechos, demostrando con ello un vergonzoso desconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), según la cual TODOS LOS SERES HUMANOS NACEN LIBRES E IGUALES EN DIGNIDAD Y DERECHOS (artículo primero). El gobierno venezolano ha pisoteado al menos una veintena de instrumentos jurídicos internacionales referidos a los migrantes y los derechos humanos, dando pábulo a la intervención de organismos internacionales que ha no dudarlo deben actuar a instancias del gobierno colombiano.

El presidente Santos no está en capacidad de resolver este grave incidente sin el apoyo de la comunidad internacional y tampoco puede pretender que los colombianos superen la indignación con el remedio de declaraciones tranquilizadoras, mientras el oportunismo político de Uribe enciende los ánimos patrioteros.

La firmeza que predica Santos debe verse reflejada en la denuncia internacional del abuso de Maduro y en la adopción de medidas efectivas que impidan que los colombianos expulsados de Venezuela terminen engrosando los cinturones de miseria de la deteriorada capital Norte Santandereana, donde no están pasando tantas cosa buenas como dice su alcalde.

Es hora de una diplomacia que evite que los guerreristas de ambos lados de la frontera, siempre sedientos de sangre y muerte, instiguen el primer disparo que nos lleve a una confrontación bélica con catastróficas consecuencias para los dos países.

ADDENDA: Los amigos de Maduro deberían leerle y explicarle la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolivar, para que entienda que su comportamiento es profunda y radicalmente anti-bolivariano y deje de invocar al libertador cada vez que comete una violación de los  Derechos Humanos. 

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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