Miércoles, Noviembre 20 2019

.

Lecciones del caso Merlano

La fiscalía es, hoy por hoy, una inmensa aplanadora sin frenos ni dirección. Avasalla sin piedad a inocentes y culpables, por parejo.

Lecciones del caso Merlano
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

CON ADDENDA:  LA HUELGA DE HAMBRE DE JORGE IVAN OSPINA

Tras la puesta en libertad de la hija de Aida Merlano y su odontólogo, por parte de una jueza de control de garantías de Bogotá, el Fiscal General de la Nación (encargado), Fabio Espitia, reconoció que la decisión de la funcionaria estaba ajustada a derecho y puso en entredicho la idoneidad de los investigadores que llevaban el caso.

El mea culpa del fiscal obedeció a la publicidad que tuvo el caso. Pese a la solicitud de la fiscalía de realizar, a puerta cerrada, las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, la jueza, dispuso que fueran públicas y permitió a los medios de comunicación que registraran el desarrollo de las mismas.

Gracias a la publicidad los colombianos conocimos de manera directa los dislates, equivocaciones y abusos en que incurrieron los funcionarios investigadores.

Más allá de las falencias argumentativas en que incurrieron los fiscales y la ridícula utilización de las series de Neflix para demostrar que la fuga había sido preparada,  uno de los hechos más graves, que refirió la juez, fue que los fiscales acudieron a varios jueces de garantías para solicitar la captura de los implicados, hasta que dieron con un juez que las expidió.

Los jueces de control de garantías nacieron a la vida jurídica con el propósito de garantizar el respeto de las garantías y derechos de las personas que son objeto de una investigación penal, sin embargo, con el paso del tiempo, se han convertido en una especie de notarios de los fiscales, validando todas sus actuaciones.

De poco han servido las capacitaciones, conferencias, talleres, etc.,  que permanentemente les imparte la Escuela Judicial. Puestos en escena, legalizan capturas abiertamente ilegales, validan imputaciones carentes de las mínimas formalidades legales e imponen medidas de aseguramiento a destajo, sin mayores consideraciones, hacinando las cárceles con personas que perfectamente podrían enfrentar sus procesos en libertad.

La pregunta obvia es: ¿por qué estos jueces no han cumplido con su misión?

La primera y poderosa razón es que la fiscalía además de actuar como sujeto procesal, en igualdad de circunstancias que la defensa, tiene la potestad de investigar y acusar a los jueces, también a los magistrados.

A lo largo de estos últimos años, muchos jueces de garantías han tenido que enfrentar procesos penales por prevaricato, por el solo hecho de no acoger las solicitudes de los fiscales. De ahí que en el ambiente judicial se diga que los jueces prefieren “enviar a la cárcel a un inocente, antes que enfrentar un proceso penal”.

Le puede interesar: 

El vía crucis del santo varón Arias

Mientras la fiscalía tenga esta facultad de investigación y acusación de los miembros de la judicatura, serán muy pocos los funcionarios judiciales que se atrevan a tomar una decisión en derecho, especialmente en los casos que despiertan el interés de los medios de comunicación.

La fiscalía es, hoy por hoy, una inmensa aplanadora sin frenos ni dirección. Avasalla sin piedad a inocentes y culpables, por parejo. Somete al escarnio público a las personas objeto de investigación penal, mediante el despliegue informativo de su poderosa oficina de prensa,  sin haberles permitido la posibilidad de ser oídas y vencidas en juicio y cuando estás son declaradas inocentes, guarda total silencio, negándoles el derecho a restablecer en algo su buen nombre.

La fiscalía perdió hace mucho tiempo su misión constitucional de investigar y acusar a los infractores de ley penal, de conformidad con las normas establecidas, para convertirse en una amenaza a las garantías y los derechos de todos los ciudadanos.

En 2011 el Estado fue condenado a pagar, por concepto de indemnizaciones derivadas de errores cometidos por la fiscalía, 89 mil millones de pesos, en 2012 la suma fue de 70 mil millones, 280 mil millones en 2013, 727 mil millones en 2014, 407 mil millones en 2015, 245 mil millones en 2016, 3 mil millones en 2017, hasta mediados del año 2018 la suma era de 29 mil millones de pesos.

Hay quienes plantean que la solución para evitar que los fiscales y jueces de control de garantías sigan incurriendo en abusos es vincularlos a las demandas contra el Estado para que respondan con su peculio. La idea es plausible, pero si lo que se busca es erradicar el fenómeno de tajo, debe llevarse a cabo una reforma constitucional mediante la cual se cree un órgano especial  de investigación y juzgamiento para jueces y fiscales. Mientras la judicatura no goce de autonomía e independencia, seguirán ocurriendo abusos y atropellos a granel.

Los despropósitos de la fiscalía, además de menguar los recursos del Estado, debido a las cuantiosas indemnizaciones que debe pagar a las víctimas, generan pérdida de respeto y credibilidad en la institucionalidad judicial.

La justicia es lo que los ciudadanos queremos que sea. Si abusa es debido a nuestra complicidad o temor, pero también a la falta de información. Pudimos escuchar al fiscal del caso Merlano divagar en el mundo de las tonterías, gracias a los medios de comunicación. Si la prensa tuviera por disciplina asistir a las audiencias y difundir lo que allí ocurre, quedaría al descubierto la precaria formación de muchos fiscales, pero también la connivencia que estos tienen con los jueces. Esto ayudaría a exigir al legislador una reforma del sistema penal acusatorio y evitaría que siguieran cometiéndose flagrantes injusticias.

La hija de Merlano y el odontólogo, pasaron de probables intervinientes de un delito a víctimas del sistema judicial. Eso pasa cuando el Estado abusa de los ciudadanos, independientemente de las faltas en que hayan incurrido. Mientras esto siga así, los criminales tendrán la excusa para victimizarse y los inocentes que soportar con resignación las más brutales injusticias.

ADDENDA. Jorge Iván Ospina, comete un grave error al responder la citación a juicio, que le hizo un juez de la república, con una huelga de hambre. Con su trayectoria debería tener conciencia de la importancia de atender  las citaciones judiciales. Como ciudadano tiene derecho a cuestionar el sistema legal y judicial, pero eso no lo habilita a desacatar o cuestionar, a priori, al juez que lo va a juzgar, quien dicho sea de paso, es una persona honesta, estudiosa, garantista e incorruptible.  Mal ejemplo para la sociedad, que espera de sus dirigentes mesura y respeto al sistema judicial.

Vea también: 

Duque juega a ser presidente y Maduro a la guerra

Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

Noticias Relacionadas