Sábado, Agosto 24 2019

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Las miserias del Sistema Penal Acusatorio

Como demostraré en mis columnas, el sistema penal acusatorio incrementó la corrupción en la fiscalía al imponer durante la fase de investigación un secretismo innecesario y dejar en manos de los investigadores el recaudo de los elementos materiales de prueba.

Las miserias del Sistema Penal Acusatorio
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

El origen del sistema penal acusatorio en Colombia se puede contar en pocas líneas y deja en evidencia la sumisión de nuestros dirigentes a la voluntad de los norteamericanos.

A comienzos de este siglo el gobierno de Andrés Pastrana contó con la ayuda económica de los EEUU, a través del Plan Colombia, destinada en buena parte al fortalecimiento de la fuerza pública. Todo marchaba sin novedad hasta que los gringos le recordaron al presidente tropical que uno de los compromisos que había asumido era el cambio del sistema procesal penal colombiano, con el “fin de hacer más efectiva la colaboración entre los dos gobiernos en la lucha contra el crimen transnacional”.

En varias ocasiones se había intentado un cambio del sistema procesal penal, pero el asunto había terminado en modificaciones insustanciales. Los EEUU tenían previsto implantar en los países de América Latina  su modelo de justicia, conocido como sistema penal acusatorio, y encontraron la oportunidad para imponerlo en Colombia.  Un arrogante funcionario de USAID nos explicó a un grupo de fiscales que fue lo que ocurrió: “mi gobierno le dijo al presidente Pastrana: no le vamos a enviar más plata del Plan Colombia hasta que cumpla la promesa de incorporar el sistema penal acusatorio.”

Pastrana muy obediente, curiosamente ahora lo es más, se reunió con el fiscal de entonces, el muy tristemente recordado LUIS CAMILO OSORIO, quien creó una comisión mixta, compuesta por miembros de la fiscalía y amigos suyos, quienes, haciendo alarde de unas dotes sobrehumanas para la “copialina”, “fusilaron” el sistema penal acusatorio existente en el Estado Libre Asociado (de EEUU) de Puerto Rico.

Los victoriosos copistas regresaron a su patria cargando en sus maletas el crisol del derecho procesal penal y sin haberlo leído siquiera lo entregaron a una avanzada de congresistas,  quienes  entusiasmados convirtieron “el conocimiento conquistado” por los astutos criollos en la ley 906 de 2004, y la bautizaron “Sistema Penal Acusatorio”.

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Pastrana obtuvo el dinero del Plan Colombia a cambio de un sistema procesal penal que terminaría convertido, con el paso de los años, en el más grande fraude a la justicia colombiana.

Terminaré este recuento histórico señalando que lo grave no es que hubiéramos copiado el sistema penal de Puerto Rico, sino que incorporamos a nuestra cultura jurídica una forma muy diferente de pensar el derecho penal. Los fiscales abandonaron la búsqueda de la verdad para convertirse en “acusadores puros”, cuyo objetivo es ganar los casos ante los jueces, haciendo uso de argucias que otrora eran patrimonio exclusivo de abogados defensores indecentes.

Como demostraré en mis columnas, el sistema penal acusatorio incrementó la corrupción en la fiscalía al imponer durante la fase de investigación un secretismo innecesario y dejar en manos de los investigadores el recaudo de los elementos materiales de prueba.

La justicia penal colombina se convirtió en una de las más costosas de América Latina. Para contar con una buena defensa se requiere disponer de dinero suficiente para pagar los honorarios del defensor y su equipo de investigación. La otra opción es la Defensoría Pública que cuenta con excelentes abogados, pero atiborrados de trabajo lo cual limita el tiempo que pueden dedicar al estudio y preparación de los casos.

Tal y como se previó, la fiscalía adquirió un mayor poder. Paradójicamente en lugar de fortalecer la justicia penal la debilitó debido a los excesos, abusos y arbitrariedades en que permanentemente incurren los fiscales. La fiscalía atraviesa por el peor momento de su historia, en parte debido a los escándalos en que se han visto inmersos los fiscales generales y sus más cercanos colaboradores, pero también porque los ciudadanos ven en la fiscalía una especie de ogro que devora por igual a justos y pecadores.

Debido a fiscales corruptos o faltos de criterio y conocimientos jurídicos muchos colombianos inocentes están actualmente privados de la libertad.

La lucha por una justicia impoluta,  imparcial, respetuosa de los derechos y las garantías de los ciudadanos, se lleva a cabo diariamente en los juzgados, tribunales y salas de la Corte. Sin embargo, estos escenarios son cada vez más ajenos a la búsqueda de la verdad y la justicia. También las decisiones de los jueces y magistrados se han visto contaminadas de la nueva manera de pensar el derecho, según la cual es preferible condenar a un inocente que correr el riesgo de dejar en libertad a un culpable.

A partir de ahora, mis columnas de opinión estarán dirigidas a demostrar la afirmación que plantee en párrafos anteriores: el sistema penal acusatorio es el más grande fraude a la justicia colombiana, respaldando mis argumentos con la explicación de la ley (en un lenguaje sencillo), la exposición de casos concretos y los pronunciamientos de los jueces, tribunales y las cortes (jurisprudencia).

Quienes quieran hacer algún aporte, comentario, opinión o presentar algún caso, con el fin de refutar o respaldar  mi tesis,  pueden escribirme al correo [email protected]

Me propongo contribuir a un debate abierto y franco sobre el sistema penal acusatorio, convencido que esconder sus miserias y escombros bajo la alfombra solo contribuye a profundizar la crisis de la justicia colombiana.

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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