Jueves, Junio 21 2018

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La inseguridad no es culpa de los jueces

El problema (del aumento de la criminalidad) estriba al menos en tres aspectos: 1. Escaso pie de fuerza de la policía. 2.  Precaria labor de inteligencia, debido a la falta de presupuesto y personal.    3. Corrupción policial.

La inseguridad no es culpa de los jueces
Crédito de foto: David Vega especial para 90minutos.co

El aumento de la criminalidad en las principales ciudades del país ha puesto a los mandatarios locales  y a sus funcionarios a dar explicaciones;  la más utilizada es que la culpa la tienen los jueces de la república porque dejan libres a los delincuentes.

En momentos en que la Rama Judicial atraviesa el peor momento de su historia debido a los continuos y graves problemas de corrupción en que se han visto involucrados, jueces y magistrados, el señalamiento cae como anillo al dedo. Muchos consideran que gracias a la corrupción los jueces tienen instalada una especie de puerta giratoria en sus despachos que facilita la pronta salida de los delincuentes, pese a las “pruebas” aportadas por los acuciosos fiscales.

En suma: el incremento imparable de la delincuencia es culpa de la administración de justicia. Esto explica porque ha tomado fuerza el ejercicio de la mal denominada justicia privada o de mano propia.

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Son innumerables los casos de delincuentes asesinados o lesionados gravemente por turbas enfurecidas de ciudadanos que inmediatamente reciben el aplauso del público.

Los linchamientos circulan en las redes sociales para satisfacción del morbo colectivo y para educar a las personas, en un país donde algunos hacen pedagogía quemando libros y otros masacrando delincuentes en la vía pública.

No podemos negar que en algunos casos los jueces incurren en graves errores al dejar libres a personas que representan un verdadero peligro para la sociedad; sin embargo, lo que desconocen los “expertos” que cuestionan la actividad judicial es que en la mayoría de los casos, por dar “el positivo” o por falta de conocimiento, los fiscales presentan ante los jueces casos sin el mínimo de pruebas necesarias para que una persona sea privada de la libertad. Cuando esto sucede, la Fiscalía pone en práctica la estrategia de “Pilatos”: se lava las manos y lanza la opinión pública contra el funcionario judicial.

En honor a la verdad los fiscales tampoco son responsables de la criminalidad que tiene asustados a los ciudadanos en las principales ciudades del país.

Si prestamos atención, nos damos cuenta que el problema estriba al menos en tres aspectos: 1. Escaso pie de fuerza de la policía 2.  Precaria labor de inteligencia, debido a la falta de presupuesto y personal    3. Corrupción policial 4. Divorcio entre la ciudadanía y las autoridades.

No voy aburrirlos con estadísticas, pero alcaldes y gobernadores, de todo el país, se quejan constantemente de la falta de pie de fuerza de la policía. Los delincuentes, especialmente quienes integran las organizaciones criminales, son conocedores de esta realidad y aprovechan la falta de vigilancia policiva para cometer sus fechorías en lugares emblemáticos de las grandes ciudades.

Nadie se siente seguro en un restaurante por exclusivo que sea, ni en un centro comercial. En Cali, por ejemplo, las personas no frecuentan ciertos centros comerciales a determinadas horas del día, por miedo a que los sorprenda una balacera.  La cosa es peor en los barrios y comunas populares donde se impone la ley del más fuerte.

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Aumentar el número efectivo de policías es necesidad imperiosa. De igual manera debe mejorarse el trabajo de inteligencia de la policía. Es absurdo que las investigaciones contra organizaciones criminales sigan haciéndose, principalmente, desde Bogotá. Tal parece que esto se debe a desconfianza de los mandos institucionales en la policía de las regiones, pero sobre todo a la falta  de presupuesto.

Con frecuencia miembros de la policía resultan comprometidos con las organizaciones delincuenciales; sin embargo, la solución no es vetar o restringir la labor de las sedes regionales de la policía sino profundizar en los controles internos y expulsar de la institución a los malos elementos. Desde hace mucho tiempo se viene insistiendo en la creación de sedes de inteligencia de la policía en las principales ciudades, con suficiente presupuesto y personal. Mientras eso no ocurra la delincuencia no será impactada en forma significativa.

Por último, hay que superar el abismo que existe entre la policía y la ciudadanía. Después de los salvajes atentados del ELN que costaron la vida a varios miembros de la policía, me llamó la atención la poca solidaridad ciudadana con las familias de los uniformados y con la institución policial.

Le pregunté a un policía a que se debía esto y sin pensarlo dos veces me dijo que la gente no respetaba a la policía, que incluso los odiaba, debido a los Derechos Humanos, “es que ahora con el cuento de los Derechos Humanos los policías estamos maniatados, mire en cambio en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, allí los policías son respetados porque no hay Derechos Humanos.” Quiero decir que he escuchado el mismo argumento en boca de otros policías, algunos de ellos con rango y trayectoria.

Durante el mandato de Uribe, se desmontó la policía comunitaria, pues los policías tenían que salir a las calles y reportar capturas. Fue el inicio de los falsos positivos y el fin de la relación entre la policía y la comunidad. Ahora, con la policía del cuadrante se pretende retomar la filosofía de la policía comunitaria, pero la realidad es que se trata de una fuerza reactiva y no preventiva.

La policía debe regresar a los barrios, integrarse con el vecindario, intervenir en los pequeños y grandes conflictos de la comunidad, orientando, ayudando, vigilando y promoviendo el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, de los cuales son los principales garantes. De esta manera los policías serán vistos de nuevo como la primera autoridad del Estado y no como meros instrumentos de fuerza y represión.

Si queremos buscar responsables de la inseguridad que sea para ayudar a resolver el problema y no para ahondar en la crisis de la justicia a sabiendas de que las causas están en otra parte.

La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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