Viernes, Julio 20 2018

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La Bacrim de la justicia

En cuanto al fiscal, es claro que su compromiso con los principales actores de la corrupción en la Rama Judicial y sus cuestionadas y erráticas actuaciones, lo han convertido en el peor fiscal en la historia del país.

La Bacrim de la justicia
Crédito de foto: David Vega especial para 90minutos.co

La corrupción se enquistó en las altas esferas de la Rama Judicial. Debido a la total ausencia de control efectivo y gracias a la politización y el compadrazgo, magistrados de las altas Cortes y miembros encumbrados de la fiscalía crearon un perverso círculo de poder alimentado y retroalimentado por ellos mismos, mediante el sistema conocido como puerta giratoria. Tal y como ha quedado al descubierto en el caso del corrupto ex fiscal anti-corrupción Gustavo Moreno, esto permitió que se crearan verdaderas estructuras criminales, integradas por Magistrados, fiscales y abogados deshonestos, dedicadas a favorecer con impunidad a toda suerte de criminales.

Se equivocan quienes afirman que la corrupción en la Rama Judicial es culpa de la sociedad.

El sistema judicial colombiano, al contrario de lo que sucede en otros países, otorga inmunidad a los miembros de las altas corporaciones de justicia y de la fiscalía, pues todo el mundo sabe que en la Comisión de Acusaciones las investigaciones contra los aforados se resuelven políticamente y que a lo largo de la historia solamente ha producido la acusación del Magistrado Pretelt, debido a la presión mediática que tuvo el bochornoso caso de las coimas que supuestamente recibió. En consecuencia, tenemos altos administradores de justicia desprovistos de control, que hacen y deshacen, dilapidan el presupuesto o lo regalan a sus queridas, como lo hizo el fatídico ex fiscal Eduardo Montealegre y dictan sentencias amañadas, muchas veces de manera abierta y descarada, sin que corran el más mínimo riesgo de ser investigados y juzgados por sus actos.

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A propósito de Montealegre, el hecho de que no esté tras las rejas, pese a la torcida “contratación secreta” que realizó con su amada Tocarruncho, demuestra que la corrupción hace parte del diseño mismo del sistema y que no es un fenómeno accidental provocado por personajes excepcionales, ni culpa de la sociedad como se ha querido señalar.

También yerran quienes sostienen que la corrupción en la justicia obedece a la falta de formación de los abogados en ética y valores democráticos.

Si revisamos las hojas de vida de los magistrados y fiscales salpicados en los recientes casos de corrupción, podemos advertir que son egresados de las más prestigiosas universidades del país y que además han llevado a cabo maestrías y doctorados en el exterior. Volviendo a Montealegre se sabe que estudio en Alemania, pero nadie duda de su baja estatura ética y moral.

El discurso de la ética y los valores, no es otra cosa que un discurso para adornar los libros y las conferencias. En la práctica, de nada vale la información que se tenga al respecto, si el sujeto no tiene la voluntad de ser coherente para trazar su proyecto de vida a partir de una reflexión permanente sobre las consecuencias de sus actos. Bustos dictaba clases de ética en sus intervenciones mientras lideraba una bacrim judicial.

Dejemos la gazmoñería y las lamentaciones a un lado. A grandes males grandes remedios. No podemos esperar que el gobierno, comprometido hasta la medula en la corrupción, o el Congreso, integrado, en buena parte por los corruptos que negocian con la bacrim judicial, saquen al país de este predicamento. La sociedad civil tiene la palabra. Es preciso entender que estamos frente a una verdadera tragedia nacional y que vamos rumbo al despeñadero. Las generaciones futuras nos juzgarán por lo que hagamos o dejemos de hacer  ahora. Guardar silencio, quedarnos a la expectativa o sucumbir impotentes significa darle el triunfo a los corruptos e instalar una cleptocracia, con la anuencia del pueblo.

Exijamos la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la Nación (don fiscal general) como un muestra respeto a la inmensa mayoría de colombianos que somos cero-tolerantes frente a la corrupción. Es evidente que no todos los magistrados de la Corte están comprometidos en la bacrim judicial, precisamente por esa razón quienes están libres de pecado deben dar muestras de decoro y promover una renuncia colectiva que obligue a la convocatoria inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente, con el único fin de rediseñar el sistema judicial, para  proveerlo, entre otras cosas, de mecanismos de control expeditos y efectivos y hacer más eficiente la prestación del servicio.

En cuanto al fiscal, es claro que su compromiso con los principales actores de la corrupción en la Rama Judicial y sus cuestionadas y erráticas actuaciones, lo han convertido en el peor fiscal en la historia del país, por encima de Osorio y Montealegre, que es mucho decir.

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Don fiscal NHMartínez perdió la confianza de los colombianos. Su permanencia en el cargo solamente contribuye a profundizar la crisis en la justicia, alejando cualquier posibilidad de solución.

El Tribunal de Aforados, aunque una buena iniciativa, de nada servirá si la puerta giratoria sigue funcionando y las Cortes no son despolitizadas. Ojala los encargados de proveer los cargos en la Justicia Especial para la Paz no caigan en la trampa de nombrar magistrados a quienes provienen de altos cargos de la Rama Judicial y la Fiscalía, porque estarían instalando el mismo sistema que ayudó a corromper a la justicia colombiana.

Hagamos llegar nuestra indignación y reclamo a los oídos de los altos jerarcas de las Cortes y la fiscalía. Que escuchen la voz del pueblo en las calles reclamando justicia.

Si la corrupción es un cáncer que corroe la democracia y deslegitima las instituciones, la corrupción en la justicia es una peste que infecta a la sociedad y abre las puertas al caos y  la barbarie. La hora es ahora.

La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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