El viernes 14 de enero, la Procuraduría General de la Nación, dio a conocer el comunicado dirigido a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín y el alcalde Daniel Quintero; a que se abstengan de participar a favor, en contra o promulgar el desentendimiento a la revocatoria del mandatario de la capital de Antioquia.
La invitación de la Procuraduría hacia los secretarios de despacho, gerentes, trabajadores y demás integrantes de la Alcaldía; a no participar en actividades y controversias políticas, referentes a la revocatoria del alcalde Daniel Quintero.
Dentro del comunicado, se establece que es responsabilidad de la entidad superior de Medellín; el garantizar el correcto y buen comportamiento de los servidores públicos, teniendo presente o establecido por la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia.
Conforme a estos lineamientos establecidos en el texto emitido por la Procuraduría, este se basa en el artículo 127 Constitucional, en donde se emite; la prohibición de que empleados de Estado que se desempeñan en la Rama Judicial, participen en actividades de partidos y movimientos políticos.
De presentarse casos en donde interfiera algún funcionario público, se le adjudicarían ciertos delitos; manifestados en el artículo 422 de la Ley 599 de 2000; y otros delitos emitidos en la Ley 1864 de 2917.
Asimismo, los cargos que puede tener son, voto fraudulento, alteración de resultados electorales, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, entre otras.
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El comunicado concluye, con el numeral 40 de la Ley 734 de 2002; en donde se establece que “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en proceso electorales de carácter político partidista”; por lo tanto, puede repercutir como una de las penas más graves según lo amerita el contexto.
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