Luego de investigaciones de la Fiscalía, en medio de una audiencia se judicializó al alcalde municipal de Candelaria, Valle y a un contratista de su Administración por supuestas irregularidades en la adquisición de insumos de asepsia durante la pandemia.
Los afectados con esta medida, el alcalde, Jorge Eliécer Ramírez Mosquera, y el contratista, Alexander Chacón, representante legal de la empresa C.A.C. Químicos; que, al parecer, cometieron estos delitos en el año 2020; cuando la pandemia aún estaba en su punto alto.
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La Fiscalía le imputó cargos al alcalde de Candelaria y al contratista por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y peculado por apropiación, en calidad de coautores.
Asimismo, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento, lo que el juez no aceptó; por lo que dejó el libertad a los acusados, pero siguen vinculados al proceso.
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Posible detrimento de $23 millones
La investigación hecha por agentes del CTI indicó las posibles inconsistencias en los contratos No. 203-13-11-002 del 27 de marzo de 2020, por $88'847.732 de pesos; y el No. 203-13-11-003 del 14 de mayo de 2020; por $74.723.289 de pesos. Al parecer, este dinero iba a ser utilizado para el suministro de insumos de asepsia para el personal de la administración municipal por el covid-19.
Primero, las autoridades determinaron que el primer contrato, según las actividades registradas en Cámara de Comercio por parte de C.A.C. Químicos; "no guardaban ninguna relación con el objeto contractual, y la firma no era idónea para ejecutarlo".
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Con el segundo, los investigaciones comprobaron que entre algunas de las actividades estaba el suministro de los insumos y la transformación de otros.
“A la Alcaldía de Candelaria le hicieron una donación de alcohol que se encontraba en un 70 % de concentración, lo que significa que este no requería del ítem de transformación; este servicio hubiera sido necesario si el alcohol lo hubieran donado a una concentración de 99.6 % o más”; dijeron las autoridades.
Debido a esto, se estimó un detrimento de $23 millones de pesos al erario del municipio; según recalcó la entidad acusadora.
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