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Investigan presunta cartelización en servicio de aseo en Yumbo

Investigan presunta cartelización en servicio de aseo en Yumbo

Especial para 90minutos.co

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló un pliego de cargos contra la empresa Yumbo Limpio, a su representante legal para la época (2016 - 2019) y el exalcalde municipal de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano Castillo.  

¿Qué indican las investigaciones?

Al parecer, la empresa de aseo y la Alcaldía, habrían adelantado una serie de prácticas destinadas a impedir el ingreso y limitar la competencia en igualdad de condiciones de otros prestadores interesados en el servicio de aseo en ese municipio; restringiendo así la libre elección de los usuarios para escoger el prestador de su preferencia.

“Dichas gestiones incluirían la asignación irregular de contratos de condiciones uniformes y la entrega de la totalidad del catastro de usuarios del servicio del municipio a Yumbo Limpio, para que se realizara la facturación conjunta exclusivamente a su favor”.

Comentó el Superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto González.

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De acuerdo con el funcionario, se habría vulnerado gravemente la libertad de elección de los usuarios al no respetar las vinculaciones de estos a otras empresas prestadoras del servicio y al imponerles cobros por servicios no prestados.

Documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio

Al respecto, el superintendente de Industria, Andrés Barreto, dijo que “lo anterior se dio pese a que había iniciado un esquema de prestación bajo la modalidad de libre competencia, debido a la finalización del Área de Servicio Exclusivo que estuvo vigente de 2011 a 2019”.

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De acuerdo con las autoridades, los implicados habrían violado lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, por haber adelantado una serie de prácticas anticompetitivas; que habrían obstaculizado el ingreso de otros competidores.

Por este motivo, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos; por cada infracción para personas jurídicas y de hasta 2.000 salarios mínimos por cada infracción para personas naturales.

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