La minga indígena y la Fiscalía General de la Nación se reunieron este jueves, 17 de junio, en Popayán; con el fin de socializar los procesos investigativos que está realizando la entidad acusadora contra algunos miembros de la comunidad indígena.
Según la Fiscalía, la reunión fue “con el ánimo de escuchar y crear una instancia para que esa comunidad pudiera tener información y seguimiento frente a las judicializaciones realizadas por el ente acusador contra miembros de ese grupo; que hubiesen cometido delitos durante la legítima protesta social que se realizó en Colombia desde el día 28 de abril”.
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Además, la organización estatal dijo que en la reunión con la minga recalcó que “el límite de la protesta social en Colombia es el delito”.
Frente a la posición de la Fiscalía, la minga habría “considerado insuficiente el apoyo institucional que le ofreció la Fiscalía”. Además, la agrupación indígena habría planteado que “el ente acusador firmara un texto para crear mecanismos paralelos”; según informó la entidad del Estado.
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¿Petición ilegal?
De acuerdo a esta solicitud, el ente acusador la calificó como una petición “a todas luces ilegal e inconstitucional y que hacía declinar la función investigadora de la Fiscalía”. En ese sentido, argumentaron con lo anterior la razón por la que la entidad abandonó la reunión con la minga.
Además, la organización investigadora aseguró que, en medio del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril; “ha garantizado la debida diligencia en las investigaciones por los hechos delictivos”.
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Recalcando, también, que su organización “es una institución que pertenece a la rama judicial y no al poder ejecutivo. Por lo tanto, goza de independencia y autonomía a la hora de adelantar las investigaciones”.
Aunque se desconocen declaraciones de la minga indígena frente a lo sucedido en la reunión, se conoce que las dos partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que la mesa de diálogo se levantó tras de la retirada de la Fiscalía.
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