Ariel Palacios Calderón, gobernador de Chocó, estaría implicado en un presunto caso de corrupción en contratos celebrados durante la pandemia del covid-19. Por este hecho, la Corte Supresa de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, le impusieron medida de aseguramiento en el lugar de residencia.
Por esta medida, Ariel Palacios no podrá seguir vinculado a su cargo como Gobernador del departamento de Chocó, pues de inmediato se expidió una orden de captura para hacer efectiva la detención preventiva.
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De acuerdo al informe revelado por la Fiscalía General de la Nación, Palacios declaró la urgencia manifiesta en el departamento de Chocó mediante el decreto 0081 del 20 de marzo de 2020. Esto le permitía a su gobierno disponer de recursos adicionales y cubrir programas de salud pública para atender las necesidades ocasionadas por el covid-19.
Según el ente investigador, Ariel Palacios Calderón, valiéndose de este amparo administrativo, habría celebrado de manera directa el contrato 003 del 3 de abril de 2020.
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El contrato buscaba adquirir elementos de bioseguridad por un valor de $220’375.148. La modalidad de contratación estaba permitida ante el estado de emergencia que enfrenta el país; sin embargo, el material de prueba obtenido por la Fiscalía puso en evidencia varias inconsistencias como:
- Ausencia de motivación y descripción de la necesidad, cantidad, tipo y destinación de los artículos.
- Presuntas falsedades en la etapa precontractual.
- Falta de idoneidad del contratista.
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Igualmente, la Fiscalía detalló que, durante el proceso investigativo contra el Gobernador de Chocó, se pudo determinar que el mandatario no remitió a la Contraloría General de la República el decreto con el que declaró la urgencia manifiesta.
Igualmente, habría ignorado el envío de los soportes del proceso de contratación directa, como lo establece la normatividad vigente ante la Contraloría.
Esta exigencia legal se cumplió luego de que la Fiscalía solicitó el sustento de la referida actuación.
Con dicho material probatorio contra Palacios, la Fiscalía determinó imputarle cargos por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por omisión. El Gobernador de Chocó no aceptó los cargos.
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