'El cartel de la evasión del IVA', de esta manera era conocida la denominada red criminal que fue desmantelada por parte de las autoridades, esta venía defraudando al estado de manera sistémica, utilizando la falsificación de facturas y a su vez la creación de empresas fachada, por las cuales se dedicaban a la reclamación ilícita de impuestos IVA, más de 2,3 billones de pesos fueron los que esta red criminal lograría obtener con esta práctica ilícita.
La presunta red comercializaba facturas falsas con la finalidad de registrar bienes y servicios, los cuales nunca fueron transferidos, Olga Lucía Díaz Guzmán sería la mujer señalada como la presunta líder de esta organización; se estima que fueron creadas 15 empresas, las cuales eran utilizadas para las operaciones ilegales, estas tenían como domicilio comercial una bodega desocupada en la ciudad de Bogotá, a su vez servía como centro de coordinación y registro para la emisión de las facturas fraudulentas.
La cabeza líder de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en el comercio para formar toda esta estructura, en la cual involucró profesionales con avanzados conocimientos en temas contables, tributarios y fiscales, también incluyó a toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.
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Durante las investigaciones adelantadas fue posible evidenciar que una sola de las empresas creadas por este cartel llevó a cabo obras irregulares y operaciones de comercio ficticio por más de 40.000 millones de pesos al año.
También se registran más de 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para poder lograr apoderarse de los dineros pagados a los contribuyentes.
Teniendo en cuenta todas las pruebas y elementos recaudados, un juez de la República respaldó y autorizó las respectivas órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, contra los ocho presuntos integrantes de la red criminal, estas se realizaron con 17 diligencias de allanamiento en las ciudades de Bogotá, Villavicencio (Meta) y Barrancabermeja (Santander).
Los capturados ya fueron puestos a disposición del ente acusador, respondiendo ante las autoridades competentes por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, en concurso heterogéneo con el delito de concierto para delinquir, y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, esto les podría dar de entre 8 y 18 años de prisión.
Los 2.3 billones de pesos de afectación económica por parte de este cartel, equivalen a los recursos con los que se hubieran podido construir más de 10 hospitales de nivel 1, invertir 5 veces más, en el sector del deporte e incluso financiar todo el sector agropecuario por todo un año.
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