Avanzan las investigaciones de alto nivel en Colombia para intentar determinar qué ocurrió con el caso de presunto hackeo a material confidencial de la Fiscalía General de la Nación. Además, determinar los sujetos que estarían detrás de esta actuación que en el país se ha denominado ‘Guacamaya Leaks’.
Este sería un caso único en Colombia, pues hasta el momento no se tienen registros de un hecho similar; de la magnitud como los archivos que fueron extraídos de la base de datos de la Fiscalía.
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Semanas atrás se conoció que un grupo activista en redes, conocido como Guacamaya, logró dejar en descubierto miles de correos electrónicos con información confidencial y del alto nivel de privacidad de la Fiscalía. Al parecer, dicho material sería información de los últimos dos años de procesos internos, investigaciones propias y comunicación judicial con otras entidades del mismo nivel de importancia como el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Dicha información liberada por el grupo activista estaría compuesta de asuntos privados, secretos y de alta sensibilidad para la seguridad del país. El presunto hackeo a la entidad encargada de la justicia de Colombia, tendría miles de carpetas y documentos con un tamaño de 5 teras de capacidad; por lo que anuncia que son millones los documentos publicados en esta actividad.
De acuerdo a lo establecido, este robo de información habría estado acompañada de varios ataques cibernéticos; que hoy son analizados penalmente por una comisión especial pedida exclusivamente por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
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Esta comisión es integrada por fiscales con especialidad en delitos informáticos; detectives y peritos con experiencia forense, que, utilizando la más avanzada tecnología con la que cuenta el ente investigador; intentarán establecer el origen del ataque.
Expertos del Cuerpo Técnico de Investigación adelantan un rastreo total para establecer qué sucedió con los supuestos hackeos en la Fiscalía General de la Nación al igual que; tratan de determinar quiénes estarían detrás de estos hechos que han sido llamados ‘Guacamaya Leaks’.
Los supuestos hackeos de Información clave en procesos judiciales; incluyen correos electrónicos y demás.
También se conoció que, se habrían presentado varios ataques cibernéticos que están siendo investigados penalmente por una comisión especial que por orden del fiscal general Francisco Barbosa; está integrada por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense que, junto con herramientas tecnológicas de última generación; adelantan la verificación de los hechos.
Actualmente, la Fiscalía General tiene contrato celebrado con Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S. con el que advirtió “tiene garantizada la seguridad de su infraestructura tecnológica y activos de información, obligaciones del contratista que están respaldadas con las respectivas pólizas de cumplimiento; calidad y responsabilidad civil extracontractual que se encuentran vigentes”.
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También dijo que desde mediados del mes de octubre se abrió “una investigación penal para esclarecer la presunta ocurrencia del evento de seguridad; disponiéndose la conformación de un equipo interdisciplinario encabezado por fiscales especializados en delitos informáticos e investigadores y peritos con amplia experiencia forense en la materia; el cual tendrá a su alcance los medios tecnológicos de última generación para realizar las verificaciones necesarias”.
Igualmente, informaron que se abrió una actuación administrativa para definir si el contratista tiene alguna responsabilidad en el presunto ataque cibernético.
Además, el análisis de toda esta base de datos podría superar cualquier capacidad de alguna casa editorial o de algún grupo de investigadores. Los datos expuestos por la Fiscalía han estado en línea desde el siete de agosto de este año.
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