Se conoció que fue aplazada la audiencia, que estaba programada para este viernes, en contra del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, en la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, no se conoce los motivos por los que se postergó la audiencia y están siendo investigados.
De igual manera, se desconoce la nueva fecha del encuentro.
Por otro lado, en redes sociales, se conocieron especulaciones sobre la razón por la que no se llevó a cabo la audiencia, en las que dicen que, al parecer, Juan Carlos Abadía presentó una excusa médica para no acudir a la cita.
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Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada. Es importante recordar que, el exgobernador fue acusado por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
De acuerdo con El Tiempo, el exmandatario será condenado por la Sala de Primera Instancia por los hechos que se remontan al año 2010, cuando ejercía su cargo como gobernador.
Así pues, tras el fallo de la Corte se citará una nueva audiencia para conocer los años de sentencia. Sin embargo, Abadía tiene la oportunidad de apelar ante este proceso para que sea revisado por la misma Corte Suprema.
¿Por qué investigan a Abadía?
Juan Carlos Abadía fue investigado por hechos que ocurrieron en el año 2010, cuando suscribió un contrato con el secretario de Educación, Eiber Navarro, por el valor de $1.072 millones de pesos, de los cuales 1.000 eran del departamento y los 72 por una fundación.
El contrato tenía como finalidad buscar material bibliográfico para 40 establecimientos educativos en 10 municipios.
Además, por este escándalo fueron condenados en 2016: el entonces secretario de Educación, José Antonio Rodríguez, Luz Piedad Hurtado y Luz Delly Martínez, de Calimío.
Según el proceso que adelantaba la Fiscalía, Juan Carlos Abadía y Eiber Navarro, tras firmar el convenio, vulneraron el artículo 209 de la Carta Política, el cual habla de principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva.
Por esto, el ente acusador afirmó que “cuando estaba frente a un contrato de suministro reglado por la Ley 80 de 1993; que por su cuantía debió adjudicar mediante licitación pública”.
Según la investigación que lleva varios años por parte de la Fiscalía,
“Además, se apropió en favor de terceros de 817 millones de pesos, ya que la sociedad contratista subcontrató con Ediciones Alfa y Omega la adquisición de los libros. Esto por la suma de mil millones de pesos, quien los compró a la editorial La Clave del Saber por 658 millones de pesos; la que a su vez los obtuvo de otras empresas por 182 millones de pesos”.
Investigación de la Fiscalía.
Es importante recordar que, el exmandatario tiene pendiente otra audiencia preparatoria relacionada con el Cartel de la Toga.
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