Unos 6,9 millones de los 8,6 millones de desplazados que tiene Colombia aún necesitan de asistencia o reparación a sus derechos. Esto fue revelado este jueves en la IV Encuesta Nacional de Verificación 2023 sobre las condiciones de vida y el goce efectivo de los derechos de esta población.

"La población desplazada por causa del conflicto armado en Colombia continúa siendo la población más vulnerable entre las más vulnerables del país".

Aseguró el economista Luis Jorge Garay, director de la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

"El 19 % de la población desplazada actualmente pertenece a los pueblos afrodescendientes, raizales o palenqueros (...) el 5 % pertenecen a pueblos indígenas", añadió.

El documento fue elaborado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado con el apoyo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Unidad para las Víctimas (UARIV).

Para la encuesta fueron realizadas 9.715 entrevistas en hogares de población desplazada. Además, de 1.982 en población vecina en 80 municipios de 31 de los 32 departamentos colombianos.

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En pobreza monetaria

Según reveló la encuesta, en Colombia el tamaño de los hogares de población desplazada ha disminuido. Puesto que pasó de 4,8 personas en 2010 a 3,7 en 2023.

El documento también muestra el 76,1 % de hogares con población desplazada vive en situación de pobreza monetaria. Mientras que el 40,6 % del total están en pobreza extrema.

Entre los desplazados, la tasa de desempleo es del 17,6 % y la de informalidad del 82,4 %.

En cuanto a la población ocupada, el 21,8 % recibe ingresos laborales mayores a un salario mínimo y el 10,9 % menos, mientras que el 58,5 % de los hogares de desplazados se vio en la necesidad de endeudarse.

Importancia de la encuesta

La saliente directora de la UARIV, Patricia Tobón, aseguró que la presentación de la encuesta es "muy importante porque es el reconocimiento a una experiencia y análisis que se han hecho y deben ser reconocidos por las instituciones".

"Hay que atender a los desplazados que han esperado esto del Gobierno del cambio, que esperan que esto deje de ser una crítica y se avance en el goce efectivo de derechos".

Expresó.

Entre tanto, la representante de la ACNUR en Colombia, Mireille Girard, cree que "Colombia como país necesitaba tener una visión actualizada del estado de los derechos de la población desplazada después de la firma del acuerdo de paz" entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.

"Colombia se encuentra en un momento crucial para encontrar soluciones duraderas para las víctima de desplazamiento (...) Hay avances, hay estancamientos y hay esperanza para solucionar la situación de millones de personas".

Manifestó.

Finalmente, el director de Codhes, Marco Romero, celebró la "oportunidad histórica" que supone la encuesta "para dar un salto cualitativo". Especialmente para las víctimas de desplazamiento forzado.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que el "progresismo sí merece cuatro años más" en el poder después de que él termine su mandato el 7 de agosto de 2026.

"Solo en dos años hemos hecho lo que los gobiernos de Colombia hicieron en diez años, y nos quedan dos (...) aunque yo sí creo que el progresismo sí merece cuatro años más después de estos dos años porque estas reformas hay que avanzarlas".

Expresó el mandatario durante la inauguración de un centro médico en el departamento caribeño del Cesar.

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Petro, elegido en 2022 por la coalición izquierdista Pacto Histórico, afirmó que cuando él habla de este modo "la señora amiga mía de la revista dice (la directora de Semana, Vicky Dávila): 'uy ya se va a quedar, el dictador'. Dictaduras es lo que hemos tenido en Colombia (...) yo digo el progresismo, el pueblo en el poder, la Colombia que avanza ni va a retroceder más".

"Una nación que debe avanzar"

En ese sentido, Colombia, en opinión de Petro, debe "avanzar hacia una nación y una nación no derrama su sangre; no se autodestruye y va hacia los objetivos comunes. El objetivo común es que cada persona (...) pueda vivir en cualquier lugar del territorio nacional sintiendo orgullo y dignidad de estar en este paraíso".

En 2005, Álvaro Uribe (2002-2010) logró aprobar una modificación constitucional para la reelección presidencial inmediata; algo que no contemplaba la carta magna y que le permitió estar en el poder dos mandatos consecutivos.

El último presidente que logró ser reelegido fue Juan Manuel Santos, quien gobernó entre 2010 y 2018; pero una vez conseguido su segundo periodo impulsó una reforma constitucional que acabó con la reelección presidencial inmediata en 2015.

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