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A la cárcel exsecretario de educación de Buenaventura y otras siete personas de la alcaldía

A la cárcel exsecretario de educación de Buenaventura y otras siete personas de la alcaldía

Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación envió a la cárcel al exsecretario de educación de Buenaventura, Hamington Valencia; y siete personas más que se encuentran involucradas en diferentes irregularidades en un contrato; que presuntamente buscaba dotar de internet a 88 instituciones educativas de Buenaventura.

De acuerdo con las investigaciones, Hamington Valencia; suscribió el contrato con el representante de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán; por un valor superior a los $1.300 millones de pesos, que supuestamente se ejecutaría en dos meses.

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La Fiscalía encontró que el contrato se llevó a cabo durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el año 2020, momento en el que los estudiantes no estaban en las aulas; pues, la educación era virtual.

Además, también encontró que se realizó un proceso de contratación directa y Emtel, la compañía encargada de llevar internet a los colegios, contrató a otras dos entidades para cumplir con la actividad generando un beneficio de más de 206 millones de pesos.

Por otro lado, la investigación reveló que el contrato se cumplió en un 66% y algunos de los casos incumplían los lineamientos estipulados por el Ministerio de las Tecnologías.

El exsecretario Valencia imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación; falsedad ideológica en documento público agravado e interés indebido en la celebración de contratos y fue enviado a la cárcel; al igual que Jorge Hernán Gómez gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán; por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

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Los otros funcionarios de la Alcaldía de Buenaventura se procesaron por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público agravada e interés indebido en la celebración de contratos.

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