Cumplido un mes del Paro Nacional en Colombia, los manifestantes aún no dejan las calles y carreteras del país. Los pliegos de exigencias son extensos y el Gobierno Nacional, luego de cerca de dos semanas de diálogos con el Comité del Paro, no ha logrado firmar ningún acuerdo.
Pese a que el Paro nació como una muestra de molestia frente a la Reforma Tributaria que propuso el Gobierno de Iván Duque Márquez ante el Congreso de la República; la protesta expresó desde su inicio un estallido social sin precedentes en las últimas décadas, debido a los índices de desigualdad que agravó la pandemia por el covid-19.
En 90 Minutos Digital hacemos un balance general de este mes de Paro. Se revisarán algunas de sus causas, aquello que ha cambiado, lo que se sostiene y lo que el panorama actual permite vislumbrar para los próximos días.
Génesis del descontento
A mediados de febrero de 2021, el Gobierno Nacional anunció que en las semanas siguientes iban a radicar una nueva reforma fiscal para recaudar entre $15 y $20 billones de pesos.
Con el pasar de los días, organizaciones económicas y el Comité de Expertos en Beneficios Tributarios (conformado por integrantes del Gobierno, de la Banca Central y particulares nacionales e internacionales), recomendaban la elaboración de una nueva reforma tributaria de manera urgente.
Esto, con razón del alto riesgo de quedarse sin recursos para cumplir con las deudas adquiridas, las obligaciones de la agenda ejecutiva y para la permanencia de programas sociales que nacieron con el objetivo de atender la crisis en medio de la pandemia.
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Pasaban los días de marzo y ya se empezaban a conocer algunas de las medidas que tenía en mente el Gobierno para su proyecto de ley.
Entre ellas, la implementación del impuesto de renta para personas con ingresos de más de $2 millones de pesos mensuales, aumento del IVA e implementación de este impuesto a algunos alimentos de la canasta básica familiar; así como la intención de gravar los servicios públicos de un sector del país.
Los visos de la propuesta de ley que redactaba el Ministerio de Hacienda empezaron a generar molestia en algunos sectores económicos y de la población colombiana. El descontento se incrementaba, además, por los asesinatos a líderes sociales en el territorio nacional, que se han incrementado en los últimos años, y la escalada de violencia en zonas urbanas y rurales del país.
La oposición del Gobierno, por su parte, reaccionó con llamados a la sociedad a manifestarse frente a estas propuestas impopulares.
Socialización y radicación de una reforma impopular
El 2 de abril, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmaba en una entrevista con Caracol Radio que el proyecto de ley “no se trata de una reforma tributaria, se trata de financiar y proteger socialmente al país en medio de la pandemia y para los próximos años”. El proyecto de ley, según el mandatario, empezaría a regir en 2022.
En los primeros días de abril ya se conocían más detalles de lo que sería el proyecto de reforma. En medio de un foro de la Asociación Nacional de las Instituciones Financieras –Anif–; el ministro de Hacienda de la época, Alberto Carrasquilla, aseguraba que la nueva reforma tributaria esperaba recaudar $26,1 billones de pesos.
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A su vez, el 7 de abril, Carrasquilla afirmaba que Colombia tenía caja para unas seis o siete semanas. Ese mismo día, los sindicatos y centrales obreras anunciaron que irían a Paro el 28 de abril e invitaban a la población colombiana a unirse a la protesta.
Para el 15 de abril, oficialmente, el Gobierno Nacional anunciaba que había radicado ante el Congreso de la República el proyecto que estaba redactando desde unos meses atrás. Ese día se conoció el documento de unas 300 páginas llamado Ley de Solidaridad Sostenible.
Este proyecto incluyó reformas polémicas, tales como la inclusión de IVA a los servicios públicos de personas que habiten entre los estratos 4 y 6, cobro de impuesto a la renta a personas que ganen más de $2’400.000 en 2022 y para las personas que ganen más de $1’700.000 a partir de 2023; así como el gravamen a las pensiones voluntarias y a dineros guardados en cuentas de ahorro para el Fomento de la Construcción –AFC–, entre otras.
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Frente al anuncio, varios gremios económicos no perdieron tiempo para criticar tajantemente la propuesta de ley gubernamental. Afirman que alimentos como las carnes, pollo, huevos, la leche y derivados subirían sus costos entre el 5% y el 10% de aceptarse la propuesta.
No obstante, un aliciente importante para aumentar la molestia de los manifestantes fueron las declaraciones que dio el ministro Alberto Carrasquilla en una entrevista con la periodista y directora de Semana, Vicky Dávila.
Ese 18 de abril, la periodista Dávila, luego de estar hablando con el ministro sobre las dinámicas de compra de la familia del funcionario, dijo: “o sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo, o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas”.
A lo que el ministro, Alberto Carrasquilla le contesta: “quedo como un zapato, digamos. Pero en el tema de los huevos, pues depende de la calidad. Pero digamos que $1.800 pesos la docena, o algo así, es lo que yo tengo en la cabeza. La libra de arroz también depende mucho de la calidad, hay de todo. Digamos, de todo en ese rango. Pero no me corche, Vicky. No sea mala”.
Arranque del Paro y derroche de violencia
Con las múltiples motivaciones de una gran parte de la población colombiana, el Paro Nacional tomaba fuerza y apuntaba a volverse un evento inamovible. A pesar de las múltiples voces que recomendaban que se suspendieran las movilizaciones del Paro, debido a la situación de salud pública que se atravesaba desde mediados de abril, los organizadores y voceros sostenían la fecha de convocatoria.
Pues, el país se encontraba en medio de un pico de la pandemia del covid-19 en la mayoría de sus capitales. Las diferentes Unidades de Cuidados Intensivos de las grandes urbes atravesaban una crisis debido a su alta ocupación y sobreocupación en algunas clínicas. La velocidad del contagio era acelerada y en ciudades comoCali, para este día, la ocupación de camas UCI por covid-19 es mayor al 90%. Situación crítica que, a la fecha, se sostiene.
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Desde tempranas horas del 28 de abril, diferentes ciudades de Colombia se volvían escenario de los bloqueos de vías y reunión de grandes manifestaciones para reclamar el retiro de la reforma tributaria. Sin embargo, además del descontento contra este proyecto de ley, las expresiones de la población manifestante eran diversas.
Contra la reforma tributaria, la reforma a la salud, el gobierno de Iván Duque; contra el actuar de la fuerza pública, la pobreza, el desempleo, el difícil acceso a la educación, los gobiernos locales, la ausencia de representación de la juventud en el poder y las deudas históricas con poblaciones minoritarias.
Sorprendía una acción temprana en el marco de las protestas en Cali, protagonizada por el grupo indígena Misak. Al oeste de la capital vallecaucana, el mítico monumento a Sebastián de Belalcázar, fundador del municipio en medio de la colonización española, era derribado por indígenas; con la intención de hacerle un juicio político por, lo que afirmó esta comunidad, el genocidio que la persona homenajeada había perpetrado contra sus comunidades cuando estuvo en vida.
Aunque las protestas eran multitudinarias en todo Colombia, Cali tomó el protagonismo de la opinión pública nacional por las incontables expresiones de violencia en toda la ciudad.
Los incendios a infraestructura pública y privada, así como a vehículos; los saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública generaron un panorama lamentable que no se apaciguó, ni siquiera, con las medidas restrictivas decretadas por la Alcaldía de Cali.
Con el pasar de los días, la violencia y el número de víctimas aumentaba. Se cocinó un conflicto.
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Caída de la reforma tributaria y renuncias
El 2 mayo, luego de 5 días de Paro y violencia en Cali y otras ciudades de Colombia, el presidente Duque, en una alocución presidencial, informa que retiraría la propuesta de ley que reformaría la política fiscal del país.
La decisión la toma luego de varios días en los que se resistió a esta decisión; afirmando que, en el Congreso, en medio de la discusión del proyecto, se le podrían hacer los cambios necesarios para terminar con el descontento social.
No obstante, Iván Duque aseguraba que, pese al retiro de la reforma, ordenaba redactar un nuevo proyecto de ley junto a otros partidos políticos. Pues, apuntó que la reforma tributaria es necesaria de manera urgente para “evitar incertidumbre financiera”.
Aunque la decisión calmó los ánimos de muchas personas, los manifestantes no dejaron las calles. La violencia no cesó. A través de redes sociales y medios de comunicación no se dejaban de reportar víctimas de la violencia en medio de las manifestaciones.
El 3 de mayo renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; principal gestor de la reforma fiscal que se ordenó retirar del Congreso el día anterior.
No fue la única renuncia. El presidente Duque tuvo que reacomodar su gabinete por el remezón en su Gobierno. El 13 de mayo también renunció la canciller de la República, Claudia Blum.
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La salida de esta última funcionaria se dio luego del enorme rechazo a la violencia en Colombia por parte de la comunidad internacional; donde se sumaron voces reconocidas a nivel mundial. Algunas de esas voces: Kim Kardashian, Rubén Blades, Amnistía Internacional, Parlamento de la Unión Europea, ONU Derechos Humanos, Justin Bieber, Juanes, Shakira, Falcao; por mencionar algunas, ya que fueron incontables las expresiones de apoyo a la población colombiana.
Y, por último, se sumó la renuncia del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, en los últimos días. Renuncia no esperada; ya que era la persona que estaba en cabeza de las negociaciones con el Comité del Paro.
Reestructuración del gabinete
Aunque el gobierno colombiano no haya reconocido oficialmente que los cambios en su gabinete fueron motivados por el Paro Nacional, la crisis de Gobierno que ha atravesado a lo largo de este mes por las manifestaciones se distingue con facilidad.
La salida de Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda llevó a que Duque designara a José Manuel Restrepo en ese puesto. Restrepo venía destacándose como ministro de Comercio, Industria y Turismo; por lo que en esta última cartera designó a la abogada María Ximena Lombana, mujer con experiencia en cooperación internacional y derecho comercial; hermana del reconocido abogado Jaime Lombana.
Frente a la vacante que dejó la vallecaucana Blum en la Cancillería de la República, Duque decidió designar a la vicepresidenta de su Gobierno en ese puesto. Es la razón por la que, actualmente, Martha Lucía Ramírez funge como vicepresidenta y canciller de la República.
Por otro lado, la renuncia de Miguel Ceballos en medio de polémicas diferencias con su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, hizo que Duque designara a Juan Camilo Restrepo Gómez como el nuevo Alto Comisionado para la Paz.
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Por último, un anuncio que fue sorpresivo fue la designación de la bonaverense Angélica Mayolo en el Ministerio de Cultura. No se esperaba un cambio en esta cartera, pero Iván Duque designó a la vallecaucana exsecretaria de Desarrollo Económico en ese puesto de Gobierno; también con la intención de acercar su mandato a la juventud colombiana.
Archivan reforma a la salud
Una de las reformas más controvertidas y una de las razones de muchos manifestantes para protestar en medio del Paro Nacional ha sido la de la salud. Este proyecto que presentaron inicialmente unos 89 congresistas en el año 2020, fue archivado este 19 de mayo por comisiones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado.
La decisión la celebraron los integrantes de la oposición del Gobierno, pues lo vieron como un triunfo de las manifestaciones.
Lo claro, después de las múltiples posturas frente a la reforma a la salud, es que el proyecto fue archivado por las Comisiones Séptimas Conjuntas de las Cámaras Alta y Baja del Congreso Nacional. Las votaciones fueron 27 a favor de archivarse y 5 en contra.
Es preciso recalcar que, al archivarse el proyecto, no se elimina definitivamente la posible reforma, sino que este podrá discutirse en un próximo período legislativo del Congreso de la República.
Gobierno y organizaciones sociales no coinciden
Los enfrentamientos y actos vandálicos en medio del estallido social han generado el rechazo unánime de autoridades nacionales e internacionales. Sin embargo, la información reportada por organizaciones sociales y autoridades distan mucho. No se logra aún un consenso sobre las cifras.
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En el último reporte de la ONG Temblores, expedido el 25 de mayo, las denuncias que han recolectado dictan que, en el marco del Paro Nacional, las víctimas de violencia física serían 955 personas; han muerto 43 personas, presuntamente, en manos de la Fuerza Pública; 1.388 personas han sido detenidas arbitrariamente en medio de manifestaciones; las intervenciones violentas en medio de manifestaciones pacíficas serían 595; 46 personas sufrieron agresiones oculares; al menos unas 165 personas fueron atacadas con armas de fuego; en medio de las protestas, 22 personas serían víctimas de violencia sexual y 5 de violencia basada en género.
No obstante, el reporte que dio la Fiscalía el pasado 24 de mayo es que, de las 43 personas que han muerto en el marco de las protestas, “17 muertes tienen nexo directo con las manifestaciones, 7 más están en verificación y 19 no guardan vínculo con movilizaciones”.
“Los elementos de prueba dan cuenta de que 17 de ellas tienen nexo directo en el marco de las protestas, así: Bogotá, 1; Cali, 8; Cauca, 1; Cundinamarca, 3; Valle del Cauca, 3 y Tolima, 1”, dijo la Fiscalía.
Las autoridades también afirmaron que, de las personas reportadas como desaparecidas, 290 ya habían sido localizadas y que estaban en el proceso de búsqueda de otras 129.
Rechazo a bloqueos y la violencia
Desde el inicio de las manifestaciones, agremiaciones, población en general y el Gobierno rechazan de forma unánime los bloqueos en las vías del país y llaman a que la fuerza pública abra las vías con el uso legítimo de su fuerza. Sin embargo, con el pasar de los días, esta solicitud se hace más fuerte en la opinión pública y en el descontento de un sector de la sociedad que se ha visto afectada por el Paro Nacional.
En una jornada colorida y pacífica, miles de personas se manifestaron en la Marcha del Silencio, desarrollada entre el Boulevard del Río de Cali y la plazoleta Jairo Varela este martes, 25 de mayo de 2021. Las personas que se manifestaron allí piden que se levanten los bloqueos en el país; además, dieron mensajes que invitan a la búsqueda de la paz.
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Frente a las afectaciones que han causado los bloqueos en Cali y en la región, el exgobernador del Valle, Francisco Lourido; expresó para 90 Minutos Digital que se deben buscar soluciones urgentes.
“El agro ha sido uno de los más afectados. La situación del transporte, los bloqueos han generado una dinámica que, de verdad, perjudica a todos”; afirmó Lourido.
“Es una dinámica en la cual nos ha incrementado los precios al consumidor. Por eso estamos aquí, haciendo presencia, diciendo: no más bloqueos. Necesitamos definitivamente que esto no siga sucediendo”; agregó.
ONU Derechos Humanos pide unificar registros
Ante la desaparición de personas durante las jornadas de manifestaciones en el país; la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó sus preocupaciones y recomendaciones a las autoridades del país.
“El Estado colombiano ha realizado importantes acciones para brindar respuesta a las alegaciones sobre desapariciones ocurridas en el marco de las protestas pacíficas”; aseguró a través de un comunicado de ONU Derechos Humanos junto con la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas.
“No obstante, y en consideración al contexto actual; recomendamos que se refuercen las medidas adoptadas hasta ahora con el fin de consolidar un registro unificado de las privaciones de la libertad, que contribuya a la delimitación del universo de personas sobre las que se alega su desaparición”; agrega.
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Visita del CIDH
Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenara las “graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas” y su rechazo a “toda forma de violencia”; así como la invitación a que el Estado de Colombia “honre sus obligaciones internacionales” y su llamado al Gobierno a que les permitan hacer una visita al país para hacer un análisis de la situación; la vicepresidenta de la República, en sus tareas de Cancillería, expresó inicialmente que la CIDH podría visitar al país, pero luego de los resultados de las investigaciones de los entes estatales.
Esta declaración generó polémica, ya que se entendió como una negativa a la Comisión para verificar la problemática de violencia en Colombia; por lo que la vicepresidenta salió a aclarar horas más tarde que la entidad de la OEA puede visitar Colombia cuando lo prefieran.
Esta polémica se sumó a la deportación de un veedor de Derechos Humanos argentino, quien había llegado al país ese mismo día para analizar las violaciones de derechos humanos; pero Migración Colombia le impidió el ingreso.
Se trata de Juan Grabois, integrante de una delegación de observadores llamado Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. "Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera"; escribió Grabois en su cuenta personal de Twitter.
Congreso, sin censura al Ministerio de Defensa
Tras el debate de Moción de Censura en el Senado contra el ministro de Defensa, Diego Molano; por la actuación de la fuerza pública en medio del Paro Nacional, la Cámara Alta votó este 27 de mayo contra la moción, permitiendo que Molano siga en su cargo político.
Los resultados de la votación de los senadores de la República fueron de 31 votos a favor de la Moción de Censura y; por otro lado, 69 para la negación de esta propuesta.
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Bancadas de los partidos Centro Democrático (Gobierno), Conservador, Cambio Radical, La U y Colombia Justa Libres; luego de sus argumentos que soportan la labor de Diego Molano en el Ministerio de Defensa, votaron en contra de esta moción.
Por su parte, los partidos de oposición no recogieron los votos suficientes para que la decisión fuera distinta.
Por lo tanto, el ministro de Defensa de Colombia quedó absuelto de todas las acusaciones hechas por los partidos que citaron la Moción de Censura.
Este último hecho se entendió por algunos sectores de la política como una motivación más para que las protestas en Colombia sigan, cumplido un mes.
Manifestaciones debilitadas, pero sin fin a la vista
Tras un mes de movilizaciones, las manifestaciones lucen debilitadas y con menos apoyo de la sociedad colombiana. Quienes se manifiestan, además, afirman que el Comité del Paro, que negocia actualmente con el Gobierno Nacional la terminación de las manifestaciones, no representa sus intereses.
En las calles se vuelcan en este momento miles de jóvenes y decenas de "Primeras Líneas" con solicitudes diversas, teniendo en cuenta las problemáticas de cada una de sus comunidades. El comportamiento actual de las protestas denotan que el retiro de las reformas no fueron las únicas peticiones; sino que la población vulnerable de Colombia abrió las puertas de un real estallido social.
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Los actos violentos ya no hacen protagonizar a Cali solamente, sino a toda la región suroccidental del país. En Cali, la intensidad de los enfrentamientos persiste, pero no es igual a los primeros días. Por otro lado, los actos de violencia y vandalismo se intensificaron en municipios como Tuluá, Jamundí, Popayán, Pasto, Villarrica y en la capital del país, Bogotá.
En Cali, la Alcaldía de la ciudad dialoga con la "Unión de Resistencias" (agrupación de manifestantes de diferentes puntos de concentración); con el fin de llegar a acuerdos que desemboquen en el fin de los bloqueos. Por lo pronto, la Administración Local acordó brindarle todas las garantías a los manifestantes. Razón por la que hoy, 28 de mayo, Jorge Iván Ospina anunció que el Escuadrón Móvil Antidisturbios no saldrá a las calles, para evitar posibles enfrentamientos con las personas que se movilizan; y así, evitar posibles actos violentos.
Por su parte, el Comité del Paro sigue en negociaciones con el Gobierno Nacional. Ayer, 27 de mayo, se habían anunciado algunos acuerdos que permitirían a integrantes del Comité ser garante de algunos procesos mercantiles en Buenaventura. Sin embargo, en la mañana de este 28 de mayo, el ministro del Interior, Daniel Palacios; desautorizó esta decisión. Por ende, las negociaciones continúan, pero no hay decisiones que permitan poner fin al Paro actual.
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En este punto, los bloqueos en algunos puntos del país han cultivado rechazo de personas afectadas. Una muestra de ello se dejó ver hoy en la vía Cali - Candelaria, sobre el sector conocido como Poblado Campestre. Allí, ciudadanos del sector, molestos con los bloqueos ocasionados por un grupo de jóvenes, llevó a enfrentamientos entre la población. En el sitio, un joven de 22 años murió luego de recibir un disparo con arma de fuego en la cabeza.
Esto fue confirmado por Jorge Eliecer Ramírez, alcalde de Candelaria. “Lamentablemente, un joven muere en los enfrentamientos que se dieron entre la comunidad; y los jóvenes que están en las barricadas”.
Cabe resaltar que el joven asesinado hacía parte de la ‘Primera Línea’; de ese punto de bloqueo. Asimismo, el Alcalde explicó que, hasta el momento, no se tendría identificada a la persona que disparó.
Pese a estas consecuencias, los grupos de Primeras Líneas que continúan en manifestaciones no han mostrado motivación alguna de cesar a sus actividades de protesta. Sumado a ellos, los integrantes del Comité del Paro tampoco da señales de una posible finalización de las movilizaciones. Quienes aún reposan en las calles con sus exigencias al Gobierno insisten a la espera de acuerdos.
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