jueves, junio 24 2021

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‘Guayabo’ por posible hundimiento de ley contra borrachos al volante

La ley por medio de la cual se podrían aplicar severos castigos a los conductores ebrios, especialmente a quienes ocasionan muertes está a punto de hundirse. Las fuertes discusiones en el Congreso de la República fueron protagonizadas por el Gobierno Nacional y la Fiscalía. Por su parte, los legisladores están en un limbo por las …

‘Guayabo’ por posible hundimiento de ley contra borrachos al volante

La ley por medio de la cual se podrían aplicar severos castigos a los conductores ebrios, especialmente a quienes ocasionan muertes está a punto de hundirse.

Las fuertes discusiones en el Congreso de la República fueron protagonizadas por el Gobierno Nacional y la Fiscalía. Por su parte, los legisladores están en un limbo por las dificultades del aparato judicial, pero algunos la defienden el proyecto a toda costa.

El 15 de septiembre de 2013 fue presentado en el Senado de la República el proyecto de Ley que busca sancionar a conductores en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

La iniciativa, que tuvo como coordinador ponente al senador liberal, Luis Fernando Velasco, pretende mediante sanciones de carácter penal, civiles y administrativas, controlar la desmedida irresponsabilidad de aquellos conductores que se atreven a transitar en algún vehículo en estado de alicoramiento o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas.

Velasco, señaló que el proyecto sentencia a quien en estado de embriaguez le cause la muerte a otra persona, a perder automáticamente la libertad.

En dimensiones menos graves, a los conductores borrachos que causen accidentes o daños, se les decomisará el vehículo por 24 horas y deberán pagar una multa millonaria, a parte de la retención de la licencia de conducción.

El proyecto contempla, igualmente, multas del 25 por ciento del valor comercial del vehículo, si es por primera vez y del 50 por ciento, la segunda, pero si la persona reincide en una tercera ocasión, se decomisará el vehículo.

El tira y afloje en el Congreso:

Antes de que en Colombia se cree la ley para controlar a los conductores ebrios, e incluso, ante la posibilidad, de que el proyecto de Ley presentado en este sentido se caiga, múltiples voces a favor y en contra de la iniciativa se escucharon en el Congreso de la República.

El debate había iniciado días antes con las declaraciones del propio presidente, Juan Manuel Santos, quien propuso ante el elevado número de muertes ocasionadas por borrachos al volante, “incautar” hasta por 10 años sus vehículos.

Ya ante los legisladores, por ejemplo, la Ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, explicó que en primer lugar la propiedad del automotor debe afectar al conductor.

“La figura que se diseña está relacionada con el decomiso del vehículo que puede ir gradualmente. Puede empezar con un tiempo prolongado de un año, y extenderse hasta dos años y llevar a convertirse en una medida de carácter definitivo”, afirmó.

La funcionaria enfatizó en que quien conduzca un vehículo debe entender que si lo hace en estado de alicoramiento, deberá pagar una sanción muy drástica, por ello, proponen entre otras penas, que como sanción a quien viole la norma, se le aplique la suspensión progresiva de la licencia de conducción, hasta perderla de por vida.

“El conductor no puede quedar única y exclusivamente con la pérdida del automotor. Es necesario que ese conductor sea sancionado de manera progresiva, incluso con la pérdida definitiva de la licencia de conducción”, recalcó la funcionaria.

De otra parte, el Fiscal General de la Nación dijo que se necesita mayor sanción social y enfatizó sobre el tema de la prevención como aspecto fundamental en la cultura ciudadana.

“La cárcel no es solución para el problema de los conductores borrachos y propuso entre otras, diferenciar las penas para los “enfermos” por el consumo de alcohol que causen accidentes.

Al respecto, el Vicefiscal, Jorge Perdomo, señaló que la Fiscalía General de la Nación no apoya la idea de convertir esta situación como en un nuevo delito penal. En su explicación dijo que ese ente tendría que tener a la entrada en vigencia de la norma, por lo menos 151 nuevos fiscales seccionales para que conozcan los casos, adicionalmente otros 140 para las URI, los cuales se encargarían de recibir las denuncias, para lo que la Fiscalía deberá tener un presupuesto anual de más de $100 mil millones.

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