Según afirmó el secretario jurídico de la gobernación del Valle, no existen sustentaciones válidas en el fallo que estaría obligando al departamento a pagarle a un concesionario con el que se firmó, un contrato por concepto de consultoría para estudiar la viabilidad de las vigencias futuras, en épocas de la administración del destituido gobernador, Juan Carlos Abadía.
Asegura el titular de la cartera jurídica que el departamento ya pagó una suma superior a los 470 millones de pesos, y que incluso los conceptos de entes de vigilancia y control, respaldan la tesis que libera de cualquier responsabilidad de pago al valle del cauca.
Germán Marín Zafra repudio que los intereses de particulares atenten contra la fragilidad de la actual situación financiera del Valle.
