jueves, octubre 22 2020

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Genocidio y masacres en Colombia

El genocidio se detuvo gracias a la desmovilización de los grupos paramilitares, aunque se mantuvieron reservas de estas organizaciones en varias partes del país, especialmente en el Golfo de Urabá y el Meta a la espera de recibir instrucciones para continuar la masacre.

Genocidio y masacres en Colombia
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

Durante el gobierno de ALVARO URIBE VELEZ, los jefes paramilitares ingresaban a la Casa de Nariño por el sótano para reunirse con los miembros del gobierno y planear, entre otras cosas, la estrategia para desacreditar e intimidar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que investigaban y juzgaban a los alfiles de Uribe por delitos de diversa índole.

Es apenas lógico deducir que en la casa presidencial debió fraguarse también la alianza estratégica entre el gobierno y los paramilitares. De otra manera no puede explicarse que batallones enteros y comandos de policía en todo el país permitieran que estos grupos actuaran a sus anchas, realizaran patrullajes combinados  y cometieran en conjunto masacres contra la población indefensa. Como bien lo dijo en algún momento un general de la república la alianza con el paramilitarismo fue una política de Estado orquestada en la sede del gobierno.

El genocidio que ocurrió durante el régimen uribista, especialmente contra poblaciones sospechosas de simpatizar con la guerrilla, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, fue brutal y despiadado, pero lo peor de todo es que ocurrió de manera abierta y ante las cámaras, porque la estrategia de exterminio tenía un componente publicitario dirigido a aterrorizar todo el país.

Uribe utilizó el terrorismo de Estado en su lucha contra las guerrillas, especialmente las FARC, para castigar las poblaciones donde estos grupos operaban y también para advertir sobre las consecuencias que les acarrearía prestarles algún tipo de ayuda o negarse a colaborar con la fuerza pública.

Gracias a la combinación de todas las formas de lucha Uribe bajó la presión de los grupos guerrilleros y los desterró transitoriamente de las zonas donde ejercían control. La gratitud de hacendados, ganaderos, finqueros, terratenientes y en general de la población afectada por los desafueros de la guerrilla fue de tal magnitud que no prestaron atención a los métodos utilizados por el gobierno. Lo importante fue el resultado. Justificaron, sin vacilar, los medios por los fines obtenidos. Para librarnos del mal, Uribe nos causó un mal peor y dividió el país entre quienes aplaudieron sus métodos y quienes los rechazaron, especialmente las víctimas.

El genocidio se detuvo gracias a la desmovilización de los grupos paramilitares, aunque se mantuvieron reservas de estas organizaciones en varias partes del país, especialmente en el Golfo de Urabá y el Meta a la espera de recibir instrucciones para continuar la masacre.

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Durante el gobierno de Santos el paramilitarismo tomó un respiro y se dedicó de lleno al narcotráfico. Al retornar el uribismo al poder a través de Iván Duque, el primer objetivo que se planteó fue hacer trizas el acuerdo de paz con las Farc; los grupos paramilitares entendieron el mensaje y el genocidio  retomó su marcha con una estrategia de exterminio  selectivo de líderes sociales y desmovilizados combinada con la ejecución de masacres, especialmente de jóvenes, que va en aumento en forma aterradora. Primero mataban una o dos personas, después a tres, luego a cinco a 10, cuando maten a 20,30 o 50 y empiecen los estallidos de los carros bombas el país se acostumbrará, porque así pasó antes.

No creo que Iván Duque se reúna en el Palacio de Nariño con los jefes paramilitares, como lo hacía su mentor, para coordinar acciones, pero es evidente que el gobierno nacional le ha sacado provecho al recrudecimiento de la violencia genocida, usándola como herramienta política para deslegitimar el proceso de paz, atacar las instituciones creadas en desarrollo del mismo, acorralar la administración de justicia para evitar que investigue y juzgue a Uribe,  reiniciar la fumigación de cultivos ilícitos, adelantar una contra reforma a favor de los despojadores de tierras, deshacerse de los contradictores y enemigos políticos y cerrarle el camino a la izquierda democrática con miras a las elecciones en 2022.

Duque es uno de los presidentes que más ha concentrado poder en las últimas décadas. Puso fiscal, defensor del pueblo, contralor y ahora procuradora, pero es incapaz de controlar semejante poder, ni siquiera sabe usarlo, lo único que tiene claro  es su misión de configurar  un modelo tropical neo fascista, que su jefe denomina Estado de Opinión, basado en el debilitamiento de las instituciones democráticas y en la consulta permanente de ciertos representantes de la sociedad, escogidos por su afinidad al régimen.

El Uribismo optó por una tiranía disfrazada de democracia con el objetivo claro evitar que Uribe comparezca ante la justicia por los graves delitos denunciados en su contra y afianzar la permanencia  de la derecha en el poder.

Con la anuencia del Congreso de la República, Duque destruyó el sistema de contrapesos y canalizó la ambición de quienes tenían que ponerle freno a la suya a cambio de un plato de lentejas, diluyendo así la posibilidad de fortalecer en Colombia un Estado Social de Derecho que privilegie las libertades y garantías ciudadanas.

Dos años después, el Duque es un aprendiz de emperador, un déspota frívolo que posa de bonachón y sensible, un genocida de guante blanco, preocupado más  por cambiarle el nombre a las masacres que por evitarlas y  que no dudó un instante al ordenar el bombardeo en contra de alias EL CUCHO, a sabiendas que estaba acompañado de 8 menores de edad, víctimas de reclutamiento forzoso, quienes murieron en la cruenta incursión.

Ante la inminente destrucción del orden jurídico y el desmoronamiento de la democracia promovida por las elites uribistas, para instalar un régimen de terror,  no queda otro camino que la movilización social para ejercer control del Estado y proteger las libertades ciudadanas. No podemos permitir que el país termine convertido en una caverna donde reinen la brutalidad, el crimen y la corrupción.

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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