Domingo, Agosto 19 2018

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Frente a la violencia contra los niños, lloramos mucho y actuamos poco

Desde 2004 tenemos un Código de Infancia y adolescencia con unos principios y propósitos aún por estrenar y una sociedad que llora mucho y actúa muy poco.

Frente a la violencia contra los niños, lloramos mucho y actuamos poco
Crédito de foto: David Vega especial para 90minutos.co

No habíamos superado la indignación producida por la violación y homicidio de la niña YULIANA SAMBONÍ, cuando se produjeron las violaciones y asesinatos de varios niños en diferentes partes el país, todos igual de crueles y brutales.

Tal vez por fatiga, vergüenza o impotencia, los grandes medios nacionales han guardado silencio o mermado el despliegue de atención sobre estos nuevos hechos, mientras que por el lado de la fiscalía ya no se habla de grupos especiales para dar con los criminales, ni de la ayuda del FBI para examinar las evidencias recaudadas.

De nada ha servido la campaña a favor de cadena perpetua para violadores de niños, ni las duras penas impuestas a quienes han cometido estos crímenes. Tampoco las promesas del Fiscal General de llevar a todos los violadores y pederastas a la cárcel. Lo que demuestra que la receta, a cuenta gotas, del derecho penal no funciona.

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¿Por qué siguen ocurriendo estos hechos? ¿Qué debe hacer el Estado y la sociedad para defender a los niños y adolescentes?

En primer lugar, protegerlos y para esto es necesario que pasemos del discurso emotivo y zalamero de que los niños son sagrados para adoptar los mecanismos necesarios de prevención y protección. Los padres de familia, acudientes y profesores deben estar suficientemente capacitados y entrenados para ayudar a disminuir los riesgos que corren los niños y adolescentes y detectar, si se puede a tiempo, los casos de abuso y reportarlos a las autoridades.

También es preciso una mayor eficiencia en los órganos de justicia. Las  promesas del  fiscal general de acabar con la impunidad en esta clase delitos serán meras palabras el viento, mientras que los fiscales  tengan bajo su responsabilidad entre 300 y 500 investigaciones, buena parte de ellas listas para imputarles cargos a los presuntos responsables, pero que tienen que someterse a espera debido a la imposibilidad física de los funcionarios para tramitarlas oportunamente.

Cada caso en mora  significa que un niño, una niña o un adolescente sigue siendo victimizado o que un perpetrador se puede dar a la fuga.

Todos los fiscales, han prometido justicia en los casos de pederastia y violaciones contra menores, pero ninguno ha dotado a las unidades especializadas del número necesario de fiscales delegados y de investigadores. Todos han mentido al público para apaciguar la indignación moral ocasionada por algún crimen en particular.

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La falta de protección de los niños se expresa igualmente en la ausencia de una política pública  dirigida a realizar  seguimiento y control a las actividades de los postpenados por delitos de pederastia, violación o crímenes de cualquier otra índole contra menores. Se sabe que la mayoría de los pederastas reinciden cuando salen de la cárcel, así lo indica la literatura especializada. Lo peor de todo es que al salir de prisión los victimarios son más cuidadosos, sin embargo, el estado deliberadamente renuncia a seguirles la pista, bajo la premisa de que es suficiente el cumplimiento de la sanción penal.

El exconvicto por pederastia se presume una persona a paz y salvo en todos los aspectos, al extremo de que puede seguir trabajando con niños, como ocurrió con un rector de un colegio en Ibagué y ocurre con los curas que son vinculados nuevamente a la misión pastoral (ejemplos:  el cura Víctor Blanco,  de la Arquidiócesis de Cali, quien luego de pagar una pena ridícula por abusar de niños por más de 20 años, bajo la protección de Monseñor Zarasti, fue reincorporado a su congregación y nadie sabe en qué parroquia del mundo se encuentra actualmente haciendo de las suyas, y el caso  reciente del vicario de la parroquia de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, reintegrado a su oficio sacerdotal luego de pagar prisión por el abuso de un menor).

Hace pocas semanas me encontré con un abogado quien en su momento defendió a WANEGER VALLECILLA, dueño y exrector del colegio CORAZON Y MENTE en el Distrito de Aguablanca de Cali. Este sujeto fue sentenciado a finales de la década de los noventa por el delito de abuso sexual múltiple, cometido contra varias niñas entre los 8 y 10 años. Al salir de prisión regresó al colegio de su propiedad y nuevamente fue denunciado de abuso sexual con menores y sentenciado por un juez de la república. Pues bien, el abogado de marras, con aire victorioso me esputó: “le cuento que Waneger está libre hace tiempo y que sigue en el colegio haciendo de las suyas”. No he confirmado este hecho, pero lo cierto  es que se trata de un comentario de la mayor gravedad, realizado por una persona que tiene relación con el reincidente pederasta. Lo refiero porque sé que en el sitio donde hablamos hay cámaras de seguridad y el abogado no podrá negar el encuentro.

Los colombianos tenemos que pasar de la rabia que producen estos hechos a ejercer presión, mediante las herramientas propias de la democracia, para que los agentes del Estado y los políticos dejen los discursos de ocasión y asuman la responsabilidad que les atañe en la protección integral de los derechos de los niños. Desde 2004 tenemos un Código de Infancia y adolescencia con unos principios y propósitos aún por estrenar y una sociedad que llora mucho y actúa muy poco.

La opinión de los blogueros no refleja el pensamiento editorial de 90minutos.co

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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