Hay quienes arguyen que las Farc surgieron desde que el Ejército Nacional adelantó, en mayo de 1964, el ataque a Marquetalia, en el municipio de Tolima, donde murieron integrantes de grupos comunistas que no estaban de acuerdo con el Frente Nacional (1958 – 1974), un periodo de 16 años en el que los partidos conservador y liberal se intercambiaban el poder para así solventar la violencia bipartidista. Sin embargo, el Frente Nacional trajo consigo una hegemonía política que ignoraba las demás ideologías que surgían en ese momento, entre ellas las de izquierda.
Por otro lado, no sobran voces que explican que las Farc nacieron debido al asesinato de uno de sus cabecillas, Jacobo Prías Alape, alias ‘Charro Negro’, por parte de las guerrillas liberales y el Ejército Nacional a pesar de que Prías Alape había recibido una amnistía por parte de los gobiernos del general Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo.
Inclusive, la ‘semilla’ puede remontarse al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien tenía influjos izquierdistas, el nueve de abril de 1948, hecho que desencadenó El Bogotazo y la conformación de grupos al margen de la ley, guerrillas liberales y conservadores, que, en sus enfrentamientos, afectaban gravemente la población civil, que más tarde decidió alzarse en armas a manera de autodefensas campesinas, especialmente al sur del Tolima.
Debido a los acosos a la población campesina, a las tres razones anteriores y al abandono del Estado en los territorios que éste catalogaba como ‘repúblicas independientes’, las autodefensas comunistas, lideradas por Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, se definieron en 1964 como las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia, Farc.
Hasta la década de los 80’, el grupo insurgente creció de manera relativamente lenta, pues en ese entonces apenas contaba entre mil y tres mil militantes. En la Séptima Conferencia de las Farc, presidida por Jacobo Arenas del cuatro al 14 de mayo de 1984, se estableció el principio de la “combinación de todas las formas de lucha”, la política y la armada. Así mismo, las Farc se ‘rebautizaron’ añadiéndose el nombre de ‘Ejército del Pueblo’: FARC – EP.
Y aunque también se rechazó relación alguna con el narcotráfico, fenómeno emergente en los años 80’, gradualmente se fue aceptando como una forma de sostener económicamente a las Farc, por lo que se acudió al cobro de impuestos a productores y narcotraficantes que cultivaran en las zonas ocupadas por el conjunto izquierdista.
El 28 de marzo de 1984, en el gobierno de Belisario Betancourt, ocurre el primer intento de negociar la paz con las Farc, pacto conocido como los Acuerdos de la Uribe. Sin embargo, el proceso fue un fracaso. Los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido político conformado por las Farc, empezaron a sufrir asesinatos selectivos, homicidios en el que son responsables grupos paramilitares, el Ejército Nacional y el Estado colombiano. Se asesinaron a los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 3.000 de sus integrantes.
En la década siguiente, en los años 90’, hubo dos acercamientos más por parte del Estado a las Farc para establecer un acuerdo de paz, acuerdos que fueron igualmente disfuncionales. El primero, en la presidencia de César Gaviria (1990 – 1994) y en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, posibilitó que se desmovilizara una fracción de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación) y del Movimiento Indígena Armado ‘Quintín Lame’, pero no sucedió así con las Farc, que persistió en su lucha armada. El segundo acercamiento se dio en 1998, cuando, en la presidencia de Andrés Pastrana (1998 – 2002), se establecieron las mesas de negociación en una zona de ‘distención’ de 42 mil metros cuadrados y que estuvo conformada por cinco municipios de Caquetá y Meta: San Vicente del Caguán, La Macarena, Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. En este proceso de paz se contemplaban temas sobre derechos humanos, reformas políticas y agrarias, paramilitarismo, entre otras. Sin embargo, los diálogos se vieron afectados por su falta de organización, las irregularidades en la zona de despeje y la falta de voluntad por parte de las Farc. Se dio fin al proceso el 20 de febrero del 2002 tras el secuestro del ex congresista Luís Gechem por parte de la guerrilla.
Posteriormente, durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002 – 2010), las Farc sufrieron duros golpes por parte de las Fuerzas Armadas, dada la excesiva inversión militar en ese tiempo. Según el Registro Único de Víctimas (RUV), en ese periodo se reportaron 3’633.840 víctimas y 3’253.860 desplazados, producto de los enfrentamientos militares y el crecimiento del paramilitarismo, específicamente de las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales tenían nexos con políticos, empresas privadas, terratenientes y el Ejército. Uribe Vélez, en el marco de un proceso de paz con las AUC que inició en 2005, expidió la Ley de Justicia y Paz para facilitar la desmovilización de los paramilitares concediéndoles amnistías, proceso que fue calificado como un acto de “impunidad”, inclusive, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) afirmó el 2 de octubre del 2007 que al Estado “le ha faltado voluntad real de juzgar y desmantelar a los grupos paramilitares".
Terminado el gobierno de Uribe, Juan Manuel Santos se posicionó en la Presidencia en 2010. Tras dos años de confrontaciones entre la Fuerza Pública y las Farc, Santos estableció el cuatro de septiembre del 2012 unas mesas de negociación en Oslo (Noruega) y, posteriormente, en la Habana (Cuba). Después de casi seis años de conversaciones, en los que se contemplaron la reparación integral de víctimas, la participación política, la reforma agraria y la solución al problema de drogas ilícitas, este lunes 26 de septiembre del 2016 se firmará a las cinco de la tarde el acuerdo final con las Farc.