Colombia

"El Gobierno queda en un aprieto": Diego Arias

Diego Arias, analista político y exmilitante del M-19 habló con 90minutos.co acerca del pronunciamiento en la tarde del jueves por parte de las Farc en donde anunciaron el cese al fuego unilateral por tiempo indefinido. El analista, habló de lo que significa esto para el proceso de paz y lo que traería una posible aceptación […]

"El Gobierno queda en un aprieto": Diego Arias

Diego Arias, analista político y exmilitante del M-19 habló con 90minutos.co acerca del pronunciamiento en la tarde del jueves por parte de las Farc en donde anunciaron el cese al fuego unilateral por tiempo indefinido. El analista, habló de lo que significa esto para el proceso de paz y lo que traería una posible aceptación […]

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Diego Arias, analista político y exmilitante del M-19 habló con 90minutos.co acerca del pronunciamiento en la tarde del jueves por parte de las Farc en donde anunciaron el cese al fuego unilateral por tiempo indefinido.

El analista, habló de lo que significa esto para el proceso de paz y lo que traería una posible aceptación por parte del gobierno de Colombia. Además, afirmó que el proceso de paz va por buen camino y que el tiempo no necesariamente mide la efectividad de sus decisiones. 

¿Qué significa para el Proceso de Paz y para Colombia la decisión de un cese al fuego unilateral por parte de las Farc?

En un principio parecía ser una buena noticia, sin embargo, cuando se analizan los condicionamientos de las Farc para persistir o mantenerse o responder ante ese cese al fuego indefinido, pues uno se da cuenta que hay una imposibilidad política de que ello finalmente suceda.

Lo que está metiendo las Farc es ni más ni menos, dejando la responsabilidad en el Gobierno y la fuerza pública, un cese al fuego que no se ha podido pactar y que ni siquiera ha podido tocarse el tema en la mesa de negociaciones.

El Gobierno sigue siendo claro y reitera que no va a haber un cese al fuego y las hostilidades bilateral, a menos no en este momento de la negociación. Quizá en otras circunstancias, ya finalizando o cuando los puntos escenciales hayan sido acordados.

De manera que se trata, desde mi entender, de una jugada de tipo político o propagandístico de las Farc en la medida en que, por supuesto, siempre va a ver causas de suspender ese cese al fuego, en la medida en que el Ejército y la Fuerza Aérea van a seguir, por órdenes del Gobierno, persiguiendo y atacando y desarrollando, planes contra la guerrilla.

Es que los condicionamientos dejan mucho que decir o ¿Cómo interpretar esos anuncios?

Las condiciones son un intento por propagandísticamente lograr un cese al fuego, del cual repito, el Gobierno no está dispuesto a concederlo, tal y como lo ha venido diciendo, por lo menos no en este momento de la negociación,  entonces las Farc si no es por un lado, intentan por otro lado.

Al Gobierno le correspondería develar lo que está detrás de esta maniobra de las Farc y devolverle la responsabilidad a ese grupo en el sentido de que aún si un cese al fuego y de hostilidades convenido bilateralmente, las Farc y el Estado están obligados a guardar un respeto irrestricto, permanente y cuidadoso, de que sus acciones no lastimen a la población civil.

De acuerdo a su experiencia, ¿Qué es lo más conveniente que debe realizar el Gobierno ante la decisión de las Farc?

Al Gobierno le corresponde rápidamente y en la medida en la que esta noticia ha cogido vuelo y asidero en la opinión pública, en sectores de gobiernos amigos y de la opinión internacional, hacer las claridades necesarias en viabilidad de esa propuesta de las Farc, en tanto el Gobierno se mantenga en la posición de seguir con las operaciones militares y ofensivas contra la guerrilla.

Creo que el Gobierno queda en una situación de aprieto, porque la primera sensación es que es una buena noticia y que si el Gobierno es el que ataca a la guerrilla o no acepta el cese al fuego, pues se queda con la responsabilidad de los daños y de las muertes que genera la guerra.

Al Gobierno le toca, rápidamente, reaccionar ante esas precisiones del caso e insisto demandar a la guerrilla, el respeto particular hacia la población civil y si quiere apremiar lo tiempos de la negociación para que un cese al fuego convenido bilateralmente, ya sea producto de una agenda que se haya evacuado en un buen porcentaje.

¿Puede afectar a las negociaciones que el Gobierno no acepte el cese al fuego?

Es absolutamente seguro que el Gobierno no lo va a aceptar. Eso es una manera de meter por la puerta de atrás, un temas que las Farc han intentado poner sobre la mesa y que no es viable en este momento, porque muy a pesar de los muertos y la destrucción que produce la guerra, un cese al fuego sería muy difícil.

Primero de concebirlo porque tocaría concentrar a la guerrilla en ciertos puntos y ellos no están dispuestos a eso, pero es más difícil  hacer un dispositivo de verificación sobre ese cese al fuego y mientras se termine discutiendo, quién disparó y quién no, el cese al fuego y la concentración de la guerrilla, pueden pasar entre uno y dos años, de manera que esa negociación perfectamente si hay voluntad, para ese momento puede haber concluido finalmente, si sigue como está.

Supongamos que el Gobierno aceptó el cese al fuego, ¿Qué significaría dialogar bajo esa condición?

Un cese al fuego bilateral lo que traería es una serie de condiciones, especialmente en la opinión pública, introduciría un elemento de desescalamiento del conflicto en términos del impacto humanitario que se produce, al mismo tiempo en el que se está negociando la guerra.

Pero yo insisto mucho en no es éste, un momento adecuado en el que ni siquiera se pueda hablar de un cese al fuego bilateral a las hostilidades. Lo que seguramente pretendería las Farc una especie de ‘statu cuo’, en donde el Ejército se quede donde está y la guerrilla donde está y esa es la circunstancia en la que ni el país ni la opinión pública ni el Gobierno quiere aceptar.

Entre otras cosas, porque esa es una circunstancia en donde un cese al fuego así concebido y aceptado, sería absolutamente imposible de verificar y desarrollar en la medida en que, muchos otros actores están en medio de las fuerzas guerrilleras, en medio de las fuerzas del estado y más, en un territorio tan complejo como el colombiano.

 ¿Es muy corto el tiempo de diálogos para empezar a hablar de cese al fuego?

El problema de una negociación de paz es que no solo es un tema de buena voluntad y tiempo. Es un tema de realidades políticas y militares. Cada una de las partes intentará imponer sus criterios y sus puntos de vista en la mesa, en la medida en que se sientan respaldado no solamente moral, política y éticamente, sino que tenga una fuerza militar detrás importante y victoriosa, y que en contrario, los argumentos y el poder del enemigo esté debilitado.

Un cese al fuego podría introducir una actitud complicada en las Farc, en el sentido de olvidar que están en un proceso de debilitamiento, así no sea de derrota total. Puede que la guerrilla acumule fuerzas para otro tipo de ofensivas militares, que posteriormente le ayuden a mejorar su posición negociadora en puntos claves que todavía faltan como si va a ver justicia o no, el tema del fin del conflicto armado, entonces eso es resumen es parte del problema del cese al fuego, porque puede generar esa condición de que no está sirviendo para acercarse a la paz, sino para acumular situaciones militares para tener ofensivas, aún en medio de las negociaciones.

¿Podría llegarse a pensar en un fortalecimiento político de darse un cese al fuego bilateral?

No solamente política, sino que eventualmente militar. Se permitiría poner condiciones, incluso antes de firmar la paz y desarmarse, de acrecentar una presencia en sus vínculos sociales que tiene en amplísimos territorios del país y que es absolutamente reconocida.

Las Farc lo que no pueden pretender es tener unas condiciones como si ya se hubiera terminado la negociación de paz porque todavía son una fuerza armada y, de aquí a que esté en tregua, su presencia armada genera temor e influencia en muchos sectores.

De manera que lo mejor que puede ocurrir es que las negociaciones traten de avanzar lo más pronto posible, produciendo la mejor y mayor cantidad de resultados.

Entonces, ¿cuándo Colombia debe empezar a hablar de un cese al fuego?

De acuerdo a las experiencias que conozco, en la de El Salvador se implementó ya en el momento en el que ya era un hecho el acuerdo de paz, habían sido discutidos y acordados todos los puntos y el cese al fuego se introdujo como la etapa previa, el momento justo a la desmovilización y la dejación de armas que hace la guerrilla.

Eso, significa un proceso complejo que toma tiempo de implementar y de hacer, de manera que en ese contexto, sería razonable que se haga en Colombia, cuando haya certeza de que no se va a volver a las armas y que lo que se viene es el proceso de dejarlas.

¿Cómo no malinterpretar ese tema del armisticio?

El armisticio es una forma similar de las de cese al fuego, de tregua, entre otras, entonces son modalidades que se introducen en los conflictos armados, incluidos los internos, para desecalar temporalmente el mismo conflicto.

Son formas distintas para que los fusiles se silencien, con el fin de buscar una actuación humanitaria o una solución diplomática del conflicto.

En los dos años de negociaciones ya se habla del 60% del avance ¿Eso qué tan efectivo es en comparación con negociaciones de otros países que han durado décadas?

Por más que vaya una buena parte de la agenda de negociación, que es algo que hay que reconocerlo porque nunca ha habido en un proceso de paz en Colombia, el asunto problemático es que los puntos que faltan son los más difíciles, porque implican la decisión de que si la guerrilla y sus máximos representantes presentan condenas en prisión privativa de la libertad en un centro penitenciario.

Implica acuerdos sobre el mecanismo para ponerle fin al conflicto armado y las Farc pretenden que la fuerza pública haga parte, eventualmente, de un desarme o reducción. Hay una cantidad de temas que son al final muy complejo para llegar a un acuerdo, por ejemplo si va a haber extradición o no de sus comandantes y de sus miembros, producto de los vínculos con el narcotráfico.

De manera que si así estuviera avanzado el 90% de la agenda y ese 10 que falta es el más delicado, eso puede implicar mucho más tiempo, inclusive de mediaciones de terceros países o de otros actores para que la negociación no se enrede o vaya a fracasar.

Lo que sí, es que nadie debe escandalizarse porque un conflicto de dos años se le haya invertido dos años de negociación que, finalmente, va a buen ritmo.

¿Cómo debe reaccionar los ciudadanos colombianos y qué deben esperar ante el anuncio de las Farc?

Yo creo que lo que corresponde es que, así sea muy difícil redactar un cese al fuego bilateral, por tiempo o por la complejidad que supone, lo importante es que a la población civil se le saque del conflicto y eso recae, sobretodo, en la guerrilla de las Farc.

Y muy cerca a eso, es pedirle a ambas partes, Gobierno y guerrilla, que aceleren el ritmo de las negociaciones para que en el menor tiempo posible, haya más y mejores resultados.

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Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

Restitución de tierra en Colombia: ¿Cómo avanza el proceso en el nuevo Gobierno?
Nora Saldarriaga, directora de la fundación Forjando Futuro, participa en la presentación del informe de restitución de tierras este lunes en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10%.

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En los primeros 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro se han restituido 71.000 hectáreas de tierras a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en Colombia, lo que supone menos del 50 % de los últimos 17 meses del expresidente Iván Duque; durante el que se restituyeron 161.000 hectáreas, unas cifras presentadas este miércoles y que según organizaciones sociales ponen de manifiesto la necesidad de medidas de fondo para agilizar los procesos.

"Es muy lamentable que en el Gobierno del cambio, donde una de las principales propuestas era la Reforma Agraria Integral, tengamos estas cifras tan lamentables".

Consideró Nora Saldarriaga, la directora de la Fundación Forjando Futuros, que reveló las cifras.

En Colombia se considera que hay 6,5 millones de hectáreas de tierras despojadas por restituir, de las que en los 13 años desde la aprobación de la Ley de Víctimas solo se han devuelto un 10 %.

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Aunque es cierto que son los jueces y no los gobiernos los encargados de devolver a las víctimas sus tierras, desde organizaciones como Forjando Futuro, que lleva años dedicándose a apoyar a las víctimas de despojo, lamentan que de seguir al ritmo actual -con 71.000 hectáreas restituidas a 2.250 familias en año y medio del gobierno de Petro- "se tardaría 109 años en cumplir la meta".

Restitución de tierras por vía administrativa

Y por ello, hicieron un llamado para "que haya un cambio en la ley", en palabras de Saldarriaga, y el Congreso apruebe un proyecto de ley que plantea que pueda ser la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que devuelva los títulos a las víctimas y campesinos cuando sobre el predio o el terreno no haya peticiones de terceros.

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Es decir, que "si no hay terceros que se opongan" o tengan peticiones sobre el terreno que la víctima está pidiendo que le sea restituido, el proceso "se pueda hacer de manera expedita y no tengan que ir ante un juez".

Así se podría aligerar el trabajo que tienen los juzgados de tierras, donde se acumulan los casos incluso durante décadas haciendo que muchos demandantes incluso mueran esperando que les devuelvan sus terrenos.

"Nuestra investigación que el 72 % de estos casos (que están en los juzgados) no tienen oposición judicial; no existe un tercero reclamando derechos sobre el predio más allá de la víctima. Estos casos podrían ser restituidos perfectamente sin intervención de juez si se le otorga facultades a la URT".

Apuntó Ilhan Can, investigador de Forjando Futuros.

Y de esa manera, se podrían restituir hasta 3,6 millones de hectáreas, es decir, más de la mitad del total que queda por devolver; y más de 76.000 familias se verían beneficiadas con esta medida rápida.

Si no se toman acciones, alertaron las organizaciones sociales, el país seguirá ahondando el legado histórico que tiene en materia de resarcir a las víctimas de despojo y a quienes más sufrieron un conflicto que se sustenta en la tierra.

"No está siendo nada diferente la URT de Petro que la de los anteriores: es un escándalo político".

Consideró el director de la Fundación de Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia.

Todo ello porque "hay un problema de fondo y la solución que se han presentado en todos estos años son ajustes de comas que no son soluciones de fondo", según Can, y esta solución de fondo pasa por apostar por la restitución de tierras administrativa ante la judicial.

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Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

Ordenan arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez
Especial para 90minutos.co

El caso tiene que ver con una tutela interpuesta en 2023. Además del Alcalde también fue sancionado el Secretario de Educación del distrito.

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Este miércoles, 24 de abril, el juzgado 17 penal municipal con función de garantías de Medellín, ordenó cinco días de arresto al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y al secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela.

Asimismo, se conoció que tanto Federico Gutiérrez, como el secretario de Educación fueron sancionados con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. De acuerdo con lo informado, se acusa a los funcionarios de que no habrían cumplido con un fallo de tutela que los obligaba a pagar una licencia de maternidad a una funcionaria del sector educativo.

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Por otro lado, se informó que los días de arresto podrán ser pagados desde sus domicilios. Al parecer este caso fue denunciado desde noviembre de 2023.

Así como también deberán pagar, de manera inmediata, la sanción por desacatar la orden emitida por un juez, que equivale a 6.500.000 pesos.

Respuesta de Federico Gutiérrez

Tras conocer la orden de captura del alcalde de Medellín, 'Fico' Gutiérrez y secretario de Educación del distrito, Luis Patiño, por posible desacato a una tutela; el mandatario de la capital de Antioquia respondió vía X.

“Pagando los platos rotos que generaron los corruptos. (…) El daño que generaron quienes se robaron a Medellín no para y veremos las secuelas por mucho tiempo”.

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Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

Colombia ingresa en la lista de países con inseguridad alimentaria aguda, según ONU
Imagen de archivo de un campesino caminando por una milpa de maíz afectada por falta de lluvia, en el cerro La Mora en el Municipio de Santa Lucía, del departamento de Francisco Morazán, en Honduras. EFE/Gustavo Amador

El estudio publicado este miércoles por la ONU distingue entre población residente de Colombia, migrantes y refugiados.

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La población residente en Colombia sufre por primera vez inseguridad alimentaria aguda, según el informe anual de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) en colaboración con la FAO y otras agencias de la ONU; que destaca que el porcentaje de población que la afronta en Latinoamérica y el Caribe se redujo durante 2023.

El documento publicado este miércoles, que distingue entre población residente de Colombia y migrantes y refugiados, sostiene que la primera padece "uno de los niveles más altos de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad laboral" de la región, pese a ser "un país de ingresos medios o altos; con una alta capacidad gubernamental para apoyar a su población".

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En total 1,3 millones de personas o el 3% de la población residente de Colombia se enfrentó a graves niveles de inseguridad alimentaria aguda; sobre todo en las zonas rurales "debido a los bajos ingresos y la alta vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos externos".

Mientras que el 62% de la población migrante o refugiada, 2,9 millones de personas, sufrió este fenómeno en Colombia; país que los migrantes se ven obligados a atravesar en su travesía hacia el norte de la región por la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Panamá.

En total, la población latinoamericana y caribeña inmersa en crisis alimentarias se situó en 2023 en el 26,5%, un porcentaje ligeramente inferior al de 2022; cuando fue del 27,3%. Aunque el número de personas aumentó hasta los 19,7 millones debido a la inclusión en la lista de los residentes en Colombia y los migrantes y refugiados de Perú.

Haití, el más afectado y la situación mejora en Centroamérica

Haití continúa siendo el país más afectado por este fenómeno; y el único de la región inmerso en una crisis alimentaria prolongada que en 2023 afectó a 4,9 millones de personas. Y es que, el 49 % de la población total, y experimentó un aumento de 166.000 personas con respecto a 2022.

Los motivos que la GNAFC esgrime para que continúe esta situación en el país caribeño son:

"La persistente inseguridad y la violencia de las pandillas, junto con los altos precios de los alimentos, la mala actividad económica y la reducción de la producción agrícola debido a las condiciones climáticas extremas".

Los países en los que más de un millón de personas sufren una grave crisis alimentaria en la región son: Colombia, Guatemala, Haití, Honduras y República Dominicana.

Sin embargo, la situación mejoró en países como Honduras, Guatemala o El Salvador, que experimentaron una "disminución moderada" en el número de personas que se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria; a pesar de las pérdidas localizadas de cultivos.

Los efectos de la crisis migratoria

El informe analiza de forma independiente a las poblaciones migrantes de Ecuador y Perú, que entre las dos suman más de un millón de personas afectadas por este fenómeno.

Además, el documento señala las dificultades de acceso a un empleo estable y las condiciones extremas climáticas de fenómenos como El Niño como principales motivos.

En este sentido, la GNAFC indica que Latinoamérica afronta una "importante crisis de desplazamiento" y cifra en 12 millones las personas que se han visto obligadas a emigrar "por la fuerza" en la región.

En 2023, América Latina vivió una crisis migratoria sin precedentes, con cientos de miles de migrantes que en su camino hacia la frontera de Estados Unidos se enfrentan a la extorsión, robos y violaciones; con la incertidumbre de no saber si podrán llegar a su destino, paralizados además por un aumento de las restricciones.

De una forma más superficial, el documento menciona la situación en otros países como Bolivia, Venezuela, y las poblaciones residentes en Perú y Ecuador; y coincide en que las condiciones meteorológicas extremas derivadas de fenómenos como El Niño incidieron en un leve empeoramiento de la situación.

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