Cerca de 5.500 personas han sido excarceladas desde junio de este año en Colombia, debido a las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016. Sin embargo, dicha medida ya encontró sus contradictores en los alcaldes afiliados a Asocapitales, que solicitaron derogar las leyes.
Los mandatarios locales dicen estar preocupados por el alto porcentaje de reincidencia y los indicadores de seguridad. Asocapitales aseguró que 2.803 individuos han reincidido en lo corrido del año. A esto se suma que el 11 por ciento de los beneficiarios son miembros de bandas criminales dedicadas al homicidio, hurto, microtráfico, entre otros crímenes. Y de dicha cantidad, se han recapturado a 694 personas.
Además, asegura un comunicado de Asocapitales, de los delincuentes nuevamente detenidos se les ha mandado a la cárcel en un 70 por ciento. Es decir, el 30 por ciento restante quedó en libertad, pese a su condición de reincidencia.
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Frente a dicha problemática, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseveró que “la acción de la Policía y la Fiscalía deben acompañarse de leyes convenientes para poder enfrentar la delincuencia, y en ese sentido nos parece que las leyes que terminan debilitando la acción del Estado frente a la delincuencia van en contravía de la demanda ciudadana de mayor seguridad y de mayor protección a las distintas comunidades”.
Entretanto, en Cali se reportan 234 personas que han reincidido en conductas delictivas y de dicha cifra, 137 han sido condenados a la cárcel. Según la secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, María Ximena Román, “es verídico que están afectando los índices de inseguridad de la ciudad”.
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Sin embargo, comentó que hay que “darles la oportunidad a los presos, pues no se sabe si van a delinquir. Por tal motivo, se adelantan actividades de incorporación a la vida civil”.
A su vez, el Noticiero 90 Minutos le preguntó a los caleños cuál es su opinión frente a la situación. Celmira Aza se mostró de acuerdo en caso de que capaciten a los presos y que “sean útiles a la sociedad. De lo contrario, esto se volvería un caos”.
Por su parte, Armando Camacho opinó que la medida generaría “más inseguridad”. Por lo tanto, opinó que los condenados deben cumplir en su totalidad con las penas fijadas por la ley.
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#CaliCo La SAE indicó que la @AlcaldiaDeCali tomaría las riendas del terreno para hacer de operador provisional. https://t.co/SwNg4aXnZN
— Noticiero 90 Minutos (@Noti90Minutos) November 3, 2017
