La decisión de la JEP en el caso del secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca ha provocado reacciones encontradas entre las víctimas y sus familiares. Mientras algunos consideran que las sentencias representan un paso en el marco de la justicia transicional, otros aseguran que se trata de una decisión que constituye impunidad y revictimización.
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Sigifredo López, exdiputado que sobrevivió a la masacre tras haber estado secuestrado 2.492 días por las FARC, aseguró que los exintegrantes del secretariado “no han reparado, no dijeron la verdad” y que la sentencia de la JEP “es de total impunidad” y “una burla para las víctimas”. Añadió que aún no se ha conocido la verdad completa, pues nunca se esclareció quiénes financiaron o colaboraron en el secuestro múltiple.
“Constituye una revictimización para nosotros las víctimas, porque envuelve total impunidad. Y, además de eso, los premian”, comentó López.
“En últimas, con el acuerdo de paz que hubo en Colombia, los únicos que hemos cumplido somos las víctimas que aportamos todo nuestro dolor, nuestro sufrimiento, pensando que el conflicto iba a terminar. Y hoy, en cambio, está más recrudecido que antes”
Sigifredo López, exdiputado del Valle.
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Aseguró que aún hay verdades ocultas sobre lo ocurrido, como la falta de claridad respecto a quiénes estuvieron detrás del secuestro. Según él, hubo personas que incluso habrían pagado para que se ejecutara el secuestro múltiple, por lo que exigieron investigar a los posibles autores intelectuales. Sin embargo, hasta hoy, afirmó, nunca se conoció la verdad.
“Hubo autores intelectuales, se dice que hubo gente que pagó para que esto ocurriera. Nunca se supo”.
Sigifredo López, exdiputado del Valle.
Para otros familiares, como la hija del diputado Carlos Alberto Charry, la sentencia sí representa un avance. Aseguró que la JEP cumplió con su misión al imponer la pena máxima dentro de la justicia transicional, y que, aunque las sanciones alternativas no contemplan cárcel tradicional, deben tener un contenido reparador que aporte algo de tranquilidad a las familias.
El abogado que representa a los familiares de los diputados cuestionó la decisión y anunció que agotará todos los recursos en Colombia para luego acudir a la Corte Penal Internacional, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos y se logre justicia bajo estándares internacionales.
Los familiares de los 11 diputados del Valle hacen parte de las 27 víctimas de secuestros políticos cometidos por las FARC que son objeto de análisis en la JEP, tribunal que continúa avanzando en la investigación de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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