Colombia atraviesa una de las etapas más críticas en materia de seguridad reciente: proliferación de grupos armados, aumento de secuestros y, más recientemente, la muerte de 15 menores de edad en operaciones contra las disidencias de alias Iván Mordisco, un hecho que ha profundizado el debate nacional y evidenciado profundas fracturas políticas y sociales.
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De acuerdo con Medicina Legal, la cadena de muertes comenzó el 24 de agosto de 2025, en El Retorno, Guaviare, cuando tres menores fallecieron en medio de un bombardeo. Mes y medio después, el 1 de octubre, el panorama se repitió en Puerto Santander, Amazonas, con la muerte de otros cuatro menores. Para entonces, la cifra ascendía a siete víctimas en menos de dos meses.
El escenario se volvió aún más crítico el 10 de noviembre, cuando en Calamar, Guaviare, un nuevo bombardeo dejó siete menores muertos, consolidándose como uno de los episodios más devastadores del año. Los reportes conocidos por Medicina Legal se cerraron el 13 de noviembre, hace apenas una semana, con la muerte de otro menor en Puerto Rondón, Arauca.
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En medio de este contexto, alias Iván Mordisco reapareció en un video anunciando lo que él denomina un “juicio revolucionario” como respuesta a estas operaciones, una acción que ha intensificado la tensión entre el Gobierno y las estructuras ilegales que operan en el sur y el oriente del país.
El debate de fondo, y aún sin una salida clara, gira en torno a la continuidad o suspensión de los bombardeos, especialmente cuando existe evidencia reiterada de la presencia de menores en los campamentos de las disidencias. Mientras la opinión pública se polariza, las autoridades locales también fijan posición.
En el suroccidente del país, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, defendió las operaciones aéreas al afirmar que “en el momento en el que estos delincuentes vayan a generar una acción en contra de la población civil y en contra de nuestras fuerzas militares, se puede bombardear”.
Y agregó que el uso de menores en estos campamentos no puede convertirse en un freno para las acciones de la Fuerza Pública, ya que “este delito (reclutamiento forzado) no lo está cometiendo la Fuerza Pública, lo está cometiendo los delincuentes que los reclutan”.
El representante a la Cámara por el partido de La U, Víctor Manuel Salcedo, también señaló que los grupos ilegales “están utilizando a los menores como escudos”, una afirmación que alimenta la discusión sobre la responsabilidad de los actores armados y los límites operativos de la Fuerza Pública.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha reiterado que los operativos continuarán, en contraste con la postura de la Defensoría del Pueblo, que insiste en que deben suspenderse ante el riesgo evidente para los menores reclutados.
Así, el país se mueve entre posiciones encontradas, presiones políticas y un escenario humanitario cada vez más complejo. El debate sigue abierto y, por ahora, sin una solución que logre conciliar seguridad, legalidad y protección de los menores reclutados.
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