Viernes, Octubre 19 2018

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En la Habana, Gobierno y Farc llegan a acuerdos sobre drogas ilícitas

El Gobierno y las Farc anunciaron que llegaron a un acuerdo en el punto de la agenda que trata sobre narcotráfico y cultivos ilícitos. De acuerdo a información preliminar, ambas partes llegaron a un consenso en los tres apartados que contiene este punto y que son: la sustitución de cultivos ilícitos; consumo y salud pública …

En la Habana, Gobierno y Farc llegan a acuerdos sobre drogas ilícitas

El Gobierno y las Farc anunciaron que llegaron a un acuerdo en el punto de la agenda que trata sobre narcotráfico y cultivos ilícitos.

De acuerdo a información preliminar, ambas partes llegaron a un consenso en los tres apartados que contiene este punto y que son: la sustitución de cultivos ilícitos; consumo y salud pública y comercialización y narcotráfico.

Con la llegada de este acuerdo, el Proceso de Paz que se está realizando en La Habana ya ha avanzado en los puntos de tierras, participación en política de las Farc y éste, el punto cuatro en la agenda y tercero en negociación, que se refiere al tema de narcotráfico.

Después de este acuerdo, el siguiente punto a tratar será el tema de justicia transicional y víctimas de conflicto armado. Cabe recordar que las Farc habían anunciado que se debe de crear una comisión para estudiar las causas del conflicto, con expertos nacionales e internacionales.

Se espera que  las cinco de la tarde se conozca el comunicado donde se especifíquen los términos en los que se logró el acuerdo.

El congresista Iván Cepeda se refirió a este tema en su cuenta de Twitter:

El acuerdo al que llegaron ambas partes establece que el problema del manejo de las drogas ilícitas debe ser resuelto para la consecución de una "paz estable y duradera" y que el narcotráfico está alimentado de la "pobreza, marginalidad y débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales".

Los acuerdos a los que llegaron fueron:

Sobre los cultivos ilícitos

Se acordó la puesta en marcha de "un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en cabeza de la Presidencia de la República, cuyos objetivos son generar condiciones de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito y eliminar de manera definitiva y sostenible los cultivos de uso ilícito y la ilegalidad asociada a estos en todo el territorio".

Explican que se deben"dar garantías plenas a las comunidades para el ejercicio de sus derechos y libertades", por lo que este programa hace parte de la Reforma Rural Integral, acordada en el primer punto del Acuerdo y va mas allá de simplemente erradicar los cultivos.

Las Farc afirmaron que participarán "en el programa y contribuirán a la solución definitiva del problema de los cultivos de uso ilícito" y que es fundamental que la sustitución sea voluntaria, acompañada de "un compromiso del Gobierno de poner en marcha los planes de asistencia inmediata y los procesos de planeación participativa para generar condiciones dignas de vida y de trabajo".

En caso de que no haya voluntad de las comunidades en participar en los programas de sustitución de cultivos, se acordó que el Gobierno podrá comenzar la erradicación manual de los mismos, "previo un proceso de socialización que tenga en cuenta la información de las comunidades".

Además, dicen los negociadores, el cumplimiento de este programa deberá ir acompañado de un fortalecimiento en la presencia del Estado en todo el país, para así brindar las "garantías y condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito".

En este punto, las Farc y el Gobierno expresaron la importancia de asegurar el desminado humanitario, para así garantizar la protección de las comunidades, por lo que se comprometieron a suministrar la información necesaria para adelantar este tema.

Sobre el consumo de narcóticos

En cuanto al consumo de drogas, que indicaron "constituye una preocupación creciente de las familias colombianas y un desafío de la sociedad", los delegados acoraron la implementación de una política de Estado que esté enfocada en la "promoción en salud, prevención, reducción del daño, atención integral e inclusión social de los consumidores"

Esta política, afirman, debe estar basada en los derechos humanos y de salud pública, y será diferencial, según el género y la
dad.

Para combatir el creciente consumo de drogas, las Farc y el Gobierno acordaron la creación de un programa "de alto nivel para articular las instituciones nacionales y regionales".

De esta forma, se acordó la creación de una "instancia nacional representativa, que coordine la participación de las comunidades, los consumidores y expertos en la materia", los cuales servirán como base para la formulación del programa.

Sobre el narcotráfico

Para combatir la producción y comercialización de drogas ilícitas, el Gobierno y las Farc acordaron la creación de una estrategia de política criminal a nivel nacional, "con enfoque territorial", que se enfoque en la investigación, judicialización y sanción de los delitos asociados al narcotráfico.

En este punto, ambas partes coincidieron en la importancia de implementar, paralelamente, una "estrategia integral de lucha contra la corrupción".

Además, se propuso la creación de una nueva estrategia contra los activos involucrados en el tráfico de drogas y el lavado de activos, que incluya "el mapeo de la cadena de valor del narcotráfico sobre la base de un nuevo modelo, basado en el trabajo de un grupo de expertos".

También se creará un nuevo estatuto de prevención y lucha "contra las finanzas ilícitas"; rediseño de nuevas instancias de "investigación, supervisión o control financiero de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico", una campaña contra el lavado de activos; y una estrategia para garantizar la aplicación de la extinción de dominio.

En el acuerdo, igualmente, se trata el tema de los insumos utilizados para la elaboración de la cocaína, para el cual se creará una estrategia contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Ambas partes, para finalizar, indicaron que el Gobierno deberá promover una conferencia internacional, "en el ámbito de la ONU", en la cual se haga una evaluación de la política internacional de lucha contra las drogas.

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