Domingo, Junio 24 2018

El sistema penal acusatorio, una farsa monumental

El Sistema Penal Acusatorio es una farsa monumental y con el paso de tiempo se ha convertido en una forma de justicia puntillosa, antigarantista y corrupta. Los jueces de garantías, creados con la supuesta intención de proteger al ciudadano frente a las actuaciones del estado penal, terminaron siendo un mero apéndice de la fiscalía, carentes …

El sistema penal acusatorio, una farsa monumental

El Sistema Penal Acusatorio es una farsa monumental y con el paso de tiempo se ha convertido en una forma de justicia puntillosa, antigarantista y corrupta. Los jueces de garantías, creados con la supuesta intención de proteger al ciudadano frente a las actuaciones del estado penal, terminaron siendo un mero apéndice de la fiscalía, carentes de independencia y autonomía. Los jueces de conocimiento son incapaces de contener los abusos del ente acusador y pocos reaccionan ante la estrategia entreguista de los defensores públicos que inducen a los imputados a aceptar cargos sin haber examinado las posibilidades de la defensa o llevan a cabo preacuerdos a destajo por miedo o pereza de enfrentar un juicio.

Qué tiemblen los delincuentes, decía el oscuro Fiscal Luis Camilo Osorio, mientras se hacia el de la vista gorda respecto a los nexos de algunos de sus subalternos con los grupos paramilitares, tal y como ocurrió con la siniestra directora de fiscalías de Cúcuta, quien puso el ente acusador al servicio de las autodefensas. Los delincuentes no temblaron y en cambio sí empezaron a temblar los ciudadanos de bien, los disidentes y opositores políticos del gobierno de turno y quienes se negaron a pagar las extorsiones de las hermanitas de la caridad en que se convirtieron los desmovilizados por cuenta de la bendición que les otorgó la Corte.

El garantismo penal quedó reducido a las formulas sacramentales que recitan los jueces de control de garantías antes de fulminar a los imputados con medidas de aseguramiento carentes de sustento argumentativo y probatorio. En el colmo del abuso estos funcionarios, supuestamente llamados a velar por los derechos fundamentales de los imputados realizan las denominadas audiencias preliminares (legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento) en extenuantes jornadas, sin consideración al estado de salud de los indiciados, tal y como ocurrió recientemente en Buga.

A pocas cuadras de la casa del Milagroso un juez de marras sometió a nueve personas, entre ellas adultos mayores y un paciente de un accidente cerebro vascular (ACV) a 5 días de audiencias, que duraron en promedio más de doce horas. El último día convocó a las partes a la una de la tarde, sin explicación alguna dio inicio a la audiencia tres horas después, a eso de las 8 de la noche decretó un receso de más de una hora y a media noche se mantuvo inconmovible frente al imputado del ACV que yacía desmayado en una banca fuera de la sala de audiencias debido a la fatiga.  Cuando uno de los defensores intento dejar constancia de estos abusos el juez le desconectó el micrófono y luego ordenó a los custodios que lo sacaran del recinto debido a que el defensor no se arredró y continuó con la queja.

Los jueces de garantías justifican haber convertido las audiencias en verdaderas maratones argumentando que la norma ordena que deben realizarse de manera concentrada. Sin embargo la regla de concentración no tiene rango superior al principio de dignidad humana, ni autoriza violar los derechos humanos de los indiciados. También esgrimen que sino las ejecutan de esa manera pueden ser disciplinados por el Consejo Superior de la Judicatura. No creo que esta entidad, por fortuna próxima a desaparecer, haya orientado a los jueces a violar los derechos humanos. Ahora bien, sin los jueces no tienen el valor de oponerse a una directriz de ese tenor, que de paso vulnera sus derechos laborales, pues tampoco lo tendrán para garantizar los derechos de los demás.

La judicatura y los tribunales superiores que inexplicablemente mantienen las facultades nominadoras, pese a la carrera judicial (que vergüenza), han incurrido en el error de nombrar como jueces de garantías a abogados inexpertos, muchos de ellos recién graduados, fácilmente influenciables, timoratos y carentes de criterio jurídico. El vicefiscal le saca provecho a esta debilidad de la judicatura, pero sobre todo a la facultad que tiene la fiscalía de investigar y acusar a los jueces, y sin ninguna cortapisa realiza ruedas de prensa simultáneas a las audiencias preliminares, presentando como culpables a quienes apenas van a ser imputados con el fin de presionar al pobre juez de turno, que sabe muy bien que sino despacha favorablemente las solicitudes de la fiscalía puede terminar ocupando el banquillo de los acusados.

El secretismo que introdujo este “revolucionario sistema”, nos devolvió a épocas oscuras de la justicia colombiana donde imperaban los jueces sin rostro, los fiscales sin rostro y las pruebas secretas. Ahora el imputado debe esperar hasta la audiencia de acusación para conocer los elementos materiales de prueba, las evidencias y los informes en su contra. En el ínterin funciona en la fiscalía y la policía judicial un mercado de venta de información al mejor postor, dando lugar a la conformación de verdaderas empresas criminales que operan en las narices de los jerarcas del ente acusador.

Las terribles imperfecciones del sistema penal acusatorio, los abusos de la fiscalía, la inoperancia de los jueces de garantías, la impunidad y la corrupción han minado la confianza ciudadana, hasta el punto de percibir el sistema penal acusatorio como una farsa que persigue intereses distintos al establecimiento de la verdad y la recta impartición de justicia.

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Acerca del Autor

Elmer Montaña

Caleño, padre de familia, abogado santiaguino especialista en D.I.H y cultura de paz, derecho administrativo.Ex fiscal, profesor universitario, asesor y consultor, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Defensa de Inocentes.

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