Lunes, Junio 18 2018

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El CE ordena suspensión de reubicación de familias del jarillón

El proceso de reubicación de las familias del jarillón del río Cauca, fue suspendido tras fallo en primera instancia emitido por el Consejo de Estado como medida cautelar por la presunta violación de derechos humanos. La orden dirigida a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Cali, ordena la suspensión de las demoliciones de …

El CE ordena suspensión de reubicación de familias del jarillón

El proceso de reubicación de las familias del jarillón del río Cauca, fue suspendido tras fallo en primera instancia emitido por el Consejo de Estado como medida cautelar por la presunta violación de derechos humanos.

La orden dirigida a la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad de Cali, ordena la suspensión de las demoliciones de las viviendas ubicadas en los sectores de Venecia, Cinta Larga y Las Vegas, hasta que no se conozca el fallo definitivo ante la acción de tutela.

Esta medida fue emitida tras la acción de tutela impuesta por el abogado Rodolfo Yanguas, a quien el Consejo de Estado le reconoció la personería adjetiva.

"Lo que pasa es que la situación en el jarillón es más complicada de lo que la gente cree, porque estas familias nunca se vincularon al proceso, ni siquiera como tercer. Se actuó en un proceso sin que ellos fueran notificados", indicó Yanguas.

De acuerdo con el abogado, las 6.800 familias que resultan afectadas con esas demoliciones nunca fueron notificadas ni fueron vinculadas a un proceso de reubicación.

"Esto es una decisión determinante. El Consejo de Estado pocas veces entrega una medida cautelar, y si ahora lo está haciendo, es porque está viendo que no se está cumpliendo con el debido proceso y son muchas las personas afectadas", señaló.

La decisión del Consejo de Estado indicó que la Administración Municipal no atendió al llamado de la Personería de Cali y de la Procuraduría 57 Delegada para Asuntos Administrativos, quienes indicaban que las personas de estos sectores del jarillón, no habían sido vinculadas a la acción popular bajo ninguna calidad, lo que constituiría una violación al debido proceso.

La comunidad solamente habría sido informada el 19 de mayo de 2015, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobierno, para que el 1 de junio las familias abandonaran voluntariamente el área de las viviendas, las cuales iban a ser demolidas.

"El progeso de la ciudad no pueda pasar por encima de las personas que no tienen cómo defendeser. No hay excusa de nadie", finalizó Yanguas.

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