Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aseguró que la política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe tuvo éxito gracias al apoyo de los grupos paramilitares.
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"La política de seguridad democrática del presidente Uribe funcionó porque nosotros estuvimos detrás de ella"
Declaró Mancuso durante una audiencia en el proceso que enfrenta el exmandatario por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.
El exlíder paramilitar también sostuvo que en 2009 pidió a la exsenadora Piedad Córdoba que lo visitara en prisión en Estados Unidos, pues consideraba que su extradición buscaba silenciarlo respecto a la presunta implicación del Estado en crímenes de guerra.
"Esos crímenes fueron cometidos por nosotros en las autodefensas en connivencia con el Estado"
Afirmó.
Mancuso y otros altos mandos de las AUC fueron enviados a EE.UU. el 13 de mayo de 2008, durante el gobierno de Uribe, para enfrentar cargos por narcotráfico. En su momento, el entonces presidente justificó la medida argumentando que los paramilitares no habían cumplido con la Ley de Justicia y Paz y continuaban delinquiendo.
Tras cumplir una condena de 15 años en territorio estadounidense, Mancuso fue deportado a Colombia en febrero de 2023 para responder ante la justicia.
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Proceso contra Álvaro Uribe
El origen del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe se remonta a 2012, cuando denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos, en respuesta a una investigación del congresista sobre sus supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó la acusación contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra Uribe por los mismos cargos.
El juicio inició este año luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por la Corte Suprema.
En agosto de 2020, Uribe renunció a su curul en el Senado, lo que trasladó su caso a la justicia ordinaria. La Fiscalía intentó en dos ocasiones archivar el proceso, pero tanto los juzgados de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá rechazaron la preclusión. Finalmente, en 2023, el ente acusador formalizó la imputación contra el exmandatario.
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