Miércoles, Octubre 17 2018

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Detrimento de $ 3.375 millones, inhabilita 18 años a exgobernador encargado de Chocó

Roger Pastor Mosquera Lozano, mandatario departamental encargado del Chocó en el año 2004, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, señalado de consentir el incremento injustificado del patrimonio a favor de terceros, cuando permitió celebrar un acuerdo de transacción en el que se comprometieron $3.375 millones del erario. Aseguró el organismo de control, que con …

Detrimento de $ 3.375 millones, inhabilita 18 años a exgobernador encargado de Chocó

Roger Pastor Mosquera Lozano, mandatario departamental encargado del Chocó en el año 2004, fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación, señalado de consentir el incremento injustificado del patrimonio a favor de terceros, cuando permitió celebrar un acuerdo de transacción en el que se comprometieron $3.375 millones del erario.

Aseguró el organismo de control, que con su actuación, Mosquera Lozano, facultó el incremento injustificado del patrimonio de tres personas naturales, razón por la cual la falta fue calificada como gravísima a título de dolo.

A Mosquera, quien fungió antes de ser gobernador encargado, como secretario de Hacienda del Chocó, aseguró en su fallo el órgano de control, desde ese entonces se le hallaron irregularidades en la cancelación de dineros a los demandantes, en este caso exdiputados de la Duma Departamental, quienes reclamaban un pago por concepto de auxilio de cesantías e indemnización moratoria.

El pago de estos recursos no debió realizarse, debido a que algunos títulos la acción ejecutiva laboral se encontraba prescrita,y en otroscasos,la obligación ya había sido cancelada, motivo por el cual no había lugar al pago de la sanción por mora.

Sin embargo, la investigación de la Procuraduría descubrióque Roger Mosqueracreó un nuevo título de ejecución a favor delos demandantes y así pudo restablecer lasobligaciones que estaban prescritasy favorecer con recursos del ente territorial a los tres exdiputados.

Según dictaminó el ente de control, por lo que era el deber del funcionario eratomar las previsiones del caso y consultarcon antelación los procedimientos para determinarsi el pago de esas obligaciones era justificado para no caer enel detrimento del patrimonio públicodel que fue acusado y ahora, destituido y sancionado. 

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