La contralora Sandra Morelli aportó diferentes documentos sobre el cese de actividades, y la forma como se han cumplido los cierres y se obstaculizó el acceso a los despachos judiciales.
En su demanda, la Contralora pide que se declare la ilegalidad del paro de conformidad con el artículo 56 de la Constitución Política y el numeral 1 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo.
De acuerdo con esta normatividad “la suspensión colectiva es ilegal cuando se trate de un servicio público”.
Con la decisión, la alta funcionaria también busca que se advierta a los empleados de la fiscalía y afiliados a Asonal para que reanuden sus actividades en los despachos judiciales.
Sandra Morelli, además, ordenó la constitución de una "comisión de verificación de la reanudación de actividades en los despachos judiciales, la cual debe presentar al tribunal de conocimiento, un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio público".
Consecuencias del Paro
En los 23 días que se han cumplido, tras el inicio del paro de la rama judicial en Colombia, más de 1.000 audiencias diarias no se han podido realizar y por lo menos, se estima que 80.000 procesos están paralizados.
El costo de este cese de actividades supera los de 2 mil millones de pesos diarios para el país.
