Domingo, Diciembre 9 2018

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Como única salida, el HUV se acogerá a la Ley de Insolvencia

Como única opción para salvar el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, anunció el ingreso del centro hospitalario a la Ley 550 o Ley de Insolvencia, luego de la notificación de la Superintendencia Nacional de Salud. La Gobernadora recordó que uno de los compromisos más importantes que adquirió en su …

Como única salida, el HUV se acogerá a la Ley de Insolvencia

Como única opción para salvar el Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’, la gobernadora, Dilian Francisca Toro, anunció el ingreso del centro hospitalario a la Ley 550 o Ley de Insolvencia, luego de la notificación de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Gobernadora recordó que uno de los compromisos más importantes que adquirió en su gobierno, fue asumir la gran crisis que padecía el HUV.

“Encontramos un hospital con un déficit de más de 280.000 millones de pesos, con una calificación de alto riesgo del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud, pero lo más preocupante con los servicios de alta complejidad casi que suspendidos. Unidades como las de traumas y emergencias funcionando en un 5 por ciento, el área de neurocirugía al 20 por ciento y qué decir de la Unidad de Hematooncología, que prácticamente fue cerrada, dejando a los niños con cáncer del Valle y los tres departamentos vecinos sin la atención requerida”, indicó la mandataria.

En este orden de ideas, tanto el Gobierno regional como el Gobierno nacional conocían que la vía de solución  más rápida era la liquidación, sin embargo, se contempló el gran costo social que tendría que asumir la región además de la desestabilización de la red pública hospitalaria.

“En compañía de un equipo de expertos decidimos salvar el Hospital Universitario de la liquidación y acogernos a la Ley 550, que establece un riguroso plan de ajuste que nos permitirá estabilizar financiera y administrativamente el hospital y, lo más importante, garantizar la atención en salud de manera oportuna y con calidad a todos nuestros usuarios”, dijo Toro.

Sin embargo, mientras se buscaba la forma más indicada de proceder en este caso, se hallaron 14 cajas con facturas sin cobrar de más de 10.000 millones de pesos que nunca ingresaron al hospital y el fraude en el supuesto proceso de selección de gerente, cuando fue suplantada una universidad para hacer creer que se encargaría de escogerlo. Estos descubrimientos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría.

Pero no todo es malo, uno de los temas que se logró superar durante el proceso, fue el pago completo de salarios y primas atrasadas de los trabajadores de planta, gracias a un aporte de 20.000 millones de pesos por parte de la Gobernación  luego de que se firmara un Plan de Desempeño con el Hospital.

“El Hospital Universitario del Valle se encamina en un nuevo ejercicio que exigirá la reducción de costos y gastos para prestar sin ninguna dificultad sus servicios en el nivel tres de complejidad y generar un ahorro para poder pagarles a los acreedores”, agregó Toro.

Para lo anterior, se cuenta con siete años para cumplir a cabalidad con las metas financieras para garantizar su funcionamiento y generar los ahorros que permitan honrar las deudas con 700 acreedores.

A la par de cumplir los requisitos exigidos por la Superintendencia de Salud para acceder a la Ley 550, fue necesario realizar una transformación estructural que le permitirá al hospital contar con el personal y los insumos necesarios para atender especialmente los casos más complejos de salud. “En esta reingeniería suspendimos 61 encargos, muchos sin justificación y que superaban los 20 años trasgrediendo toda norma; eliminamos de manera definitiva 400 cargos que estaban vacantes, y logramos salvar 1.352 empleos evitando la desvinculación de más trabajadores y sus familias, como hubiera ocurrido de continuar con la misma dinámica de desorden”, dijo la Mandataria.

“Y a pesar de que estas decisiones no son fáciles, es mi deber y una prioridad no sólo como gobernante sino  también como médica, preservar la vida de los usuarios que reclaman atención. Por eso, contamos con la consultas previas y los avales del Ministerio de Salud, la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Trabajo y la Comisión del Servicio Civil, ofreciendo por supuesto todas las garantías de Ley”, puntualizó la Gobernadora.

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