Colombia

"Volver a empezar": Ley le permitirá salir de las cárceles a madres cabeza de hogar

Más de 5.000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de prisión podrán sustituir su condena con servicio comunitario.

"Volver a empezar": Ley le permitirá salir de las cárceles a madres cabeza de hogar
EFE/Carlos Ortega.

Más de 5.000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de prisión podrán sustituir su condena con servicio comunitario.

Compartir

A Paola Sarmiento y a Jasbleidy Pulido las une el deseo de querer dejar atrás un pasado en el que cometieron "muchas equivocaciones" y las ganas de abrazar a sus hijos cuando se materialice su salida de El Buen Pastor, la fría cárcel de Bogotá en donde están recluidas 1.869 mujeres, entre sindicadas y condenadas.

Ellas cumplen condena por delitos relacionados con narcotráfico, ocuparon eslabones bajos dentro de las organizaciones criminales que se dedican a reclutar personas para que transporten sustancias en el cuerpo, las almacenen en sus hogares, sean vigías o vendan pequeñas cantidades de marihuana o cocaína.

Lea también: Colombia extradita a EE.UU. al primer ciudadano por comercializar y distribuir fentanilo

"Llegué aquí porque tomé malas decisiones, no atendí los consejos de mis padres y por eso a los 13 años me fui de la casa en busca de nuevos horizontes y más libertad".

Paola Sarmiento.

Ella espera que en menos de seis meses pueda beneficiarse de una nueva ley que permitirá, según cálculos del Ministerio de Justicia, a cerca de 5.000 mujeres cabezas de familia sustituir la pena con servicio comunitario.

"Sería una bendición que se pueda dar eso. Confío en que así será", comenta Paola mientras pinta pequeñas figuras de la cultura indígena colombiana y paisajes de la zona cafetera en una tira de cuero que más adelante corta y se convierte en servilleteros, monederos y otros artículos que se venden en tiendas y aeropuertos del país.

Una ventana a la libertad

Más de 5.000 mujeres cabeza de familia condenadas a penas de prisión iguales o inferiores a ocho años comenzarán a quedar en libertad en Colombia cumpliendo un servicio social o un trabajo comunitario como una medida sustitutiva de su condena.

Jasbleidy Pulido, llora al hablar de su caso. Recuerda que entró al negro túnel de las drogas por querer solucionar una mala racha cuando no "conseguía trabajo en nada; ni lavando carros, ni como empleada doméstica, ni en almacenes, en nada".

Si no pagaba la mensualidad del arriendo, la echaban, y entonces apareció un hombre que le propuso "solucionarle el problema".

"Me dijo que me podía ayudar, yo le dije que podía trabajar en lo que fuera", pero le ofreció "ir 'cargada'". Al comienzo le dijo que no, "que tenía una hija".

Recuerda Jasbleidy Pulido.

Lea también: ¿Sabe qué hacer si el cajero automático le entrega un billete falso o roto?

Los días pasaron y la situación económica empeoró y finalmente aceptó. "La aventura no duró mucho porque en el aeropuerto mi nerviosismo me condenó", evoca.

Ella, de 45 años, paga por una pena de nueve por tráfico de estupefacientes y espera que la ley le sirva para regresar a la libertad y apoyar a su mamá, una anciana de 84 años que, según ella, aun la espera.

Para volver a empezar

Según el Ministerio de Justicia, en Colombia hay un poco más de 17.000 mujeres en cárceles. De ellas, 7.800 han sido condenadas y el resto espera a que sus procesos avancen en un sistema judicial lento.

La nueva ley tiene como foco una "resocialización" y la "garantía de los derechos humanos" de las condenadas para que puedan obtener una disminución en sus penas por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros.

Sarmiento y Pulido coinciden en que esos beneficios pueden ayudar "a muchas", a la espera de la luz verde de los jueces.

"Yo creo que en seis meses o menos puedo estar en libertad y con eso dedicarme a mis tres hijos", dice con voz quebrada Sarmiento, que en prisión terminó el bachillerato y que aprovecha "cualquier curso que dictan para hacerlo y aprender".

Otro punto en el que las dos mujeres están de acuerdo es que es una oportunidad "única" para "volver a empezar". Podrán hacer trabajo social, para lo cual el Gobierno ya tiene 2.500 cupos gracias a convenios con diferentes entidades del Estado, empresas y ONG.

"Ellas salen y saben que no pueden reincidir, ya tienen un plan de vida que implica que las beneficiarias salen de una vez sabiendo dónde van a pedir la sustitución de la pena", explica el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández.

Cinco horas de trabajo les permite reducir una semana de condena, pueden hacer labor social un máximo de 20 horas a la semana. El resto del tiempo lo pueden utilizar trabajando en lo que quieran.

Según Jasbleidy Pulido, además de regresar y pedirle perdón a su mamá, buscará crear fundaciones para ayudar a las reclusas, muchas de las cuales "están en la cárcel siendo inocentes y no saben qué hacer para defenderse".

"Lo primero que haré cuando regrese a la libertad es abrazar a mi mamá, a mi hija, a la familia. Salgo a repartir abrazos", afirma, mientras extiende su mano señalando los edificios del Buen Pastor en los que se apretujan hasta seis personas por celda en un espacio diseñado únicamente para dos, y en cuyos pasillos cuelga ropa que se agita con las ráfagas de viento que, de alguna manera, comunica a las internas los privilegios de la libertad.

Artículo relacionado

Sigue nuestras redes sociales:

Lee más noticias

Colombia

Gobierno pide perdón a las madres de Soacha por los 'falsos positivos'

Fueron 6.402 los casos de 'falsos positivos' según la JEP, por ahora el Gobierno pidió perdón por 19 de ellos cometidos en 2008 en Norte de Santander.

Gobierno pide perdón a las madres de Soacha por los 'falsos positivos'
Iván Velásquez Gómez (c), ministro de Defensa de Colombia, participa hoy en un acto de excusas públicas ante madres de víctimas de falsos positivos, en la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Fueron 6.402 los casos de 'falsos positivos' según la JEP, por ahora el Gobierno pidió perdón por 19 de ellos cometidos en 2008 en Norte de Santander.

Compartir

Quince años le ha tomado a un gobierno colombiano pedir perdón por uno de los capítulos más oscuros de su historia: los conocidos como "falsos positivos", las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros para inflar los logros contra la guerrilla de las FARC.

Fueron 6.402, según los números de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero este martes, en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno, encabezado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha pedido perdón por 19 "falsos positivos" cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela).

Julián Oviedo, Carlos Alberto Redondo, Mario Alexánder Arena, Diego Alberto Tamayo u Omar Leonardo Triana son algunos de estos 19 jóvenes procedentes de la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, que fueron engañados con promesas de falsos trabajos para ser asesinados y presentados como bajas guerrilleras en combate por el Ejército en Norte del Santander.

A pesar de los años, no hay una sola madre a la que no se le quiebre la voz cuando pronuncia en alto en nombre de su hijo: "Soy madre de Diego Armando Marín Giraldo, un chico asesinado por la Brigada 15 de Norte de Santander", alegó Rubiela Giraldo.

Como ella, una tras otra las madres de estos 19 muchachos subieron al escenario, con retratos a mano o fotografías de sus hijos y camisas blancas. "No pensé que se llegaría a dar una excusa", decía incrédula la primera de ellas, Gloria Ástrid Martínez, madre de Daniel Alexander Martínez, asesinado el 9 de febrero de 2008.

Lea también: Intimidación de soldados disfrazados de disidencias pudo haber sido un montaje: MinInterior

Quién dio la orden

"Muchas gracias", se han limitado a decir algunas madres al coger el micrófono, después de repetir el nombre de sus hijos. Pero, a pesar de la gratitud por el acto, las madres incidieron en que llega tarde y las excusas vienen por parte de un Gobierno que no tuvo que ver en los hechos: "este acto debe ser un acto de perdón y no debería ser el ministro que está actualmente (el que lo haga)", aludió Martínez.

Mientras que Florinda Hernández, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, asesinado el 15 de enero de 2008, señalaba directamente: "era Juan Manuel Santos, el que debería haber estado presente para que nos diera la cara y nos pidiera perdón", criticó.

Santos, quien como presidente ganó el Premio Nobel de la Paz en 2016 tras firmar la paz con las FARC, fue uno de los ministros de Defensa durante los peores años de ejecuciones extrajudiciales, que coincidieron con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La JEP, el tribunal especial creado por el acuerdo de paz, que es el que más lejos ha llegado juzgando este episodio ha determinado que las fuerzas armadas desarrollaron un "patrón macrocriminal" en el que participaron también los paramilitares y que acabaron con la vida de 6.402 jóvenes, sobre todo de bajos recursos.

Desde entonces, madres como las de Soacha han emprendido una búsqueda por sus hijos, por recuperar los cuerpos que fueron desaparecidos, pero también por exigir justicia y saber "quién dio la orden" para que los asesinaran.

"Nuestra lucha no termina y seguiremos adelante para lograr encontrar a los verdaderos  responsables y encontrar y saber quién dio la orden de cometer estos crímenes", alegó Jackelin Castillo, hermana de Jaime Castillo y presidenta de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos (Mafapo).

Lea también: Petro asegura que otras fuerzas políticas "están conspirando contra el Gobierno"

El perdón

Uno a uno, el ministro de Defensa ha pronunciado los nombres de las "madres que con tanta valentía durante tantos años han luchado por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición" y el de sus hijos; nombres que durante años el Estado negó haber asesinado. "(Los jóvenes) no estarían recogiendo café", llegó a decir Uribe, que años después se arrepintió de las palabras.

"Venimos a pedir perdón pero sabemos que hoy es difícil obtener ese perdón porque ha habido un Estado que ha pretendido ocultar la verdad, porque ha habido unas autoridades que han pretendido que los hechos no fueron como ya están suficientemente establecidos", aseguró el ministro.

Velásquez, quien informó que el presidente colombiano, Gustavo Petro, que iba a encabezar el acto, no pudo asistir, aseguró que las disculpas se realizan no solo para acatar una orden judicial sino "especialmente porque obedece a nuestras convicciones democráticas".

"Para honrar sus memorias, para decirle a Colombia y al mundo que los 19 jóvenes a cuyos familiares y amigos abrazamos hoy con respeto y solidaridad no eran guerrilleros, no estaban realizando ninguna acción delictiva, no asumieron ninguna confrontación con las fuerzas militares; eran hombres cuyas vidas, sueños e ilusiones se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército nacional", apuntó el ministro.

Por eso, en nombre del Estado colombiano aseguró: "Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo, reconocemos la responsabilidad del Estado en su ejecución" y de esa forma reconocer, como una de las madres ha subrayado, que "estas locas tenían razón" en su búsqueda de justicia.

Artículo relacionado

Sigue nuestras redes sociales:

Lee más noticias

Colombia

Intimidación de soldados disfrazados de disidencias pudo haber sido un montaje: MinInterior

El pasado 10 de septiembre en Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de las FARC intimidaron y amenazaron a habitantes.

Intimidación de soldados disfrazados de disidencias pudo haber sido un montaje: MinInterior
Tomada de redes sociales.

El pasado 10 de septiembre en Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de las FARC intimidaron y amenazaron a habitantes.

Compartir

Un informe del Ministerio del Interior de Colombia revelado por la revista Cambio Colombia sugiere que la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC cometieron contra una población rural del departamento colombiano de Córdoba fue un montaje realizado por militares y líderes aliados con el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

La revelación la hizo este martes Cambio Colombia, que aseguró que el supuesto montaje fue hecho con la "anuencia de una ONG denominada Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos" de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro.

El pasado 10 de septiembre, en Bocas del Manso, en el municipio de Tierralta, un grupo de militares armados y disfrazados de disidentes de la antigua guerrilla de las FARC intimidaron y amenazaron a los habitantes de ese caserío, situación a la que no escaparon niños y mujeres.

El Ejército informó que eran 24 los militares que participaron en esta acción (un oficial, 2 suboficiales y 21 soldados) y que, cuando se conocieron los hechos, fueron trasladados a Montería (capital de Córdoba) para que las autoridades puedan investigar los hechos sin interferencia de los protagonistas.

Tras lo ocurrido, el comandante del Ejército, general Luis Ospina, anunció el retiro de 18 militares de la institución por la intimidación que soldados disfrazados de disidentes de las FARC llevaron a cabo contra una comunidad rural del departamento caribeño de Córdoba.

Lea también: Petro asegura que otras fuerzas políticas "están conspirando contra el Gobierno"

Objetivo de la intimidación

Según lo publicado por Cambio Colombia, la hipótesis del informe del Ministerio del Interior es que todo hace parte de una estrategia del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), para sacar al Ejército de la zona con el apoyo de algunos militares, líderes regionales y la ONG de la que hace parte el hermano del mandatario.

El documento señala que esa banda criminal, miembros del Ejército y algunos campesinos están hostigando a indígenas que habitan la región para sacarlos de allí y apropiarse de sus cultivos de coca, para "quedarse con toda la cadena del negocio del narcotráfico".

Igualmente, otra de las hipótesis de lo ocurrido en Bocas de Manso es que los uniformados disfrazados querían "robarse el dinero que tenían en sus casas algunas familias cocaleras".

Desde el Ministerio de Interior, tras las revelaciones de Cambio Colombia, han indicado que ellos no son "fuente" de ese informe, sino que lo que han hecho es "recoger el conjunto de las versiones" de los testigos, organizaciones, etc. y "elaborar un informe reservado para los ministros y el presidente para que tengan en cuenta el conjunto de versiones que se dan en el territorio y la complejidad de la situación".

"Nuestro informe no versa sobre responsabilidades penales, no versa sobre información de inteligencia, nosotros no tenemos competencia legal para eso. Nuestro informe exclusivamente recoge el conjunto de las actividades por nosotros realizadas y el conjunto de versiones comunitarias, de comunidad internacional y otros actores en la zona", aseguró a medios el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda.

Lea también: Entregan el cuerpo desaparecido en combate de guerrillero de las FARC en el Cauca

No repetir la historia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que lo sucedido en Córdoba "no es un caso aislado": "No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso (...), el mensaje era para la sociedad para decirles este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden, en el caos, hay que poner orden".

En palabras de Petro, "el mensaje iba directo hacia un grupo social específico, los hacendados de tierras productivas que no producen en Córdoba", a quienes les habían mandado una carta "porque no se podía dejar que organizaran el campesinado".

Tras conocerse el suceso, una comisión de la Fiscalía y de la Procuraduría fue atacada cuando se desplazaba hasta el lugar de los hechos en un helicóptero militar.

El ataque se produjo cuando una "comisión integrada por 20 delegados de la Fiscalía y la Procuraduría y demás autoridades, que se desplazaba vía aérea hasta la vereda Bocas del Manso, en Tierralta, Córdoba, para verificar los hechos, fue hostigada con armas de largo alcance cuando se aproximaban al sector", según explicó el Ejército ese día.

Artículo relacionado

Sigue nuestras redes sociales:

Lee más noticias

Colombia

Ordenan arresto y multa contra exalcalde de Medellín, Daniel Quintero

En los últimos días, Daniel Quintero renunció a su puesto como Alcalde, pero deberá responder por el desacato a una tutela cuando aún era mandatario.

Ordenan arresto y multa contra exalcalde de Medellín, Daniel Quintero
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

En los últimos días, Daniel Quintero renunció a su puesto como Alcalde, pero deberá responder por el desacato a una tutela cuando aún era mandatario.

Compartir

El juzgado 28 penal municipal, emitió una orden de arresto y una multa contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En los últimos días, Quintero renunció a su puesto como mandatario, pero deberá responder legalmente frente a un caso de incumplimiento cuando aún fungía como Alcalde de Medellín.

Hace unos meses, una familia conformada por 7 personas, fue sacada de su casa en el barrio San Germán de Medellín, por graves problemas estructurales de la vivienda, que ponían en riesgo sus vidas.

Al salir de su residencia, la familia pedía garantías y los recursos necesarios para poder sobrevivir, ya que no tenían a donde más ir.

Durante todo este tiempo, las siete personas recibieron $550.000 mensuales y una vivienda de 4 habitaciones, las cuales, según el juzgado, no satisfacían sus necesidades.

En la familia hay tres adultos mayores de 62, 72 y 76 años, algunos de ellos con enfermedades; dos adultos de 45 y 57 años, con discapacidad laboral por problemas de visión; y dos menores de 13 y 14 años, este último con discapacidad cognitiva.

Lea también: Corte declara inconstitucional el decreto de emergencia económica de La Guajira

Quintero nunca dio respuesta

El pasado 22 de febrero de 2023, estas personas instauraron una orden de tutela contra la Alcaldía de Medellín, para que se cumpliera su reubicación y así tener garantías de vida.

“Debe precisarse que desde el mismo fallo de tutela se determinó que este despacho no especificaría montos, ya que finalmente el amparo estaba encaminado a salvaguardar el derecho a la vivienda digna en nexo con la integridad de un grupo familiar que se encuentra en condiciones especiales de vulnerabilidad”.

Juzgado 28 Penal Municipal.

Sin embargo, el fallo del juzgado no fue ejecutoriado ni tampoco impugnado, por lo que un juez dio apertura al recurso de desacato.

“El juzgado, mediante decisión del 06 de marzo de 2023, amparó el derecho fundamental a la vivienda digna con nexo a la protección a la integridad personal de la accionante y grupo familiar”.

Juzgado 28 Penal Municipal.

Con el paso de los días, la Alcaldía de Medellín no entregó ninguna respuesta. Debido a esto, un juez tomó la decisión de imponer la sanción.“El problema jurídico a resolver en este trámite, deviene en determinar, si el funcionario Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, ha incurrido en desacato por incumplimiento a la orden dada en sentencia de tutela del 06 marzo de 2023”.

La determinación del juez se tomó “al no darse cumplimiento completo a la orden de tutela por parte de la Alcaldía de Medellín, habiéndose surtido varios requerimientos previos a efectos de propugnar el cumplimiento completo de la orden”.

¿Cuál es la sanción?

El exalcalde de Medellín deberá cumplir 3 días de arresto y pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales, equivalentes a 5.800.000 pesos.

Se espera que la Policía de Medellín haga efectiva la orden de arresto contra Daniel Quintero.

Artículo relacionado

Sigue nuestras redes sociales: