Durante dos días las víctimas de las Farc escucharon en Cali las confesiones de nueve excombatientes de ese grupo armado, que reconocieron sus crímenes y serán juzgados por las afectaciones de las comunidades del departamento del Cauca y el Valle del Cauca.
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Antiguos integrantes de las columnas móviles 'Jacobo Arenas' y 'Gabriel Galvis' fueron imputados como máximos responsables por nueve patrones identificados en el Caso 05, los cuales afectaron a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Cabe señalar que este caso, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca y que lidera el magistrado Raúl Sánchez Sánchez, es el macrocaso de la Sala de Reconocimiento de Verdad con el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP: 138 organizaciones que representan a más de 200.000 personas.
El magistrado Raúl Sánchez Sánchez explicó que se abordaron tres de los nueve patrones imputados a los comparecientes de las Farc-EP en el marco del caso: los ataques a los municipios, el uso de minas antipersonal y las afectaciones a la naturaleza.
Por la compleja situación de seguridad en esta zona del país, el magistrado Raúl Sánchez hizo un llamado al Gobierno Nacional:
“Sigue siendo una región crítica; cerramos un proceso de paz en medio de una guerra, donde el conflicto armado continúa. Por eso es tan importante que el Gobierno Nacional se apersone de lo que sucede en esta parte del país”.
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Una representante de las víctimas afrocolombianas se refirió a lo significativo que resulta que la audiencia se desarrolle hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Como mujer negra, levanto la voz diciendo: las mujeres parimos la vida no para la guerra, sino para parir un futuro para este país”, dijo.
Las Farc-EP realizaron múltiples tomas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Aunque en muchas ocasiones estuvieron dirigidas contra la fuerza pública, terminaron causando muertes, lesiones, afectaciones psicológicas a civiles y daños a bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como escuelas y hospitales.
El magistrado Raúl Sánchez explicó que, durante el conflicto armado, 595 personas fueron víctimas de minas antipersonal en el Cauca. De ellas, “124 eran niños y 471 adultos. De ese universo, 266 eran civiles (familiares de ustedes, amigos y vecinos) y los 329 restantes eran integrantes de la fuerza pública”, señaló.
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