Ángela Giraldo, hermana del exdiputado asesinado, Francisco Javier Giraldo, dijo abiertamente que se opone a la participación en política de los excombatientes de las Farc hasta que no paguen por sus crímenes.
La víctima asegura que, los integrantes del grupo armado deben someterse primero al tribunal especial para la paz y responder por cada uno de los delitos de los que son culpables.
“No entiendo como el gobierno nacional, que invirtió tanto tiempo, recursos humanos y materiales en el proceso de paz, en el que supuestamente nosotros las víctimas éramos el centro, ahora termina cediendo a los mínimos de justicia acordados”
Las discusiones sobre la Justicia Especial para la Paz, están en su punto más álgido. El partido cambio radical salió de la coalición del gobierno, lo que ocasionó que, Jaime Pumarejo presentara su renuncia para dejar de ser el Ministro de Vivienda.
La hermana del exdiputado aseguró que a las Farc le nació un afán de participar en política sin haber pagado pos sus crímenes. Como víctima no me opongo a que sus miembros participen en política, pero no en 2018, que lo hagan en 2020 o en el 2022”.
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No hay concenso entre las partes
Por su parte, los enfrentamientos siguen, los excombatientes y el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aún no han logrado un acuerdo con el que las partes se sientan conformes.
El pasado 9 de octubre quedó resuelto el primer debate en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara sobre la JEP, sin embargo, los excombatientes aseguran que los acuerdos de la Habana se están renegociando en el congreso.
Las posiciones siguen divididas, “pretenden pasar por encima de los mínimos de justicia, mínimos que entre otras cosas, lo único que hacen es garantizar la sostenibilidad nacional e internacional del acuerdo de paz que está bajo la lupa de todos”, aseguró Ángela Giraldo.
Human Right Watch, también se unió a las críticas del proceso, la organización internacional envió una carta a las mesas directivas del Congreso y al Ministerio del Interior y señaló que Colombia debía corregir defectos de la justicia transicional.
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