Tras la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de excluir a Colombia de su certificación antidrogas para el año fiscal 2026, el panorama político nacional se vio sacudido por una ola de reacciones y pronunciamientos encontrados.
Aunque la decisión no implica sanciones inmediatas, desató una tormenta de interpretaciones y posturas contrapuestas, evidenciando la profunda división en torno al rumbo de la política antidrogas en Colombia.
De acuerdo con Ana Lucía Jaramillo, la directora ejecutiva de la Cámara Colombo Americana seccional suroccidente, la decisión representa un riesgo en el comercio y en la inversión, pues, el país no muestra resultados puede generarse “obstáculos en la banca multilateral” o puede presentarse un encarecimiento del crédito y una percepción de un mayor “riesgo país”.
El proceso de certificación en la lucha antidrogas de Estados Unidos tiene sus orígenes en la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, ajustada más tarde por las reformas de 1986 y 1988. Estas normas obligan al presidente norteamericano a rendir cuentas cada año ante el Congreso, evaluando si los países comprometidos con la lucha contra el narcotráfico siguen siendo aliados efectivos, con base en reportes de la DEA.
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Cuando un país es descertificado, se interpreta como un incumplimiento en sus compromisos antidrogas, lo que trae consigo fuertes consecuencias: suspensión de hasta el 50 % de la ayuda estadounidense, bloqueo a préstamos de organismos internacionales como el FMI y la congelación de casi toda la asistencia exterior, salvo la humanitaria o los programas de lucha contra el narcotráfico.
En el caso de Colombia, la colaboración con Washington ha estado enfocada en la interdicción de drogas, la persecución a organizaciones criminales transnacionales y la seguridad en las zonas rurales. Una eventual descertificación pondría en jaque esa cooperación y representaría un golpe directo a la estrategia contra el narcotráfico y a la seguridad nacional.
“Colombia no ha cumplido con los compromisos que tiene. Están creciendo (los cultivos ilícitos) a niveles vertiginosos y pone en peligro las relaciones con EE. UU., con la cual tenemos un compromiso alrededor de hectáreas erradicadas”.
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
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